«Los retos a los que se enfrentan las universidades en la actualidad derivados del incremento de la competencia pública y privada en la captación de recursos, estudiantado y talento exigen una optimización y racionalización de los recursos, así como la diversificación y captación de fuentes de financiación alternativas que garanticen la sostenibilidad económica necesaria para poder desarrollar con calidad sus funciones básicas». — Plan UGR 2031, aprobado en 2022
Esta cita, extraída del plan estratégico de la Universidad de Granada, no es un diagnóstico aislado, es un resumen preciso de la situación que atraviesan las universidades públicas andaluzas en su conjunto desde hace muchos años. Tres conceptos condensan todo: competencia, captación de recursos y optimización. No son tecnicismos vacíos; son el vocabulario con el que se gobierna hoy la universidad pública, el mismo detrás de cómo se postula que debe funcionar la financiación de las universidades en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y en la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), aprobada en febrero de 2026. Entender estas tres expresiones es entender qué tipo de universidad se está construyendo, y a costa de quién.
Hablar de competencia en el contexto universitario requiere entender primero qué es lo que la genera. Cuando la financiación pública no cubre adecuadamente los costes reales de funcionamiento de la universidad, esta se ve forzada a salir a buscar recursos por su cuenta. Ese es precisamente el modelo que la LUPA consolida en Andalucía, al establecer que las universidades deban alcanzar recursos financieros adicionales propios que supongan, al menos, el veinticinco por ciento de la financiación que reciban de transferencias de la Junta.
Esta situación de infrafinanciación genera necesidad de competir por captar recursos que aporten al presupuesto. El recurso más apremiante es captar matrículas, ya que el número de estudiantes determina en buena medida la financiación corriente que recibe cada institución y trae con ella otras fuentes de financiación, como por ejemplo las becas MEC que reciben los estudiantes (una parte va directa a las universidades), de modo que perder alumnado frente a otra universidad –pública o privada– tiene consecuencias presupuestarias directas. Las privadas, al no tener que sostener investigación básica ni garantizar una oferta académica amplia, pueden centrarse en crear grados con mayor demanda, en una situación de clara competencia desleal. Cuando la LUPA consolida a las privadas dentro del entramado institucional andaluz pidiéndoles lo mínimo a cambio, lo que consolida es este entorno competitivo donde la pública, y especialmente quienes la habitan, son los que más tienen que perder.
El acceso a la financiación de proyectos de investigación es el siguiente recurso que más impacto tiene sobre las universidades. Estos proyectos, de los que las universidades se llevan una parte del presupuesto como gastos de «gestión», son una de las principales fuentes de ingresos propios de las universidades. Este acceso competitivo a los fondos genera una presión brutal sobre los investigadores: quienes no consiguen proyectos no tienen con qué contratar personal para proseguir sus líneas de investigación, y quienes sí los consiguen cargan con jornadas que van mucho más allá de lo establecido por el contrato, al tener que compaginar docencia, investigación y gestión de los proyectos. En particular, los investigadores no estabilizados, predoctorales y postdoctorales, se encuentran en un punto donde el muro del desempleo y la escasez de plazas fijas alienta la autoexplotación: publicar más, conseguir más financiación gracias a esas publicaciones, acumular más méritos; todo con la esperanza de algún día acceder a una plaza estable. El resultado es que el grueso de la producción científica en la universidad descansa sobre una plantilla temporal a la que se quitan las posibilidades de planificar proyectos de vida estables.
Esta situación precaria puede verse también como una situación «optimizada». España es uno de los países que más papers produce por dinero invertido en Europa; una situación que se ha tildado como el «milagro» científico español. No es casualidad: cuando el 80 por ciento del gasto de una universidad se va en salarios, optimizar el funcionamiento –si se mide en términos monetarios– equivale a optimizar el rendimiento del trabajo, es decir, explotar más a los y las trabajadoras. En esta línea, la LUPA introduce una figura que supone una clara regresión: la del profesorado ayudante.
Esta figura, pensada para quienes se encuentran en el doctorado, permite a las universidades cubrir necesidades docentes con contratos de hasta cuatro años y dedicación de 120 horas anuales. Lo que la ley presenta como apoyo a la formación es, en la práctica, un mecanismo de flexibilización laboral: permite cubrir necesidades estructurales de docencia con personal temporal, sin la obligación de crear plazas fijas. A diferencia del «contrato predoctoral» de la legislación estatal, ganado por la lucha sindical, que prohíbe usar a los y las investigadores en formación para mermar las plazas fijas, esta nueva figura sí posibilita hacerlo. Así, la ley amplía el margen de maniobra de las universidades para gestionar su plantilla sin comprometerse con la estabilización.
Esta medida debe entenderse como un caso más de aumento de explotación del trabajo, derivado del consenso con cuya crítica comenzábamos el artículo: la financiación universitaria debe estar condicionada a resultados con retorno rápido y debe optimizarse para ello. Un consenso que recuerda al ciclo de inversión y beneficio de las empresas privadas, y que mirado con detalle atraviesa todo el arco político. Muestra de ello es cómo la LOSU, redactada por un ministerio de Podemos y aprobada por el primer Gobierno de coalición, es explícita al respecto: si bien la ley propone alcanzar el uno por ciento del PIB en financiación universitaria, vincula inequívocamente este aumento a «trabajar por la empleabilidad o generar más y mejor investigación desde una lógica de transferencia e intercambio». Es decir, aun reconociendo que la universidad está infrafinanciada en su preámbulo, la aportación de más presupuesto se vincula directamente a la productividad de la institución.
El gran ganador de este consenso es el sector privado. La infrafinanciación, motor de la captación de recursos, crea las condiciones para que la universidad pública necesite acudir a las grandes empresas en términos desiguales. A cambio de mecenazgos, patrocinios y contratos de investigación conjunta, las empresas obtienen acceso preferencial a los recursos públicos universitarios: capacidad de preseleccionar talento en formación, miles de potenciales clientes o la atenuación del riesgo que supone que sea la institución pública quien asuma la fase exploratoria del I+D. Un aprovechamiento que no tiene por qué repercutir en un mayor desarrollo regional, ya que muchas veces este aprovechamiento va únicamente a los bolsillos de los inversores.
Una institución que prioriza la formación adaptada a las necesidades empresariales sobre la formación básica y que mide su éxito en rankings de productividad científica cada vez más criticados por la propia comunidad científica debido a su incapacidad de medir la calidad e impacto real es una institución que produce un servicio de baja calidad. Producir conocimiento sin rentabilidad inmediata o formar en los fundamentos de las disciplinas en vez de en la última moda es lo que permite a las universidades ser instituciones críticas en un desarrollo regional fuerte que habilita mejores condiciones de vida a futuro. Cuando la lógica de la competición y del resultado rápido coloniza estas funciones, no solo pierde la universidad, no solo pierden los y las trabajadoras; pierde la sociedad en su conjunto.
El consenso que hemos descrito –el de la rueda de la captación de recursos, del retorno inmediato de lo invertido– no es el consenso de toda la comunidad universitaria. Es el consenso de quienes se benefician de él. Y el primer paso para construir una alternativa real es reconocer esa línea divisoria con claridad: los intereses del capital dentro de la universidad, sea este público o privado, son incompatibles con los de la mayoría trabajadora que la sostiene. Es a partir de dibujar esta línea como se puede construir una fuerza que haga avanzar la agenda de la universidad pública y de la clase trabajadora.
Para ello necesitamos tener organizaciones de los trabajadores que no solo ganen en los juzgados, sino que actúen como máquinas de participación reales, que hagan que cada lucha y cada victoria concreta –por pequeña que sea– lleve a más trabajadores a involucrarse activamente en la defensa de sus derechos. Y que al mismo tiempo no pierdan de vista que el consenso de la competitividad opera a una escala que va más allá de cada universidad concreta: las mejoras arrancadas hoy pueden ser destruidas mañana ante una nueva oleada de recortes, de «optimizaciones de recursos», si no hay una fuerza capaz de enfrentarla.
En ese horizonte más amplio reside la apuesta de fondo: que las luchas dentro de la universidad sirvan para construir una oposición no solo a la gestión de cada institución, sino al modelo que la produce. Una universidad pública que funcione de verdad como bien común –centrada en cumplir su función para con la sociedad con la máxima calidad posible, financiada sin condiciones de productividad rápida, con plantillas estables y condiciones dignas– no va a construirse desde los despachos. Se construirá por y desde quienes la habitan y la trabajan cada día.