En Madrid lo de tener piso se está poniendo complicado. No descubro nada nuevo. Los alquileres están por las nubes, comprarse una vivienda exige juntar para una entrada una cantidad que buena parte de los trabajadores no verán junta en su vida y encontrar algo razonablemente cerca del lugar donde uno trabaja se ha convertido casi en un deporte de riesgo. Por eso resulta reconfortante comprobar que todavía quedan instituciones dispuestas a echar una mano cuando surge un problema inmobiliario. Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad, compró en abril un ático en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. Casi 500 metros cuadrados, 200 de terraza. Un pisito.
La explicación fue que hacía falta un lugar en el que Isabel Díaz Ayuso pudiera trabajar mientras se reformaba la Real Casa de Correos. Tiene su lógica. A cualquiera que haya hecho una obra en casa le ha pasado. Empiezan con que van a cambiarte las ventanas y terminas preguntando a un amigo si conoce algún ático de 500 metros en la calle Martínez Campos donde puedas instalarte una temporada. Cosas de las reformas.
Había, eso sí, un pequeño inconveniente. El ático no podía utilizarse como oficina. Qué mala suerte. Seis millones y pico de euros y nadie había caído en ese detalle. No sé cómo compran ustedes una vivienda, pero imagino que antes de soltar una cantidad equivalente a varias vidas de salario comprueban alguna cosa: si tiene cargas, si la instalación eléctrica está bien, si el vecino de arriba toca el trombón, si debajo hay un narcopiso… Si además están comprando con dinero ajeno, quizá hasta se interesen por saber si el inmueble sirve para aquello para lo que dicen comprarlo. Seré yo, que soy un antiguo.
A partir de ahí las explicaciones se fueron volviendo menos sencillas. Podía utilizarlo la presidenta, o tal vez algún consejero, podía servir para reuniones, pero en ningún caso sería residencia oficial. Finalmente, como el pisito empezaba a dar más problemas que soluciones, se decidió venderlo. Y Ayuso explicó después que ella no sabía de esas compras porque Planifica Madrid compra y vende inmuebles y eso no es competencia suya.
Hay una maravilla administrativa contenida en todo esto. Se compra un ático para que lo utilice la presidenta, pero la presidenta no sabe nada de la compra de áticos para que los utilice la presidenta. Reconozcamos que como sistema tiene ventajas. Uno puede ser simultáneamente destinatario de una operación y completamente ajeno a ella. Es una forma bastante avanzada de separación de poderes.
La oposición socialdemócrata madrileña ha encontrado, naturalmente, carnaza para una temporada. Hará preguntas, pedirá expedientes, hablará de responsabilidades y, si puede, intentará convertir los metros cuadrados de la terraza en votos. Es su trabajo. Pero tengo la impresión de que, si nos quedamos ahí, nos perdemos la parte más interesante de todo este asunto.
Porque lo verdaderamente curioso no son los 485 metros cuadrados. Es que una operación así pudiera parecer normal.
Madrid es una comunidad en la que miles de trabajadores dedican una parte insoportable del salario a pagar un techo. Jóvenes con empleo que siguen en casa de sus padres, familias expulsadas cada vez más lejos de su lugar de trabajo o del barrio donde se criaron, habitaciones alquiladas a precios que hace no tantos años pagaban un piso entero… Nos hemos acostumbrado a hablar de ello como hablamos del calor en agosto: una desgracia inevitable sobre la que poco puede hacerse.
Y mientras tanto una empresa pública puede desembolsar 6,3 millones para resolver provisionalmente dónde trabaja una presidenta porque su despacho está en obras, que también saldrán por un pico. No hace falta imaginar sobres, conspiraciones ni habitaciones secretas para que el episodio resulte políticamente escandaloso. Basta con aceptar las explicaciones ofrecidas. Quizá eso sea incluso lo peor.
Porque el problema no consiste solamente en determinar quién decidió comprar el ático y por qué nadie comprobó antes si podía utilizarse como oficina, sino en qué tipo de sociedad estamos en la que semejante operación puede parecer, aunque sea durante cinco minutos, una solución ¿razonable?
Tal vez porque seis millones de euros significan cosas muy distintas dependiendo de desde dónde se miren. Para quien vive de una nómina son una cantidad inimaginable; para una administración que compra y vende patrimonio, una operación inmobiliaria. Y ahí está buena parte del asunto. Hemos conseguido que resulte perfectamente normal que la vivienda sea un activo, una inversión, un patrimonio con el que se compra, se vende y se obtiene rentabilidad, mientras empieza a parecernos casi utópico que quien trabaja pueda permitirse simplemente vivir cerca de donde trabaja.
El ático de Chamberí tiene algo de caricatura porque concentra esa lógica en 485 metros cuadrados y una terraza de 200. Pero la lógica no empieza ni termina allí. El problema de la vivienda no consiste en que falten discursos sobre vivienda, planes de vivienda o promesas de vivienda. Viviendas hay. Lo que existe es una sociedad en la que el acceso a ellas depende de cuánto puede pagar cada cual y en la que un piso puede ser, antes que un lugar donde vivir, una inversión, un patrimonio o una oportunidad de negocio.
Por eso quizá lo menos extraordinario de toda esta historia sea que una empresa pública pudiera comprar un ático por 6,3 millones. Lo verdaderamente extraordinario empieza a ser que un trabajador pueda comprar uno de trescientos mil.
Al final van a vender el ático y probablemente todo esto termine convertido en otra de esas polémicas que la actualidad consume a gran velocidad. Habrá quien concluya que se corrigió el error y asunto terminado.
Puede ser. Pero durante unas semanas el Gobierno de Madrid nos ha dejado una bonita metáfora sobre la vivienda. Para unos, el problema es llegar a fin de mes después de pagar el alquiler. Para otros, encontrar dónde colocar provisionalmente el despacho. Cada cual, con su pisito.