Cada vez que un grupo suficientemente numeroso de personas desesperadas se acerca a una frontera aparece alguien dispuesto a declarar una invasión. Sin tanques, sin soldados, sin artillería; bastan las imágenes de personas exhaustas y desorientadas para que comiencen a desfilar los patriotas profesionales y los generales de tertulia. Lo ocurrido en Ceuta ha proporcionado una nueva ocasión para comprobarlo.
La situación ha sido suficientemente grave como para no necesitar exageraciones. Miles de personas cruzaron desde Marruecos, muchas de ellas menores, en circunstancias extremadamente peligrosas. Hubo muertos, hubo desesperación y hubo una utilización evidente de los movimientos migratorios en el marco de las relaciones entre Marruecos y España, mediadas también por el papel de la UE y Estados Unidos.
Aunque todo este episodio merecía una explicación seria, una parte importante del debate público prefirió y prefiere recurrir a una palabra mucho más cómoda: invasión. Hablar de invasión permite dejar de pensar en otra cosa. Si existen invasores e invadidos ya no hace falta preguntarse por las condiciones sociales de quienes están a cada lado de la frontera, por los intereses de los Gobiernos implicados o por las relaciones económicas y políticas que unen a ambas orillas del Estrecho. Solo queda elegir bando y ponerse el casco.
Quienes cruzaron a Ceuta eran trabajadores, jóvenes, menores y refugiados empujados por unas condiciones de vida que permiten que su desesperación pueda ser utilizada como instrumento político. El Gobierno marroquí tiene una responsabilidad evidente cuando emplea el control de los movimientos migratorios como mecanismo de presión en sus relaciones con España. Pero detener ahí el análisis sería demasiado cómodo, porque Marruecos no opera en el vacío ni las relaciones entre ambos países se reducen a una disputa diplomática ocasional. Existen intereses económicos, inversiones, acuerdos comerciales, cooperación policial y militar y una red de relaciones en la que participan también la Unión Europea y las principales potencias del continente.
Es ahí donde la cuestión empieza a resultar algo menos cómoda para quienes quieren explicarlo todo mediante banderas. La Unión Europea no es una víctima inocente de estas crisis ni un árbitro neutral que contempla desde Bruselas los excesos de sus vecinos del sur. Lleva años construyendo una política migratoria basada en trasladar hacia fuera el control de sus fronteras, financiando a terceros países para que hagan el trabajo sucio y convirtiendo a Gobiernos como el marroquí en guardianes de los accesos al mercado europeo. Después, cuando alguno de esos Gobiernos descubre que la llave de la frontera puede utilizarse como moneda de cambio, las instituciones europeas se muestran sorprendidas por las consecuencias de una política que ellas mismas han contribuido a levantar.
La reacción de algunos Gobiernos europeos ante lo sucedido en Ceuta fue bastante reveladora. Desde Italia llegaron muestras de apoyo a la necesidad de reforzar el control fronterizo y evitar nuevas entradas, algo perfectamente coherente con una política que lleva años convirtiendo cada desembarco de migrantes y refugiados en una demostración de autoridad estatal. La solidaridad entre socios europeos adopta a menudo una forma muy particular: cada Estado debe impedir eficazmente que los pobres lleguen a la puerta del vecino. Luego se celebran cumbres, se redactan declaraciones sobre derechos humanos y se continúa financiando a terceros países para que la parte menos presentable de la política migratoria ocurra suficientemente lejos de las cámaras.
No debería extrañarnos. La UE no necesita una política migratoria justa, necesita una política migratoria funcional a los intereses que representa. Necesita controlar los flujos, seleccionar mano de obra cuando la requiere, contenerla cuando deja de ser conveniente y mantener bajo control las consecuencias sociales de un desarrollo capitalista profundamente desigual. Por eso el problema no consiste en que Europa no sea fiel a los valores que proclama, sino que precisamente actúa de acuerdo con su naturaleza.
También en España sabemos bastante de esto. Cada vez que se deterioran las condiciones de vida de la mayoría aparece alguien dispuesto a explicar que el problema está en quienes han llegado después. Si faltan viviendas, aparece el inmigrante. Si un centro de salud está saturado, aparece el inmigrante. Si un barrio se degrada, aparece el inmigrante. A fuerza de repetirlo, uno termina atribuyendo al trabajador foráneo unas capacidades económicas verdaderamente prodigiosas. Debe de ser él quien controla el mercado inmobiliario, decide las inversiones públicas, organiza los servicios sanitarios y redacta los presupuestos públicos. Los grandes propietarios, los bancos, las grandes empresas y los Gobiernos pueden respirar tranquilos: después de tantos años buscando al responsable, resulta que estaba cruzando una frontera a nado.
Ese es uno de los grandes servicios que presta el racismo a la sociedad capitalista. Consigue que quien tiene poco vea como enemigo a quien tiene todavía menos. El trabajador que no puede pagar un alquiler termina sospechando de la familia inmigrante que comparte piso con otras dos. Quien espera semanas para conseguir una cita médica puede acabar convencido de que el problema es quien ocupa la silla de al lado y no la operación consciente de las Administraciones para degradar el sistema sanitario público. Es una operación política de enorme eficacia porque permite transformar problemas de clase en conflictos entre trabajadores.
Y ahí está precisamente la cuestión que conviene no perder de vista. Al trabajador español y al trabajador marroquí pueden separarlos una frontera, una lengua y unas condiciones de vida diferentes, pero ninguno posee bancos, cadenas hoteleras, grandes explotaciones agrícolas, constructoras, fondos de inversión o empresas exportadoras. Esa diferencia es políticamente bastante más importante que el lugar donde nació cada uno.
La burguesía española tiene sus intereses y la burguesía marroquí tiene los suyos. A veces coinciden y otras veces chocan. Pueden negociar, competir, presionarse mutuamente o utilizar cuestiones como la migración en sus disputas. Pero cuando esas disputas llegan a la calle, quienes ponen el cuerpo casi nunca pertenecen a ninguna de esas clases dirigentes. Son los trabajadores marroquíes quienes se juegan la vida intentando cruzar, los trabajadores españoles quienes soportan las consecuencias de unos servicios públicos insuficientes y unos barrios abandonados, y unos y otros quienes terminan siendo llamados a enfrentarse entre sí.
De ahí que el discurso de la invasión sea tan útil. Convierte las disputas entre Estados en el marco de unas relaciones económicas profundamente desiguales en un conflicto entre pueblos. Borra las clases sociales y coloca en su lugar las nacionalidades o los orígenes de cada cual. De repente, el trabajador español comparte intereses con el gran empresario español porque ambos tienen el mismo pasaporte, mientras que el trabajador marroquí aparece como una amenaza simplemente porque nació al otro lado de la frontera. Difícil imaginar una victoria ideológica más completa para quienes necesitan que los trabajadores olviden a qué clase pertenecen.
Nada de esto significa negar que los movimientos migratorios generen problemas concretos. Las llegadas masivas requieren recursos, alojamiento, escolarización, atención sanitaria y planificación. Los Estados tienen que afrontar esas situaciones. Pero una cosa es gestionar un problema y otra convertir a quienes lo padecen en responsables de él. Si faltan viviendas, habrá que hablar de vivienda; si faltan médicos, habrá que hablar de sanidad; si determinados barrios se deterioran, habrá que discutir por qué se abandonan. Lo que no sirve es cambiar constantemente el problema hasta conseguir que el responsable de todo sea siempre quien menos capacidad tiene para decidir nada.
También por eso resulta insuficiente cierta respuesta progresista que se limita a oponer buenos sentimientos al discurso xenófobo. No se trata de pedir caridad ni de convertir al inmigrante en una figura abstracta que debe despertar compasión. Se trata de política de clase. De comprender que los trabajadores migrantes forman parte de la clase obrera y que su organización, su incorporación a la lucha colectiva y la defensa de unos mismos derechos son una necesidad para todos los trabajadores.
La crisis de Ceuta ha mostrado con bastante claridad el cuadro completo. Marruecos puede utilizar la migración como instrumento de presión. La Unión Europea puede reforzar su política de externalización fronteriza. Gobiernos como el italiano pueden aprovechar la ocasión para reivindicar más dureza. Los sectores más reaccionarios en España pueden transformar el miedo en votos y convertir a miles de personas desesperadas en una amenaza nacional. Y, mientras tanto, la raíz del problema permanece intacta: un sistema que produce desigualdad, dependencias económicas, emigración forzada y conflictos entre Estados, para después presentar las consecuencias como si hubieran caído del cielo.
Por eso conviene desconfiar cada vez que alguien grita que España está siendo invadida, porque ese lenguaje sirve para ocultar quién manda, quién decide y quién paga las consecuencias. El trabajador español no tiene nada que ganar convirtiendo al trabajador marroquí en su enemigo. Tiene bastante más que perder si acepta que sus problemas se expliquen siempre por la presencia de alguien más pobre.
La frontera decisiva no pasa entre Ceuta y Marruecos, ni entre quien tiene un pasaporte español y quien no lo tiene. Pasa entre quienes viven de su trabajo y quienes viven del trabajo ajeno. Esa frontera es bastante menos visible en televisión, pero explica muchas más cosas. Y quizá por eso haya tanto interés en que miremos hacia otra parte.