Lunes, 24 de enero de 1977. En un despacho laboralista de la calle Atocha se celebra una reunión de coordinación de abogados de barrio, encargados de la defensa de los problemas populares en las zonas más castigadas de Madrid y de asesorar a más de un centenar de asociaciones de vecinos. Entre las 22:30 y las 23:00 horas, alguien llama a la puerta. Dos pistoleros fascistas, a quienes esperaba un tercero que hacía las veces de conductor, preguntan por el dirigente sindical Joaquín Navarro, dirigente de las Comisiones Obreras de transporte.
Joaquín no está. Las manos en alto, los cables del teléfono cortados, se escapa un disparo, luego dos ráfagas, finalmente el tiro de gracia. Los letrados Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Elías Rodríguez, asesinados. Los abogados Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo y Dolores González, resultan gravemente heridos. Los pistoleros se dan a la fuga.
Son días de plomo. El 20 de enero finalizaba una huelga en el transporte privado madrileño que arrancaba una subida lineal de 5.250 pesetas, una nueva revisión salarial a los doce y dieciocho meses y un incremento revisable de lo percibido por los trabajadores en concepto de dietas. El día anterior habían sido detenidos cinco huelguistas. El poder del sindicato vertical se tambalea, y con él la conocida como mafia del transporte. El movimiento obrero sale victorioso.
Las calles arden. La crisis económica golpea a las grandes mayorías obreras de nuestro país: paro, inflación, represión… El 23 de enero se celebra una manifestación por la amnistía de los presos políticos. En las proximidades de Callao es asesinado a tiros el estudiante Arturo Ruiz García. Solo tenía 19 años. Los Guerrilleros de Cristo Rey son los responsables. Se convoca de inmediato una manifestación de protesta para el día siguiente, en la que la policía armada hiere mortalmente con un bote de humo a la estudiante María Luz Nájera, que fallecerá un día después.
Se suceden las conspiraciones y crece la tensión. El 15 de diciembre de 1976 se había aprobado en referéndum la Ley para la Reforma Política, la última de las Leyes Fundamentales del Reino, constituida como pivote legal que permitiría una transición que, siguiendo el consejo de Torcuato Fernández Miranda, Presidente de las Cortes franquistas, se produciría “de la ley a la ley a través de la ley”. Un día sí y otro también se habla sin cesar del ruido de sables en los oscuros cuarteles del franquismo. Los cambios que se perciben en el horizonte no agradan a la cúpula militar. La posible legalización del PCE se encuentra tras el telón de fondo. Grupos fascistas como Fuerza Nueva, los Guerrilleros de Cristo Rey o la Triple A, en abierta complicidad con elementos de la seguridad del Estado, tratan de sembrar el terror.
En minas y fábricas, sin embargo, en oficinas y centros de trabajo, institutos y facultades, en los barrios obreros, en asociaciones de vecinos, culturales y deportivas trabaja y crece el Partido. El Partido, nombrado así, sin necesidad de más referencias. El Partido Comunista de España, clandestino pero tan presente que cualquiera sabe de qué se habla al hablar u oír hablar de él, aún sin que se diga su nombre. Tras cuarenta años de lucha clandestina contra el franquismo, el sindicalismo de nuevo tipo que representan las Comisiones Obreras gana fuerza y se terminan por asociar indisolublemente las reivindicaciones más inmediatas con la caída de la dictadura.
Uno de esos frentes, uno de esos espacios en los que avanzaba la libertad, eran, precisamente, los despachos de abogados laboralistas, en los que, como sucedía en Atocha 55, jóvenes abogados comunistas —estrechamente vinculados a CCOO—, atendían cientos de trabajadores que hacían cola a sus puertas, asesoraban al movimiento sindical de los grandes centros de trabajo, al movimiento vecinal que ganaba fuerza en los barrios populares, etc. Y allí, en una de las maratonianas sesiones de trabajo en las que retorcían hasta lo imposible el ordenamiento jurídico franquista, haciendo avanzar la lucha sindical, social y política lo máximo que eran capaces, fueron cobardemente asesinados cinco compañeros.
El gobierno de Adolfo Suárez teme una reacción en cadena. Teme que, de una u otra forma, pueda desatarse lo que, como había anunciado el Caudillo en su discurso de la Navidad de 1969, había quedado “atado y bien atado”. Tratan de que el funeral se celebre en la más estricta intimidad, pero el Partido no acepta y sucede entonces uno de esos hechos que solo son posibles cuando lo viejo y caduco no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. El Estado reconoce que no podrá garantizar la seguridad en el entierro y, entonces, el Partido asume el mando y organiza el servicio de orden.
El funeral se convierte en una inmensa manifestación antifranquista en la que más de cien mil personas gritan contra el fascismo en silencio. En una serena exhibición de organización y disciplina, miles de militantes comunistas, aún en la ilegalidad pero arropados por decenas de miles de trabajadores de todo tipo y condición, despiden a sus abogados, con el puño en alto, entre un sinfín de claveles rojos y rabia contenida. Cuarenta años después, Madrid se convertía de nuevo en capital de lucha, en la capital del ¡No pasarán!
El 15 de marzo de 1977 se detiene a los asesinos, al menos a parte de ellos. Comienza la instrucción en la Audiencia Nacional. Se encarga del asunto el magistrado Rafael Gómez Chaporro, procedente del Tribunal de Orden Público, encargado de enjuiciar lo que el franquismo consideraba delitos políticos desde 1963 hasta ese mismo mes de enero de 1977. La cosa, como resultaba evidente, no podía terminar bien. Uno de los asesinos se fuga mientras se encontraba en prisión preventiva, aprovechando un permiso concedido por el citado juez en abril de 1979, por tanto, no llega a ser juzgado y, desde 1997, los cargos que se le imputaban han quedado prescritos. Otro de ellos huyó a principios de los años 90, aprovechando el régimen de libertad condicional, para ser detenido en Bolivia, en 1996, por tráfico de drogas.
Nunca se esclarecieron completamente los hechos. El llamado Comando Hugo Sosa de la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) no podía actuar sin la complicidad y el soporte de otras instancias, pero los esfuerzos de los abogados de la acusación se encontraron con un muro de silencio y con todas las trabas posibles. Sin embargo, en Italia, investigaciones judiciales relacionaron la matanza de Atocha con la conocida como Operación Gladio, la red clandestina que actúo contra el comunismo en Europa durante la Guerra Fría bajo dirección de la OTAN y la CIA. Sin embargo, el Gobierno del PSOE negó la extradición a Italia del terrorista que aparecía implicado en los hechos. Fuentes periodísticas señalaron entonces que Rafael Vera consideraba que el criminal italiano conocía demasiado sobre los crímenes cometidos por los GAL.
Pero, lo importante a los cuarenta años de este monstruoso crimen, no son los asesinos, de cuyo nombre no merece la pena siquiera dejar constancia. Lo importante es reivindicar a quienes representaron lo mejor de toda una generación de luchadores antifascistas, que hicieron de su vida ejemplo de lucha y dieron voz, en las calles y en los estrados, a aquellos a los que el poder se la había negado. A quienes representaban la lucha que miles de hombres y mujeres de nuestro país libraron durante cuarenta años contra la dictadura fascista.
Algún día toda la verdad saldrá a la luz, por ahora, ni las manipulaciones ni el silencio cómplice de muchos ha logrado borrar sus nombres de la historia. El eco de su voz, expresado en el grito mudo que aún retumba desde su entierro, sigue alimentando nuestra conciencia y algún día terminará imponiéndose.