Durante años, las plantillas de colegios e institutos han visto cómo sus condiciones de trabajo se deterioraban mientras la inversión educativa permanecía estancada. Al menos desde 2008, las diferentes comunidades autónomas han mantenido una política de insuficiencia de recursos que ha terminado generando un cóctel de malestar entre los trabajadores de la educación: ratios elevadas, sobrecarga de trabajo, exceso de burocracia, pérdida de poder adquisitivo, falta de personal y dificultades cada vez mayores para atender adecuadamente al alumnado.
Durante el curso 2025-2026, ese malestar explotó en distintos territorios. Grandes movilizaciones recorrieron el País Valencià y Cataluña, mientras en Madrid se daban pasos para caminar hacia una huelga indefinida. En Cantabria, después de años de conflicto, los trabajadores consiguieron arrancar una mejora salarial y afrontan ahora un nuevo ciclo de movilizaciones. Lo que durante años podía parecer una sucesión de conflictos locales comienza a mostrar algunos rasgos comunes: el deterioro de las condiciones de trabajo, el descontento creciente de las plantillas y, sobre todo, la recuperación de la capacidad de movilizarse.
Para conocer de primera mano cómo se han desarrollado estos conflictos y extraer experiencias de cara a las luchas del nuevo curso que se avecina, Nuevo Rumbo ha hablado con varios profesores y militantes comunistas que han participado en ellos desde posiciones diferentes. Marina Puente, profesora en Cataluña, participó durante el pasado curso en las huelgas y asambleas que recorrieron los centros educativos catalanes. Alberto López, dirigente sindical y miembro de la Junta de Personal Docente en Cantabria, ha participado en la dirección de un conflicto que ha combinado movilización en los centros, huelgas, encierros y negociación con la Consejería y que consiguió una mejora salarial para las y los docentes cántabros. Álvaro Luque, profesor del IES Las Lomas de Alicante, forma parte desde hace años de una asamblea de centro con una larga tradición de organización y lucha. Esta asamblea tuvo un papel destacado en la huelga indefinida del pasado curso en el País Valencià –muchos lectores recordarán la denuncia realizada por la asamblea de la agresión policial a una manifestante jubilada–. Daniel Moreno, dirigente sindical en Madrid, ha participado en las luchas del curso pasado y en el proceso de organización de la huelga indefinida que comenzará en octubre, trabajando por construir una convocatoria unitaria y sostenida desde las asambleas y los centros de trabajo. Junto a ellos, Nacho Díez, coordinador de Enseñanza del departamento de Movimiento Obrero y Sindical del PCTE, nos aporta una visión general sobre el estado del movimiento educativo y las perspectivas de organización de los trabajadores del sector.
Un malestar que viene de lejos
Las condiciones que han llevado a las plantillas a movilizarse no son nuevas. «Las condiciones de trabajo del profesorado, particularmente las ratios y la carga de trabajo (asumir funciones de pedagogos, psicólogos, educadores sociales y un largo etcétera), llevan muchos cursos adquiriendo cada vez mayor complejidad», explica Marina. En Cataluña, ese deterioro terminó generando un proceso de movilización especialmente intenso durante el pasado curso.
En el País Valencià, el malestar acumulado tenía también un marcado componente económico. «El cansancio por las malas condiciones es generalizado y abrumador, incuestionable», afirma Álvaro. Entre los factores que provocaron que el conflicto terminara desembocando en una huelga indefinida señala «el alza constante de los precios; somos muchos los trabajadores de la enseñanza que llegamos justos a final de mes sin llevar una vida de excesos», junto con «la degradación de la calidad de la enseñanza pública y el fomento de la concertada».
En Cantabria, el conflicto tuvo también una dimensión salarial muy importante. Después de años de pérdida de poder adquisitivo, los trabajadores consiguieron mediante la movilización arrancar una mejora retributiva. Pero la experiencia dejó algo más que una adecuación salarial. «Durante muchos años parecía que la pérdida salarial, determinados recortes o el deterioro de nuestras condiciones de trabajo eran simplemente cosas que teníamos que asumir. Y estos años han demostrado que no es así», defiende Alberto.
La movilización permitió romper esa sensación de impotencia: «Hemos vuelto a hacer encierros. Hemos sacado a miles de compañeros a la calle. Hemos hecho huelgas con porcentajes de seguimiento que, al principio del conflicto, muchos consideraban imposibles. Eso tiene un valor enorme porque nos ha permitido recuperar una cierta confianza en nuestra propia capacidad de lucha».
Cuando las plantillas toman la palabra
La recuperación de esa confianza no se produce únicamente cuando se convoca una huelga. En los distintos territorios, el desarrollo de los conflictos ha ido acompañado de la aparición o el fortalecimiento de espacios de organización en los centros de trabajo.
En el País Valencià, la huelga indefinida obligó a mantener el conflicto más allá de las grandes jornadas de movilización. «Las asambleas de centro son determinantes», explica Álvaro. En muchos centros se organizaron piquetes y acciones para animar a los compañeros a sumarse a la huelga, mientras las coordinadoras de asambleas impulsaban las movilizaciones en las distintas comarcas. «Así, las asambleas y los trabajadores eran los protagonistas de cada conflicto».
En Cataluña, Marina destaca también «la creación de asambleas de trabajadores en los centros educativos. Ahí se ha hablado y organizado cada vez que había una nueva propuesta de movilización sobre la mesa».
El proceso que se está desarrollando en Madrid parte igualmente de la necesidad de llevar el conflicto hasta los centros. Daniel recuerda que «el trabajo previo hacia la huelga, como en cualquier conflicto de cualquier sector, es vital para acercar la lucha a las plantillas, para generar esa organización en asambleas que empuje a los trabajadores y trabajadoras de colegios e institutos no solo a realizar la huelga, sino a implicarse en todas las acciones de la movilización».
La diferencia no es menor. Una huelga puede convertirse en una jornada puntual de protesta o puede servir para que los trabajadores aprendan a organizarse. «Hay que conseguir que durante la huelga nuestros compañeros discutan, participen, se impliquen y aprendan a organizarse en sus centros. La huelga no debería ser simplemente el día en que dejamos de trabajar. Debería ser también una escuela de organización», señala Alberto.
La fuerza de una plantilla organizada
En este proceso aparece también una contradicción entre la capacidad de las plantillas y los límites de determinadas direcciones sindicales. En Cantabria, Alberto recuerda que algunos dirigentes mantenían una valoración pesimista sobre la disposición de los trabajadores a movilizarse. La realidad fue diferente: una jornada de huelga llegó a alcanzar un 67 % de seguimiento. «Por tanto, para nosotros la cuestión no era simplemente convocar una huelga. Era confiar en nuestra propia capacidad como trabajadores y utilizar cada movilización para aumentar la siguiente».
La experiencia cántabra muestra la importancia también de tener en la Junta de Personal –incluso aunque sea en minoría– a representantes combativos que confíen en las fuerzas de la propia clase. Esta idea no es baladí ahora que se acercan las elecciones sindicales.
La negociación tampoco aparece separada de esta dinámica. En Cantabria, la mejora salarial se consiguió después de un proceso de movilización sostenido. «La principal enseñanza es que negociación y movilización no son dos caminos alternativos. La negociación forma parte de la lucha y la movilización es lo que permite mejorar nuestra posición negociadora». Las ofertas de la Administración fueron aumentando «a medida que aumentaba la presión», porque «fuera de esa mesa había miles de trabajadores movilizándose».
En Madrid, el proceso de organización de la huelga indefinida busca precisamente que las decisiones sobre el desarrollo del conflicto no queden restringidas a las estructuras sindicales. Daniel explica que las propuestas de la Consejería que cumplan determinados mínimos podrán ser sometidas a la consideración de los trabajadores, de manera que exista «una participación y una decisión del devenir del conflicto desde los trabajadores organizados».
Las Consejerías intentan dividir a la representación sindical para cerrar en falso el conflicto. Ese ha sido el caso de Cataluña, donde las direcciones sindicales de CCOO y UGT han firmado un acuerdo considerado insuficiente por la mayoría de las y los docentes y otras organizaciones sindicales.
La experiencia de los últimos años muestra, así, que la capacidad de una movilización no depende únicamente del número de personas que acuden a una manifestación. También importa qué sucede después en los centros de trabajo, qué relaciones quedan establecidas entre los trabajadores y qué capacidad existe para volver a movilizarse cuando aparezca un nuevo problema.
Más allá de cada territorio
Durante años, los conflictos educativos se han desarrollado de manera fundamentalmente territorial. Cada comunidad autónoma negocia con su propia Consejería, las reivindicaciones presentan algunas diferencias y las movilizaciones se suceden en momentos distintos. Pero los problemas que subyacen se parecen cada vez más.
«Durante años se ha extendido la idea de que cada comunidad autónoma tenía su propio problema y que estos conflictos estaban desconectados», explica Alberto. Sin embargo, «realmente estamos viendo los efectos de una tendencia mucho más general de deterioro de nuestras condiciones como trabajadores y de los servicios públicos».
Las experiencias acumuladas en los diferentes territorios pueden servir, por tanto, para preparar las siguientes luchas. Lo que se ha aprendido en una huelga puede servir para organizar otra; los errores cometidos en un conflicto pueden evitarse en el siguiente; las formas de participación que han funcionado en un centro pueden trasladarse a otros.
«Pero también tenemos mucho que aprender de otros territorios, especialmente en una cuestión que nosotros no hemos resuelto lo bastante bien: cómo mantener la movilización, sin esos grandes altibajos, y convertirla en organización permanente», cuestiona Alberto.
La cuestión no afecta únicamente al profesorado. La educación pública reúne a trabajadores con condiciones y funciones muy diferentes: docentes, personal de administración, limpieza, mantenimiento, comedores, conserjes o monitores. Para Nacho Díez, superar estas divisiones supone una tarea fundamental: la separación entre los distintos colectivos funciona «como mecanismo de contención de las reivindicaciones comunes».
La defensa de la educación pública tiene que partir de una alianza de todos los trabajadores del sector, extendida al resto de la comunidad educativa. El corporativismo –tan común en la enseñanza– no solo es insolidario, sino que es inútil para conseguir tanto mejoras parciales como más generales en las condiciones de la educación. Si no se marcha unidos, a las Consejerías siempre les resultará más sencillo enfrentar a un colectivo contra otro.
Que la próxima lucha no empiece de cero
La experiencia del último curso deja una cuestión abierta: qué queda después de una movilización. Porque una huelga puede terminar con un acuerdo, con una derrota o con una solución parcial. Pero también puede dejar algo que no aparece en ninguna mesa de negociación: trabajadores que han aprendido a organizarse juntos.
«¿Tenemos más compañeros organizados? ¿Tenemos más capacidad en los centros? ¿Hay más trabajadores que saben intervenir sindicalmente? ¿Hemos conseguido que nuestros compañeros pierdan el miedo a movilizarse? ¿Tenemos una estructura capaz de volver a actuar dentro de seis meses?», plantea Alberto. La respuesta determina buena parte del valor de una lucha. «La mejor victoria sindical es aquella que hace que la siguiente lucha empiece desde un nivel superior de organización».
El próximo curso ya tiene sus primeras citas. Cataluña afronta una nueva huelga el 8 de septiembre; el País Valencià prepara nuevas movilizaciones; en Cantabria la Junta de Personal ha convocado movilizaciones en defensa de la escuela pública y una huelga de actividades complementarias y extraescolares desde el 1 de septiembre; y Madrid se prepara para una huelga indefinida a partir del 14 de octubre.
Son conflictos distintos, pero parten de problemas similares. Y, sobre todo, pueden dejar experiencias que no tienen por qué quedarse encerradas en cada territorio. Como resume Alberto, «somos trabajadores y tenemos muchos intereses comunes independientemente de la comunidad autónoma y del empleo en el que trabajemos».
La «vuelta al cole» volverá a estar marcada por los mismos problemas que llevaron a las plantillas a las calles durante el curso pasado. La diferencia es que, esta vez, miles de trabajadores llegan al nuevo curso con una experiencia que antes no tenían: la experiencia de haber luchado juntos y de haber comprobado que, cuando se organizan, pueden hacer que las cosas cambien.