La reciente temporada de megaincendios en España ha puesto de actualidad, un año más, el debate en torno a la respuesta al incendio forestal en medio de un panorama caracterizado por el sensacionalismo político y las soluciones reduccionistas. Como en otras tragedias recientes, las y los trabajadores contemplamos con estupor el desfile de tertulianos erigidos en expertos en política forestal y, entre todos ellos, avanza sostenidamente un discurso que adapta el «con Franco se vivía mejor» a, mutatis mutandis, «con Franco no había incendios forestales». En fin, baste un tuit de Lucía Etxebarría acompañado con una foto de un cortafuegos para activar los resortes de la «memoria». El curioso Efecto Mandela lleva a muchos a afirmar que antes el monte «estaba limpio», que se hacía caso a la «gente del campo» y que el principal problema son los ecologistas.
Los últimos incendios en España arrojan la impresionante cifra de 225.000 hectáreas consumidas en lo que va de año según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS), cifra que habrá que contrastar con la proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Lo cierto es que no es sencillo conocer el impacto de los incendios forestales en España hasta 1968, año en el que se publica, por vez primera y con carácter anual, la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF). Esta base estadística se enmarcó en una modernización tardía en la defensa contra los incendios, operada a partir de la Ley de Montes de 1957 y, sobre todo, la Ley de Incendios Forestales de 1968, la cual sentó las bases para la posterior creación del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). La mejor base estadística permitió afrontar un problema que comenzaba a intensificarse a partir de los años sesenta y para el que, por cierto, la capacidad de reacción del Estado tardofranquista era muy reducida. Los incendios forestales aumentaban de forma sostenida, y lo hicieron acusadamente a lo largo de las décadas de los setenta, ochenta y noventa. 1976 alcanzó por primera vez el umbral de las 400.000 hectáreas calcinadas, 1986 aún ostenta el récord absoluto de la serie histórica muy seguido por la catastrófica fecha de 1994, que superó a la anterior en la destrucción de arbolado frente a monte bajo y matorral. Entonces, ¿cómo casa esta realidad objetiva con la narrativa vertida por la «autoridad experta» de los nostálgicos?
A mediados del siglo XX España era un país cuya superficie forestal estaba esquilmada, aunque no resultase un problema nuevo. Las reforestaciones hasta antes de la Guerra Civil Española habían sido puntuales y poco sistemáticas. El Estado fascista surgido tras la contienda puso en marcha el Plan General de Repoblación Forestal de España, ideado por Joaquín Ximénez de Embún y Luis Ceballos en 1939. A pesar de lo bienintencionado de sus autores, las máximas conservacionistas y de recuperación de especies autóctonas fueron rápidamente dejadas de lado por un Estado ocupado en suplir en plena autarquía la demanda empresarial de madera, un material fundamental para la industria hullera asturiana, poco mecanizada, y todavía dependiente del entibado manual. Como sostuvo el ingeniero forestal Aldo Pavani, el eucalipto se convirtió en «el árbol autárquico por excelencia», erigido junto a diversas variedades del pino como respuesta, en forma de monocultivo, a la carestía de madera que precisaba un país cuyas fuerzas productivas habían sido vapuleadas por los sectores reaccionarios en connivencia con el fascismo internacional.
El plan se ejecutó sobre montes de utilidad pública y fue financiado por el Patrimonio Forestal del Estado (PFE), las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, quienes se repartieron los beneficios obtenidos de la corta de la madera. El campesinado se encargó de ejecutar las repoblaciones, apoyados por un escaso jornal irrenunciable en una España donde la miseria material era la norma. Y aquí comienza el nudo gordiano que nos lleva hasta los incendios forestales. La replantación de monocultivos de pinos o eucaliptos en el noroeste se hizo sobre montes de utilidad pública, tradicionalmente comunales, que los campesinos empleaban para obtener leña, paja para cama de ganado o pasto; montes que ahora el Estado cerraba y cuyo aprovechamiento perseguía. En medio de una economía de subsistencia, el campesino que no migraba a la ciudad se veía plegado a aceptar una política forestal que era pan para hoy y hambre para mañana. Subir las reses al monte podía acarrear graves consecuencias, como la muerte del joven José Pérez García un 12 de junio de 1953 cerca del pueblo de Bustantigo (Pola de Allande, Asturias) a manos de los agentes del PFE, encargados de interceptar el ganado que había irrumpido «ilegalmente» en el cercado.
El fuego intencionado fue la herramienta de un campesinado en descomposición para oponerse a una política forestal privatizadora de los derechos comunales. La migración campo-ciudad, que había resultado de la industrialización desigual en torno a los sectores extractivos y de transformación, se había intensificado a partir de los años del «desarrollismo». Como consecuencia, la presión humana sobre el espacio rural disminuyó. El aumento de biomasa fina y una política de repoblaciones fundada en el monocultivo permitieron una mayor «continuidad horizontal del combustible», creando las condiciones para la proliferación de grandes incendios.
Durante la Transición Democrática, la mayor apertura informativa permitió acercarse al problema. En 1976 la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos Industriales (SADEI) colaboró con el ICONA en la elaboración del Estudio sociológico sobre los factores condicionantes de los incendios forestales en la cornisa cantábrica. Las conclusiones del trabajo son claras: en Asturias, un alto porcentaje de los incendios se producían en montes consorciados que habían sido objeto de repoblaciones. El fuego, antes usado como herramienta para rozar y limpiar los montes, ahora se erigía en arma de resistencia frente a una promesa modernizadora que golpeaba contra los aprovechamientos tradicionales del monte[1].
El régimen franquista no solo hizo poco por solucionar el creciente problema de los incendios forestales. De hecho, su política forestal contribuyó a consolidar una expropiación del comunal que ya había sido iniciada en el siglo XIX durante las desamortizaciones. Los organismos oficiales comenzaron a adquirir material y a organizar cuadrillas de voluntarios más bien tarde, una tónica esperable si se analiza la situación laboral de los bomberos durante esta etapa de nuestra historia: mal pagados, pluriempleados y escasamente dotados por una industria nacional de la extinción verdaderamente débil.
El problema presenta las características de una forma de riesgo enraizada en la fase actual del capitalismo, con una migración campo-ciudad completada, en medio de una crisis climática global y con formas de respuesta y control de daños limitadas por los intereses particulares y la arena política. La confianza en la tecnología como solución prometeica choca con los límites de la gestión forestal bajo las actuales relaciones de producción. No existe una solución fácil ante un desafío epocal de esta magnitud, pero comprenderlo exige desvelar los mecanismos que subyacen ante lo aparente, única forma de combatir las narrativas reaccionarias –profundamente paternalistas hacia un campesinado idealizado hasta el exotismo– de un tiempo que nunca fue.
[1] Este proceso ha sido analizado para el caso gallego por Francisco Seijo (2005), Ana Cabana Iglesias (2023) y, más recientemente, David Soto Fernández, Xesús López Balboa y Lourenzo Fernández Prieto (2024). Recomendamos al lector que desee profundizar más acudir a estos trabajos, así como a los de Miguel Carmo y Frederico Ágoas para el Portugal del Estado Novo.