El desahucio de Maricarmen Abascal, ejecutado con un grado de violencia que revela hasta dónde puede llegar la fuerza del Estado para defender los intereses de la propiedad, ha desatado un clima de movilizaciones difícil de comparar con cualquier otro de la última década en España. Con aquella convocatoria masiva para intentar frenar la expulsión de una anciana de su hogar comenzó a brotar el descontento que ha estado años acumulándose y ante el que el Gobierno de la socialdemocracia ha ejercido de tapón hasta que ha desbordado. Un tapón que, de todas maneras, no ha podido ni habría podido contener del todo la protesta. El conflicto entre clases no desaparece porque los Gobiernos y ciertas direcciones sindicales se empeñen en administrarlo. Puede amortiguarse, encauzarse, ocultarse bajo discursos de concordia social. Pero pretender que se extinga sería como intentar retener el agua entre los dedos; fingir siquiera que el conflicto de clase es realmente susceptible de ser eliminado constituye, probablemente, la más estúpida de las imposturas políticas de nuestro tiempo.
Es imposible ocultar las brutales consecuencias de un sistema en el que el enriquecimiento de unos descansa sobre el empobrecimiento de otros. Tampoco se puede impedir que esas injusticias alimenten el descontento, el hartazgo y la protesta. Ya se expresen esas consecuencias en forma de recortes de la capacidad adquisitiva del salario, de subida astronómica de los alquileres o de expulsión de la casa donde has podido vivir siete décadas hasta que te han sacado a la fuerza y te han mandado a morir de angustia a un hospital.
En medio de todo este contexto se convoca, por fin, una huelga general. A nadie se le escapa que la convocatoria del 11 de noviembre es una peculiar, fruto de una confluencia de circunstancias e intereses complejos. No se trata de una huelga convocada contra una medida o una política concreta, como han sido otras grandes huelgas generales. Durante años han sobrado motivos para una huelga general: el deterioro del poder adquisitivo, los alquileres disparados, la precariedad o la extrema temporalidad del mundo del trabajo. Sin embargo, las cúpulas de las principales centrales sindicales han preferido vincular su estrategia a la relación de colaboración con los Gobiernos socialdemócratas. Se nos ha pedido durante demasiado tiempo tolerar un empeoramiento sostenido de nuestras condiciones en aras de evitar la llegada de quienes las empeorarían todavía más.
La convocatoria llega, además, con las Cortes disueltas y a las puertas de unas elecciones generales. Se abren dudas legítimas: ¿qué sentido tiene convocar una huelga contra un Gobierno que ya no tiene capacidad legislativa? ¿No es esta una huelga de la que puede intentar adueñarse el Gobierno, como efectivamente ha osado hacer María Jesús Montero al afirmar que esta era una huelga «contra la oposición»? Después de años presentando la paz social como una virtud y de mirar para otro lado en el tema de la vivienda y la pérdida salarial, el PSOE pretende ahora retratarse como aliado de los huelguistas. Y no ha faltado quien ha considerado más preocupante que una huelga general perjudique la imagen del PSOE que el hecho de que la clase trabajadora haya pasado tantos años sin recurrir a ella.
Es cierto que le estamos haciendo una huelga a un Gobierno que ya ha agotado su capacidad legislativa y ha convocado elecciones, y que no todo el mundo se ha sentido cómodo convocando una huelga contra un Gobierno del que ha esperado grandes prebendas. Pero quedarse atrapados en las circunstancias de su convocatoria sería un error político mayor. Una vez convocada, con un altísimo grado de unidad sindical que haríamos bien en valorar y cuidar –excepción hecha de varios sindicatos corporativos, que han quedado perfectamente retratados–, una huelga general es una huelga general. No podemos permitir que la crítica, necesaria, a las direcciones sindicales se transforme en coartada para la pasividad. Es comodona y en muchos casos negligente la posición de quienes llevan años reclamando una huelga y, cuando por fin se convoca, se apresuran a encontrar razones para no organizarla, no explicarla en los centros de trabajo y seguir con la agenda de burócrata sindical fijada antes del desahucio de Maricarmen. Tampoco cabe dejar su significado en manos del Gobierno. Allí donde haya comunistas organizados, la huelga no puede convertirse en una medalla que el PSOE se cuelgue sobre el pecho.
Cierto es, también, que la huelga no es un fin en sí mismo, que debemos rehuir de convocatorias sin enfoque que malgastan la herramienta y que no toda huelga en todo momento es útil. Si le estamos haciendo una huelga a un Gobierno sin capacidad legislativa, ¿para qué hacemos huelga este día, y por qué llamamos los comunistas a secundaria? La huelga históricamente ha servido para conquistar reivindicaciones, pero también para algo sin lo cual ninguna conquista puede sostenerse: fortalecer la organización, la unidad y la conciencia de quienes vivimos de nuestro trabajo. La tarea fundamental del 11N es recoger el descontento acumulado y desbordado estas semanas para que no caiga en saco roto. Es decir, la misión es modificar la correlación de fuerzas: conseguir que quienes hoy soportan individualmente la explotación descubran, mediante una experiencia colectiva de lucha, su capacidad para hacerle frente.
Usar en tal sentido la huelga exige tomarse en serio el movimiento obrero y sindical tal como existe, no como quisiéramos encontrarlo. La consigna de «pararlo todo» puede sonar muy radical, pero resulta una radicalidad bastante inofensiva e incluso contraproducente si quienes la proclaman desprecian de antemano el trabajo en las organizaciones que agrupan a casi el 70 % de los afiliados a sindicatos de este país y a la mayoría de la representación sindical, así como a miles de cuadros que realizan una labor encomiable en sus filas y combaten al reformismo en ellas. No se trata de idealizar a las grandes centrales sindicales ni de convertir la afiliación a unas u otras siglas en una cuestión de principios, sino de comprender que la independencia política de clase no se garantiza manteniéndose al margen de las organizaciones de masas. Se construye interviniendo en el movimiento obrero realmente existente, con objetivos políticos propios y una táctica capaz de adaptarse a las condiciones concretas de cada centro de trabajo y sector.
Por eso, «pararlo todo» no puede ser una fórmula hueca, sino una consigna operativa, capaz de orientar, cohesionar y movilizar en torno a una tarea concreta: extender la huelga a los centros de trabajo, convocar asambleas, reunir a las plantillas, impulsar piquetes, poner a discutir y actuar juntas a personas que hasta ahora no lo hacían. No se busca solamente llenar plazas y avenidas en las manifestaciones, sino de construir una organización de masas con los pies y las manos puestas allí donde se produce la riqueza. Es este un trabajo paciente que exige combinar firmeza en los principios con flexibilidad táctica, y ambición estratégica con el análisis concreto y preciso de la realidad sobre la que se interviene.
¿Y por qué parar la producción para protestar por la vivienda? La pregunta, enunciada desde la patronal y reverberando en las cámaras de eco del corporativismo sindical, presupone una separación ficticia entre lo que ocurre dentro y fuera del trabajo. El alquiler, la cesta de la compra, el transporte o los suministros determinan cuánta vida puede comprarse con el salario. Cuando los precios aumentan y los salarios no lo hacen al mismo ritmo, la parte de la riqueza que queda en manos de quienes trabajamos se reduce. La vivienda es hoy una de las expresiones más brutales de ese empobrecimiento, pero no constituye un problema aislado: forma parte del encarecimiento general de la vida y de la pugna entre capital y trabajo por el reparto de la riqueza social. No existe contradicción alguna entre reclamar una vivienda digna y exigir salarios capaces de sostener nuestras vidas. Al contrario: son dimensiones de una misma lucha.
Por eso importa recordar dónde y contra quién se hace una huelga general. No consiste, fundamentalmente, en acudir a una manifestación multitudinaria, aunque su masividad pueda demostrar la extensión del descontento. Una huelga se hace en los centros de trabajo, interrumpiendo la actividad y la producción, y se dirige contra la clase capitalista y los Gobiernos que garantizan sus intereses. Es allí donde una mayoría que habitualmente aparece dispersa, fragmentada por empresas, contratas y sectores, puede reconocerse como fuerza colectiva. La cuestión decisiva es cuántas plantillas se organizan para parar, cuántos centros discuten colectivamente sus reivindicaciones y cuántos vínculos permanecen cuando termine el 11 de noviembre.
Lo que quede en pie después del 11N debe servir para algo más que para preparar la siguiente protesta. Necesitamos construir una oposición obrera, independiente de los cálculos electorales de la socialdemocracia y de las distintas fuerzas que aspiran a gestionar el capitalismo. Una fuerza organizada que no subordine sus reivindicaciones a la estabilidad de ningún Gobierno y que sea capaz de enfrentarse a las políticas del capital, gobierne quien gobierne. No hablamos de una oposición meramente parlamentaria ni de un gesto testimonial, sino de articular una capacidad de lucha sostenida, capaz de unir conflictos dispersos y convertir el descontento en organización. Esa es la medida del éxito de esta huelga general: no solo cuánto consigamos parar el 11 de noviembre, sino con qué fuerza estaremos preparados para luchar el día 12.