Sergio Gálvez Biesca es doctor en Historia Contemporánea y, actualmente, investigador del Instituto Ibero-Americano de la Haya por la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, así como en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha dirigido diversos proyectos relacionados con la recuperación de la memoria e historia democráticas y la Justicia Transicional en España. Sus principales líneas de investigación son las políticas públicas de memoria y la historia del movimiento obrero español en la segunda mitad del siglo XX. Hoy, cuando se cumplen 90 años del golpe de Estado, con esta entrevista echamos la vista atrás y, sobre todo, nos fijamos en el presente.
Nuevo Rumbo: El 18 de julio se cumplen 90 años del golpe de Estado de 1936. ¿Cómo explicas que sea posible que España mantenga el denominado «modelo de impunidad español»? ¿Qué factores intervienen?
Sergio Gálvez: El denominado Modelo Español de Impunidad sólo puede entenderse a partir de tres factores: la naturaleza y la duración de la dictadura franquista, las condiciones en las que se desarrolló la Transición y la continuidad de buena parte de las estructuras de poder del régimen anterior.
Durante cuarenta años, España vivió bajo una dictadura que hizo de la represión, el miedo y el control social instrumentos ordinarios de gobierno. Mientras otros países impulsaron procesos de depuración política, administrativa o judicial tras la derrota de los fascismos, en España el cambio de régimen se produjo sin exigir responsabilidades a quienes habían sostenido la dictadura. Buena parte de esas estructuras se integraron en el nuevo sistema democrático sin revisión efectiva de sus actuaciones.
A ello se añadieron las condiciones específicas de la Transición. La correlación de fuerzas era profundamente desigual: el monopolio de la coerción seguía en manos del Estado franquista y el temor a una nueva confrontación civil condicionó tanto las negociaciones políticas como las expectativas sociales. Sobre esa base se construyó un falso consenso que permitió la democratización, pero relegó las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas.
Conviene evitar interpretaciones retrospectivas sobre la capacidad de intervención real de la oposición en aquel contexto. La cuestión de fondo no fue únicamente lo que ocurrió entre 1936 y 1975; fue también lo que deliberadamente se decidió no hacer después.
Existe además una dimensión de clase habitualmente ausente de los grandes relatos sobre la Transición. A lo largo de décadas se relegó a un segundo plano el papel de las organizaciones obreras, sindicales y vecinales en la lucha contra la dictadura, mientras se consolidaba una interpretación casi providencial de la Transición protagonizada por la monarquía encarnada en Juan Carlos I, heredero político designado por el mismísimo Franco, y por unas élites políticas presentadas como las únicas artífices del cambio democrático. No fue una operación inocente ni una mera simplificación historiográfica. Sirvió para desplazar del centro del relato a quienes pagaron con cárcel, torturas, despidos, exilio o muerte buena parte del coste de la democratización y para convertir la experiencia de la oposición antifranquista en una nota a pie de página de un relato construido por otros y para otros.
La impunidad franquista no debe entenderse como un fracaso imprevisto de la democratización española, sino como uno de los límites sobre los que esta se edificó.
NR: ¿De qué forma la Ley de Amnistía de 1977 consolidó una estructura jurídica e ideológica que impide abordar penalmente los crímenes cometidos desde el golpe de 1936 hasta el final de la dictadura? ¿Es posible revertir dicha ley o sus efectos?
SG: Sí. Jurídicamente es posible revertir los efectos de la Ley de Amnistía de 1977. El principal problema nunca ha sido legal; ha sido, y sigue siendo, político.
En estos últimos años, a modo de novedad, se ha invocado la seguridad jurídica para oponerse a cualquier revisión de esta norma. Conviene preguntarse, sin embargo, qué seguridad jurídica resultaría realmente afectada. Desde luego, no la de las víctimas. La única que podría verse comprometida sería la de quienes participaron en la maquinaria represiva del franquismo o se beneficiaron de la impunidad. El problema es que se ha identificado interesadamente la seguridad jurídica con la imposibilidad de investigar los crímenes del franquismo.
La contradicción es evidente si se tiene en cuenta que España ha ratificado numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. Es difícil conciliar esos compromisos con la imposibilidad práctica de investigar judicialmente graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. España no carece de instrumentos jurídicos para hacerlo; lo que ha faltado de forma sistemática es voluntad política.
Con el paso del tiempo, la Ley de Amnistía ha adquirido una posición casi sacralizada dentro del sistema político español. Lo verdaderamente excepcional no es que existan instrumentos jurídicos para revisar esta situación. Lo excepcional es que durante casi medio siglo buena parte del sistema político haya tratado la impunidad franquista como un elemento intocable del consenso democrático.
NR: 50 años después de la muerte de Franco, ¿qué trabas siguen existiendo en el acceso a archivos y cómo afecta esto a la investigación histórica y a garantizar una reparación hacia las víctimas?
SG: La situación ha mejorado notablemente durante los últimos años, especialmente tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y el reforzamiento del derecho de acceso para víctimas e investigadores. Sin embargo, los principales problemas ya no derivan tanto de la ausencia de normas como de las resistencias que siguen dificultando su aplicación efectiva.
España sigue arrastrando carencias de recursos, formación y cultura administrativa. Sigue siendo llamativo que todavía no exista una política sólida de formación en derechos humanos para muchos de los empleados públicos responsables de aplicar estas normas. Reconocer un derecho no equivale a garantizarlo.
Persisten ámbitos especialmente problemáticos. El Archivo General del Ministerio del Interior continúa siendo una anomalía democrática de primer orden. No hablamos ya de lagunas legales ni de vacíos normativos, sino de algo más grave: la resistencia efectiva a aplicar derechos reconocidos por el propio legislador. Resulta extraordinariamente grave que un organismo dependiente de la Administración General del Estado se niegue en la práctica a aplicar disposiciones aprobadas por las Cortes Generales.
Muchos de los principales obstáculos aparecen en el ámbito local, donde se conserva una parte esencial de la documentación relacionada con la represión franquista. A ello se suman dificultades relevantes en determinados archivos judiciales y eclesiásticos.
La cuestión trasciende con mucho la investigación histórica. Sin archivos, no hay verdad; sin verdad, no hay garantías de no repetición. Sin documentación, resulta imposible reconstruir los hechos, identificar responsabilidades institucionales o comprender el alcance de la represión. Por eso el acceso a los archivos no constituye una reivindicación corporativa de historiadores y archiveros, sino una exigencia democrática derivada del propio Derecho Internacional. Cuando se niega el acceso a la documentación no solo se limita el conocimiento histórico: se impide a las víctimas ejercer derechos que les corresponden.
NR: ¿Cómo valoras las diferentes políticas públicas de memoria acometidas en los últimos veinte años?
SG: Mi valoración es necesariamente ambivalente. Sería injusto negar los avances producidos durante las dos últimas décadas. Muchas reivindicaciones históricas de las víctimas y del movimiento memorialista han logrado abrirse paso en las instituciones, generando un marco político y normativo impensable cuando comenzaron las primeras movilizaciones.
Sin embargo, también es difícil no ver este periodo como una sucesión de oportunidades parcialmente desaprovechadas. Lo comprobé en los trabajos para retirar la simbología franquista en Madrid, cuando las resistencias políticas terminaron imponiéndose y Manuela Carmena dejó sin respaldo el trabajo desarrollado por la Cátedra Complutense «Memoria Histórica del Siglo XX». Lo comprobé de nuevo durante la negociación de la Ley de Memoria Democrática. En ambos casos hubo avances, pero también quedaron al descubierto límites políticos muy claros.
Del rechazo de la derecha política difícilmente podía esperarse otra cosa. Más revelador aún es comprobar que tampoco las sucesivas mayorías socialistas han estado dispuestas a cuestionar los fundamentos jurídicos de la impunidad franquista. La negativa a abordar la derogación efectiva de la Ley de Amnistía en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática constituye probablemente el mejor ejemplo de ese límite.
Muchas víctimas murieron esperando reconocimiento, verdad o justicia. Al mismo tiempo, los victimarios nunca tuvieron que responder por los crímenes cometidos. Por eso interpreto este periodo como una combinación de avances y oportunidades perdidas. Quizá uno de los mayores errores haya sido pensar que siempre habría tiempo para hacer mañana lo que políticamente podría haberse hecho ayer.
NR: ¿Qué pasos crees que habría que seguir dando respecto a leyes memorialistas, desclasificación documental y políticas públicas para poder acabar con el modelo de impunidad existente?
SG: Si queremos acabar con el Modelo Español de Impunidad debemos asumir una cuestión básica desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: mientras la Ley de Amnistía siga funcionando como muro de contención frente a las demandas de justicia de las víctimas, el núcleo del problema permanecerá intacto. Los crímenes del franquismo deben poder investigarse judicialmente y sus responsables responder ante la justicia. La eliminación efectiva de esos obstáculos y la activación de mecanismos de justicia transicional siguen siendo tareas pendientes de la democracia española.
También debemos cambiar nuestra forma de entender los archivos y el acceso a la información. Los archivos no son una amenaza para nadie. Cincuenta años después de la muerte de Franco, resulta difícil creer que los obstáculos al acceso respondan únicamente a razones técnicas o administrativas. Si determinados documentos siguen siendo incómodos medio siglo después, quizá la cuestión no resida en los documentos, sino en las responsabilidades que todavía ayudan a esclarecer.
Por ello hacen falta más transparencia, la derogación definitiva de la Ley de Secretos Oficiales y un reforzamiento efectivo de las garantías de acceso. Pero, sobre todo, hace falta una decisión política sostenida en el tiempo. La experiencia demuestra que el principal problema no ha sido la ausencia de propuestas ni de instrumentos jurídicos, sino la negativa persistente de distintos Gobiernos a aplicar todas las consecuencias políticas, jurídicas e institucionales que se derivan del reconocimiento de los crímenes del franquismo como graves violaciones de derechos humanos.
Las políticas dirigidas a las víctimas deben dejar de depender de coyunturas parlamentarias o cambios de Gobierno. Deben convertirse en auténticas políticas de Estado.
NR: En estos 90 años, también son muchas las experiencias y formas que el movimiento obrero ha desarrollado para enfrentarse al fascismo y la dictadura franquista. ¿Cómo podemos mantener vivo ese hilo rojo y por qué es importante tenerlo en cuenta hoy?
SG: Si tuviera que resumirlo en tres prioridades, hablaría de formación, transmisión de experiencias y organización. Ninguna tradición política sobrevive únicamente a través de homenajes o conmemoraciones. Sobrevive cuando es capaz de convertir su experiencia histórica en una herramienta útil para intervenir en el presente.
La primera tarea consiste en reforzar la formación política e histórica de militantes y dirigentes. La segunda, recuperar los espacios de intercambio entre generaciones. Buena parte del conocimiento acumulado por quienes combatieron la dictadura, organizaron conflictos laborales o construyeron organizaciones de clase sigue siendo valioso para comprender los desafíos actuales.
La tercera cuestión tiene que ver con la organización. Las fuerzas obreras y populares atraviesan una etapa de debilidad estructural. En un país que lleva más de una década sin una huelga general, conviene preguntarse cómo reconstruir capacidades colectivas de movilización, solidaridad y autodefensa frente al avance de proyectos reaccionarios cada vez más agresivos. En esa tarea, la reflexión sobre metodologías y prácticas antifascistas vuelve a resultar necesaria.
Mantener vivo ese hilo rojo no es una cuestión de memoria ni de identidad. Es una tarea política. La historia social y la historia del movimiento obrero resultan útiles porque nos ayudan a comprender las relaciones de poder que atraviesan nuestras sociedades y las herramientas que permitieron transformarlas. No para reproducir mecánicamente experiencias anteriores, sino para actuar con mayor inteligencia en el presente. Si queremos resistir el avance del fascismo y ampliar derechos, necesitamos organización, conocimiento histórico y compromiso militante.
Con esas tres claves tan importantes nos quedamos como conclusión. Desde Nuevo Rumbo no podemos más que agradecerte enormemente esta entrevista, que esperamos llegue a manos de muchas trabajadoras y muchos trabajadores.