En febrero de 2019, Ferroatlántica anunció un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de dos años de duración y de carácter rotatorio para los 550 trabajadores que conforman el total de la plantilla de las oficinas centrales y de las tres fábricas con las cuenta en España.
La compañía, que forma parte del Ferroglobe, participada al 55% por el grupo Villar Mir, es uno de los mayores productores mundiales de silicio metal y uno de los principales fabricantes internacionales de ferroaleaciones.
En Nuevo Rumbo, hablamos con Alberto Cordero, miembro del Comité de Empresa de la panta de Boo de Guarnizo, en Cantabria, para conocer más sobre la situación del conflicto. Alberto lleva casi 8 años en la empresa y 5 en el Comité, además de pertenecer al comité europeo y a la sección de seguimiento de todos los acuerdos a nivel nacional.
Lleváis desde diciembre bajo un ERTE, ¿cuál fue la justificación de la empresa para su aplicación?
La empresa alegó motivos económicos, organizativos e industriales; se justificaron diciendo que económicamente andaban mal, que había subido el precio de las materias primas y que tenían que organizar a la plantilla de forma que, si bajaba el trabajo, no hubiera un excedente de personal.
Además, en enero os plantean una bajada de salario, ¿cuál ha sido la respuesta por parte del Comité de Empresa y del conjunto de la plantilla?
Desde el primer momento, la respuesta del Comité de empresa (USO, SU, CCOO y UGT) ha sido negativa. Nos plantearon un descuelgue de un acuerdo marco que estaba firmado 11 meses antes en Madrid, mediante el cual no nos pagaban el 2,3% de la subida que teníamos pactada para 2020, además de otra serie de medidas que, concretamente en nuestra planta, sumaban un 26,8% de descuento salarial.
La situación de Ferroatlántica se suma a la de otras empresas del sector que atraviesan una oleada de despidos, ERES y cierres, ¿qué está ocurriendo?
Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo es que desde Bruselas se ve el “bono de interrumpibilidad” como una subvención encubierta y entonces el Gobierno tiene que buscar una serie de medidas para ser competitivos con el resto de empresas del mismo sector en el resto de Europa, las cuales están trabajando con una energía mucho más barata, sin necesidad de tener esa medida de interrumpibilidad, bien sean descuentos de peajes de energía, de servicios, de mantenimiento, costes, etc. El problema es que el megavatio cuesta unos 10 euros más barato en Francia o unos 12 en Alemania, con respecto a España. Otro de los problemas es que, debido a los aranceles de EEUU a China, se introduce mucho más producto asiático en Europa y no somos competitivos.
Parece que la dinámica de Cantabria, es extrapolable a todo el país, puesto que el sector industrial ha ido perdiendo importancia en las últimas décadas, desde la entrada de España en la UE. ¿Crees que la política industrial de la UE está perjudicando al sector en nuestro país?
Por supuesto. Empezó con la ganadería, siguió por la pesca y nos quedaba la industria y se la están cargando. Cantabria no puede ser turística. Cantabria tiene que ser ganadera, pesquera e industrial.
En este momento, en que la alternativa pasa por la lucha y la organización ¿Cómo ves el futuro de Ferroatlántica y de la industria en Cantabria?
En primer lugar, creo que el futuro de Cantabria no depende de Cantabria, sino del Gobierno central y de la Unión Europea. Por otra parte, pienso que en Cantabria no somos tan luchadores como en otras partes de España, como nuestros compañeros gallegos, donde se lucha por cuestiones más pequeñas que las nuestras.