Acompañando al aumento de la conflictividad laboral de los últimos años, en este curso escolar han sido varias las comunidades autónomas en las que los trabajadores de la enseñanza hemos protagonizado ciclos de lucha. En el centro de nuestra lucha siempre se guarda un espacio para que las mejoras exigidas beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de los servicios públicos. La educación no es un sector independiente ni desconectado del resto de la realidad social, sino que sufre y refleja las mismas desigualdades que constituyen nuestra sociedad. Sirvan de ejemplo de esta vocación no solo laboral algunas consignas y reivindicaciones: la mejora no solo de salarios y condiciones, sino de ratios y recursos; la defensa de la calidad de la educación, frente a su concepción utilitaria al servicio del mercado; la defensa de la gratuidad y la universalidad, frente a los ataques privatizadores y segregadores. Se trata de una enmienda a la totalidad del modelo educativo actual, de crear una educación realmente pública, realmente justa; en resumen, realmente útil para la mayoría social.
La solidaridad que han despertado puede no solo enriquecer estas luchas, sino hacer de ellas un motor para extender la protesta a otros sectores. Un nuevo ciclo de luchas tras años de parálisis puede abrirse, y los trabajadores de enseñanza lo hemos demostrado en los últimos cursos, en comunidades como Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, País Valenciano y Madrid. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de estas luchas? ¿Qué nos dicen los éxitos y los fracasos?
Hablemos de dificultades
En estos momentos, no tenemos raíces en muchos centros de trabajo. Y, precisamente en aquellas comunidades donde no las hay, los conflictos de este curso se han encontrado con un tope para su desarrollo prácticamente desde el primer momento. Es muy difícil sostener un esfuerzo combativo en una dirección concreta si no hay centros de trabajo organizados que respalden las exigencias en las negociaciones y que acumulen fuerzas.
Hoy nos encontramos con la incapacidad de la mayoría de organizaciones sindicales de clase no tanto para movilizar puntualmente como para estructurar la lucha de las plantillas de forma organizada y continuada en el tiempo, sobre todo cuando esta se hace masiva. Es decir, los trabajadores del sector educativo no cuentan con espacios donde canalizar las reivindicaciones cotidianas y generales de su puesto de trabajo. Los trabajadores no son realmente conscientes de su potencial de lucha, pues llevan años sin ser interpelados como sujetos con capacidad de alterar el curso de los acontecimientos.
Urge dejar de educar a las plantillas en la pasividad y empezar a implicar al grueso de los combatientes en los conflictos si queremos estar preparados para apuestas más ambiciosas en cualquier sector.
En la práctica cotidiana esto se traduce en apostar por formas de organización que estén mucho más presentes en los centros de trabajo, como las asambleas de trabajadores y trabajadoras de un centro de estudios. En estas, la plantilla (conserjes, personal de limpieza, docentes…) puede no solo tratar los problemas de su centro y exigir mejoras a la administración, sino debatir sobre la marcha de un conflicto, evaluar aciertos y errores, poner en común visiones y aprendizajes.
El fomento de espacios donde los trabajadores puedan expresar las necesidades laborales y educativas específicas de su centro de trabajo es la primera piedra que permitirá pasar a la ofensiva y aspirar a conquistar reivindicaciones mucho más generales en el conjunto del sector, que ahora mismo está herido de gravedad ante la falta de recursos y el aumento de la financiación a los conciertos educativos. La privatización de las escuelas infantiles, la concertación del bachillerato o el aumento de universidades privadas son tres expresiones de la privatización de la educación que hoy ninguna organización sindical ha podido unificar como parte de una misma estrategia y para dar una respuesta contundente.
En los últimos años, otra dificultad importante ha sido la autoconcepción de algunas direcciones sindicales como aparatos auxiliares del Gobierno de partidos socialdemócratas. Un letargo del que muchos, aun trabajando ahora en comunidades con Gobierno conservador, todavía no han salido. Esa concepción del sindicalismo ha paralizado los mecanismos que permitían articular luchas colectivas desde las bases y ha esclerotizado el movimiento obrero y sindical. No obstante, ejemplos como el de Cataluña muestran que el movimiento obrero y los propios cuadros sindicales pueden y deben comenzar a romper esta dinámica.
Hablemos de éxito
Precisamente donde las movilizaciones han sido más exitosas en este último periodo –consiguiendo poner contra las cuerdas a las consejerías de educación– ha sido en las comunidades donde existía una red de asambleas estables en los centros de trabajo. Cataluña y País Valenciano son un claro ejemplo de ello. Estas asambleas han permitido a las y los docentes no solo generar un gran impacto mediático, sino dar soporte material a reivindicaciones ambiciosas, evitando que las fuerzas se disipen en los momentos más duros.
Precisamente en Cataluña, gracias a la insistencia y participación de los docentes se logró situar en el centro del debate la mercantilización de la educación y el sistema de conciertos, elementos inicialmente marginados de la discusión pública, pues las reivindicaciones laborales de las plantillas confrontaban con el interés de algunas cúpulas sindicales de no desgastar al Gobierno socialdemócrata.
En este sentido, nuestra oposición al modelo educativo no debe activarse por simpatía o desprecio al Gobierno de turno. No debemos olvidar que el grueso de la normativa educativa no se ha alterado sustancialmente desde el 2006, lo que quiere decir que, a pesar del ruido mediático, los distintos Gobiernos del PP y del PSOE a grandes rasgos solo han desarrollado la normativa educativa que se ajusta perfectamente a las necesidades productivas del capitalismo en España y Europa.
Esta reflexión no es ajena a los sindicatos de clase. En sus propias estructuras existen distintas sensibilidades sobre cómo deben abordarse las luchas en la educación. Mismas siglas sindicales, mayoritarias o no, han cumplido un papel diferente en Madrid, Cataluña, Cantabria o País Valenciano.
Esto refleja la existencia de cuadros sindicales con una conciencia mucho más amplia de los conflictos laborales, que entienden su función social como herramienta al servicio de los intereses de clase y no como pata de apoyo de una determinada gestión gubernamental. Conscientes, también, de que toda mejora acordada es una conquista puntual y de que el éxito no es tanto la conquista inmediata como la unión cada vez más amplia que se logre entre las plantillas.
De ahí que los parones veraniegos en las movilizaciones no deban verse como una derrota. El uso táctico del verano en País Valenciano supone la consciencia de que el camino por recorrer para conquistar reivindicaciones es todavía largo. La patronal también juega sus cartas, por lo que es vital no caer en el desgaste de las plantillas y vuelve a cobrar sentido fortalecer los espacios obreros de decisión y consulta: las asambleas.
Apuntes para septiembre
Las organizaciones sindicales de clase mayoritarias de España tienen una responsabilidad para con la clase obrera. Ejercerla correctamente pasa por avanzar en el desarrollo de un sindicalismo combativo que comprenda que la movilización es una herramienta valiosísima, pero insuficiente por sí misma si no se combina con una estrategia de acción sindical acertada que no entienda la movilización y la negociación como dos elementos disociados, sino interconectados.
Si se continúa reproduciendo modelos de negociación que no implican a las plantillas, difícilmente podremos sostener conflictos unitarios y ofensivos. Las posiciones de la patronal no responden a una falta de voluntad, sino a una planificación concienzuda de una agenda que defiende intereses de clase. La respuesta de la clase obrera debe aspirar a ser igualmente organizada.
No se puede confiar la mejora de nuestras condiciones laborales y de la educación pública en general a la gestión política de una fuerza parlamentaria y abandonar la movilización, las asambleas y el sindicalismo. Los problemas generales que sufre la clase obrera no podrán resolverse definitivamente hasta que la educación, como la economía y el resto de servicios sociales, esté bajo control popular y fuera del alcance de cualquier interés privado y de cualquier gestor político alineado con la lógica mercantil.