2026. España y Argelia muestran una rara amistad como hace mucho tiempo que no exhibían y, de paso, un ejemplo de por qué son contadas las veces en las que las relaciones internacionales pueden explicarse únicamente en términos de afinidad diplomática, proximidad ideológica o desacuerdos coyunturales. Bajo la superficie de los comunicados oficiales, las visitas institucionales y las declaraciones públicas operan fuerzas materiales mucho más profundas: intereses económicos, necesidades estratégicas y, sobre todo, la presión de los grandes monopolios que estructuran sectores decisivos de la economía de cada Estado.
La crisis diplomática abierta hace cuatro años entre ambos países no fue un episodio aislado ni una simple divergencia en política exterior. Fue el culmen de una contradicción geopolítica de mayor alcance, cuyos puntos de ruptura se pueden situar entre el 24 de febrero de 2022, inicio de la guerra en Ucrania, y el 7 de abril del mismo año, fecha en la que el Gobierno de Pedro Sánchez firmó una declaración conjunta con el Gobierno de Marruecos cambiando la posición histórica de España sobre la cuestión del Sáhara Occidental.
La alianza histórica de Rusia con Argelia, basada en sus posiciones dentro del mercado energético, y el acercamiento cada vez menos disimulado del Ejecutivo español a Rabat exigían precisamente el alejamiento de posiciones dentro de un tablero imperialista cada vez más volátil. En concreto, la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui que ha realizado históricamente el Gobierno de Argel siempre ha pivotado entre la cuestión de principio de un país que no olvida su historia colonial y la necesidad de debilitar a Marruecos en las pugnas interimperialistas –que sí, existen, se pongan algunos como se pongan– en la región del Magreb. El reconocimiento español de la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara fue un jarro de agua fría para las aspiraciones del Gobierno argelino, que lo interpretó como una desautorización directa de sus acciones en la región.
La respuesta no tardó en llegar: Argelia llamó a consultas a su embajador y, pocos meses después, suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado en 2002, un marco jurídico que había servido durante dos décadas para sostener la cooperación bilateral. Aquella ruptura evidenció la fragilidad de unas relaciones que, pese a la retórica de la «amistad estratégica», se hallaban profundamente condicionadas por la correlación de fuerzas regional y por la necesidad de Europa de mostrar músculo frente a Rusia y sus aliados. La política exterior, lejos de responder a abstracciones morales, se mostró una vez más subordinada a la lógica de bloques y a la lucha por áreas de influencia.
Sin embargo, si algo demuestra la evolución posterior de esta crisis es que la diplomacia contemporánea no puede entenderse al margen de los intereses económicos estructurales. Porque, mientras las relaciones políticas se congelaban y el comercio bilateral sufría importantes restricciones, el flujo de gas natural argelino hacia España no se interrumpió. Este dato no es menor; al contrario, constituye el núcleo explicativo del proceso. A pesar de la tensión diplomática, Argelia mantuvo su papel como suministrador esencial del mercado energético español, siendo aproximadamente el 35 % del total registrado en 2025 la cifra más baja de importaciones de gas que ha hecho nuestro país en los últimos años. Los Estados pueden suspender tratados, retirar embajadores o endurecer el discurso público, pero cuando están en juego sectores estratégicos como la energía, las relaciones materiales tienden a imponerse sobre las formas políticas.
La reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Argelia debe leerse precisamente desde esta clave. Más allá de los gestos institucionales y de la retórica de la reconciliación, el viaje responde a una necesidad objetiva del Estado español: garantizar la estabilidad del suministro energético en un contexto internacional extremadamente volátil, más aún desde que la guerra imperialista en Ucrania alteró profundamente el mercado energético europeo. Las restricciones impuestas por la Unión Europea a la compra de gas ruso obligaron a los países miembro a buscar nuevas fuentes de abastecimiento. En ese escenario, el papel de España hacia Venezuela ha sido clave en los últimos años, pero también la necesidad de recuperar las relaciones con Argelia se ha convertido en un objetivo prioritario una vez que se ha garantizado el pillaje del crudo en el Caribe.
Este se ha vuelto un objetivo aún más prioritario, si cabe, con la inestabilidad derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha vuelto a tensionar los precios internacionales de la energía y ha incrementado la urgencia por asegurar suministros fiables. La visita de Albares no es, por tanto, un simple gesto de normalización diplomática, sino una maniobra estratégica en un tablero donde la seguridad energética condiciona de manera decisiva la política exterior. Lo que se presenta públicamente como una «nueva etapa» en las relaciones bilaterales es, en realidad, la expresión de una necesidad estructural del capital español y europeo, cuestión que se entiende todavía mejor si incorporamos otro elemento fundamental: la relación entre Naturgy y Sonatrach.
La buena sintonía mostrada recientemente entre los dos monopolios –Sonatrach es también uno de los gigantes del sector energético mundial– ilustra con claridad hasta qué punto los grandes monopolios no solo influyen en la política exterior, sino que en muchas ocasiones la determinan. Ambas compañías no son actores secundarios de esta historia, sino los protagonistas materiales del acercamiento entre ambos países.
Sonatrach, columna vertebral de la economía argelina, constituye uno de los principales instrumentos mediante los cuales el Estado argelino proyecta su poder exterior. En el caso español, Naturgy actúa como intermediario central en la recepción, distribución y comercialización del gas argelino. Cuando ambos gigantes refuerzan su entendimiento, no estamos ante una simple operación empresarial, sino ante un movimiento que condiciona directamente las decisiones de los respectivos Estados. La energía ocupa hoy un lugar central en esta lógica. El gas no es solo una mercancía; es un recurso de primer nivel, un instrumento de presión diplomática y un factor esencial para la competitividad industrial. Por ello, los Estados capitalistas actúan como garantes de los intereses de sus grandes grupos económicos. No son árbitros neutrales, sino estructuras políticas que aseguran la estabilidad necesaria para la acumulación y circulación del capital.
La experiencia reciente entre España y Argelia demuestra que la política exterior no responde únicamente a la voluntad de los Gobiernos ni a los equilibrios parlamentarios, sino a la necesidad de garantizar las condiciones de reproducción del capital en sectores estratégicos. En este caso, el restablecimiento progresivo de las relaciones con Argelia responde tanto a la necesidad del Estado español de asegurar su abastecimiento energético como al interés de grandes corporaciones como Naturgy en preservar un marco de cooperación estable con Sonatrach. La diplomacia, así, aparece subordinada a la lógica de la rentabilidad y de la seguridad de suministro.
La crisis de 2022 mostró cómo una decisión política podía fracturar temporalmente la relación bilateral. Pero la evolución posterior ha puesto de manifiesto que, cuando están en juego intereses estratégicos de primer orden, las contradicciones diplomáticas tienden a resolverse en favor de la estabilidad económica. No se trata de una excepción, sino de una constante en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo: los monopolios energéticos, por su peso económico y por su capacidad de condicionar el funcionamiento general de la economía, ejercen una influencia determinante sobre la política estatal. Los Gobiernos, independientemente de su color político, terminan actuando como administradores de esos intereses. La normalización entre España y Argelia no es, por tanto, solo una reconciliación diplomática. Es la constatación de que, en el orden internacional actual, la política se encuentra profundamente atravesada por las necesidades de los grandes grupos empresariales y por la pugna por recursos estratégicos.
Detrás de cada visita oficial, de cada declaración conjunta y de cada reapertura diplomática, operan las fuerzas materiales del capital. Porque, al final, vivimos en un sistema en el que «la pela es la pela».