Mientras el Gobierno de coalición continúa envolviendo su discurso exterior en apelaciones a la paz, al multilateralismo y al eslogan del «no a la guerra», la realidad material que dibujan los datos económicos, empresariales y presupuestarios ofrece una imagen radicalmente distinta: el Estado español acelera su integración en la economía de guerra que recorre Europa y fortalece de forma decidida el complejo militar-industrial nacional.
La retórica pacifista choca frontalmente con los hechos. En un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania, la intensificación del genocidio en Palestina, la creciente confrontación entre bloques imperialistas y la preparación acelerada de las principales potencias para futuros conflictos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por reforzar uno de los sectores más lucrativos del capitalismo contemporáneo: la industria armamentística y tecnológica aplicada al ámbito militar.
No se trata de una deriva coyuntural, sino de una estrategia estructural. En octubre de 2025, el propio Gobierno canalizó 14.223 millones de euros en préstamos al 0 % para la industria militar, una cifra sin precedentes en tan corto plazo, orientada a financiar Programas Especiales de Modernización y a consolidar la posición de las grandes empresas del sector. Esta inyección masiva de recursos públicos no solo revela la prioridad política otorgada al rearme, sino que además pone de manifiesto qué sectores son considerados estratégicos cuando el capital necesita reorganizar su aparato productivo en clave bélica.
La principal beneficiaria de esta ofensiva es Indra, convertida ya sin disimulo en la punta de lanza del militarismo tecnológico español. La compañía cifró en más de 10.000 millones de euros su cartera de defensa para 2026, con un crecimiento del 59,5 % en pedidos en esta división y una expansión de plantilla del 35 % en el área militar en un solo año. Solo en los próximos dos años prevé contratar a 3.000 nuevos trabajadores.
Estos datos son reveladores por sí mismos: mientras se recortan o congelan partidas sociales bajo el mantra de la «responsabilidad fiscal», el gasto vinculado a la maquinaria de guerra se multiplica con recursos públicos, préstamos blandos y apoyo institucional directo.
La consolidación de Indra como empresa estratégica no es casual. El Gobierno, a través de la SEPI, ha reforzado su control sobre la compañía, elevando su peso accionarial y blindando su papel como «campeón nacional» de la defensa y la tecnología dual, es decir, aquella que combina usos civiles con aplicaciones militares.
En este contexto debe entenderse también la reciente alianza con la empresa alemana Rheinmetall, uno de los gigantes europeos del armamento. Ambas compañías han sellado un acuerdo para la fabricación en España de hasta 3.000 camiones militares para el Ejército de Tierra, así como para participar en futuros programas de defensa. La colaboración entre ambas empresas no solo profundiza la militarización de la economía española, sino que inserta al tejido productivo nacional en la cadena europea del rearme continental. A ello se suma el acuerdo con Volodymyr Zelenski, anunciado por Sánchez, para coproducir material militar y movilizar otros 1.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, confirmando que la apuesta gubernamental por el sector trasciende el plano interno y forma parte de la estrategia de alineamiento con la OTAN y el bloque occidental.
El discurso oficial habla de «seguridad», «soberanía tecnológica» o «autonomía estratégica europea». Pero tras esas fórmulas se esconde la misma lógica de siempre: poner la capacidad productiva, científica y laboral al servicio de la confrontación entre potencias capitalistas.
La hipocresía del discurso pacifista se vuelve aún más obscena cuando se analizan las relaciones armamentísticas que el Estado español sigue manteniendo con Israel. Pese al embargo aprobado por el Congreso en 2025 y a las reiteradas afirmaciones gubernamentales de que desde el 7 de octubre de 2023 no se habían producido ventas de armas a Israel, diversos informes y análisis han demostrado que las relaciones de compra-venta y cooperación militar no solo no desaparecieron, sino que continuaron bajo distintas fórmulas. Los datos acumulados muestran que España ha vendido más de 84 millones de euros en material de defensa a Israel en las últimas dos décadas, siendo precisamente el actual Gobierno de coalición uno de los periodos con mayor volumen medio anual. Esto desmonta por completo la imagen de un Ejecutivo comprometido con la paz y con los derechos humanos. Mientras se pronuncian declaraciones solemnes sobre Palestina, la realidad económica muestra la persistencia de vínculos comerciales y tecnológicos con uno de los principales aparatos militares del planeta.
La guerra, en el capitalismo contemporáneo, no solo se libra en los frentes: también se produce en fábricas, laboratorios, centros de ingeniería, empresas de software y conglomerados tecnológicos. Aquí entra en juego otra dimensión central del problema: el crecimiento del sector tecnológico con aplicaciones militares. La propia Indra ha reforzado su apuesta por la inteligencia artificial, la vigilancia, la ciberdefensa, los sistemas satelitales y la automatización de operaciones militares, campos en los que la frontera entre uso civil y bélico es cada vez más difusa.
La digitalización, presentada muchas veces como motor neutral de progreso, está siendo incorporada de manera acelerada al aparato de guerra. Drones, inteligencia artificial aplicada a sistemas de combate, vigilancia masiva, telecomunicaciones militares, satélites de observación y logística automatizada forman ya parte del nuevo núcleo de acumulación del capital.
Y es precisamente en este terreno donde empieza a cobrar fuerza un discurso especialmente preocupante dentro de algunas cúpulas sindicales: la defensa del rearme como «oportunidad laboral».
Desde sectores de Comisiones Obreras y otras direcciones sindicales se viene insistiendo en la necesidad de garantizar «estabilidad» y «empleo» en empresas estratégicas como Indra, asumiendo acríticamente el marco impuesto por el Gobierno y las grandes corporaciones. Pero reducir la cuestión a una mera contabilidad de puestos de trabajo supone aceptar una lógica profundamente economicista y despolitizada. La creación de empleo no puede desligarse del fin social al que se orienta ese trabajo, y no todo empleo representa un avance para la clase obrera.
La historia del movimiento obrero internacional ha demostrado que la clase obrera no puede defender sus condiciones materiales a costa de convertirse en engranaje de la destrucción de otros pueblos. La clase obrera es una sola a escala mundial, y por lo tanto los trabajadores de las plantas militares españolas, los ingenieros de sistemas de combate, los programadores de tecnologías duales y los operarios de la industria auxiliar no tienen intereses antagónicos con los trabajadores palestinos, ucranianos, rusos o de cualquier otro país: comparten una misma posición de clase frente al capital. Por eso resulta profundamente reaccionario presentar como progreso social la expansión de sectores productivos cuya función última es alimentar guerras interimperialistas y fortalecer aparatos militares que mañana pueden volverse también contra la propia clase obrera de nuestro país.
Además, la maquinaria represiva y bélica nunca se limita al frente exterior. Las mismas tecnologías de vigilancia, control algorítmico, reconocimiento facial y ciberseguridad desarrolladas para escenarios militares son susceptibles de emplearse en conflictos internos, represión social, control migratorio o persecución de la protesta. Defender empleo vinculado a esta lógica sin una crítica de fondo supone aceptar que la supervivencia material de unos trabajadores pueda sostenerse sobre la muerte de sus hermanos de clase en otros lugares del mundo.
Frente a ello, la posición internacionalista sigue siendo plenamente vigente: ningún puesto de trabajo puede justificarse si su razón de ser es la preparación de la matanza de la clase obrera mundial. El verdadero debate no es cuántos empleos crea la industria militar, sino al servicio de qué intereses se organiza la producción social.
Hoy, el Gobierno español, bajo una retórica pacifista cada vez más vacía, impulsa una economía crecientemente subordinada a la lógica del rearme, fortalece a los monopolios estratégicos del sector y destina miles de millones a la preparación material de futuros conflictos. La consigna del «no a la guerra», utilizada durante años como bandera moral, queda reducida a una pieza propagandística cuando se confronta con la realidad del BOE, los balances empresariales y las alianzas industriales. Los tambores de guerra suenan cada vez con más fuerza, y una parte creciente del aparato productivo español está siendo afinada para seguir su ritmo.