En la última campaña electoral hemos escuchado prometer a los candidatos de Unidas Podemos, sentados hoy en el Consejo de Ministros, una eléctrica pública para competir contra los grandes monopolios del sector y dar así cobertura a quienes no puedan pagar el precio del mercado. Lejos han quedado ya los tiempos de asalto a los cielos en los que se planteaba la nacionalización de las eléctricas para garantizar el acceso al consumo de toda la población.

En el acuerdo de gobierno entre el PSOE y UP mucha transición energética al más puro estilo capitalismo verde, pero ni rastro de esa empresa pública de la que hablara UP. Será una de tantas concesiones en el altar del posibilismo. No es la primera vez que desde posiciones de gobierno, las fuerzas del entorno de UP se dejan la creación de entes públicos en el tintero. El gobierno municipal de Ahora Madrid no tardó ni un mes en renunciar a su promesa electoral de poner en marcha un banco público, al fin y al cabo, el programa era “un conjunto de sugerencias” en boca de Manuela Carmena, sin “implicación programática activa” o lo que es lo mismo, sonaba muy bonito en campaña para ganarme tu confianza, pero era tan solo un señuelo.

No es, a pesar de la introducción, objeto principal de este artículo atacar las falsas ilusiones que pregonan en campaña la vieja y nueva socialdemocracia. El objetivo es el de señalar los límites de la gestión directa de los servicios en el marco del capitalismo, de cómo lo público, por el mero hecho de serlo, no garantiza políticas que respondan a los intereses del pueblo trabajador.

Resistir las embestidas privatizadoras, de lo poco que queda en las administraciones sin haber sido entregado al capital privado, es muy necesario y recuperar aquello que está en manos de las empresas supondría también un gran avance en la ininterrumpida pugna entre la satisfacción de nuestras necesidades y los beneficios de la patronal. No obstante, si no cambiamos de base el sistema, organizando toda la producción social para cubrir dichas necesidades, deshaciéndonos de la burguesía y tomando los trabajadores las riendas de un país que cada día ponen en pie, nada garantiza que la situación se revierta o que se acabe beneficiando a otro sector o monopolios nacionales o extranjeros.

Ahí tenemos los casos de nacionalizaciones de bancos en el proceso de reestructuración bancaria o de las autopistas de peaje en quiebra, procesos que tenían su razón de ser en el saneamiento de las cuentas empresariales, asumiendo el Estado las deudas y preparando el terreno para su privatización cuando vuelva a ser rentable a la inversión privada. Queremos nacionalizar los sectores estratégicos de la economía, pero esto se parece muy poco a lo que proponemos los comunistas.

Aquí es donde llegamos al contenido fundamental de este artículo, nos asomamos al complejo entramado del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para denunciar que este conglomerado que organiza y regula el transporte de viajeros por carretera y ferrocarril en la Comunidad sirve principalmente a intereses privados, a pesar de ser un organismo público dependiente de la Comunidad.

Una vez que nos abrimos paso entre su enrevesada red de convenios entre administraciones, con ayuntamientos y otras comunidades para organizar el servicio urbano e interurbano de autobuses, con el Ministerio de Transportes para regular la integración del Cercanías en la red, con empresas públicas como las EMT de Madrid o Fuenlabrada y el Metro y las concesiones a empresas privadas, encontramos cómo, pese a su carácter público y su función rectora y centralizadora del transporte, el CRTM es el brazo ejecutor de la Comunidad de Madrid para privatizarlo.

Además de la apuesta decidida por la privatización de infraestructuras como la red de intercambiadores o de servicios enteros como el Tranvía de Parla, el Metro Ligero, tramos de las líneas 8 y 9 de Metro (en manos principalmente de fondos de inversión extranjeros) y las 444 líneas de autobuses interurbanos (explotadas por un puñado de monopolios como ALSA o Avanza), el papel más perverso en esta apuesta por la privatización lo encontramos en los mecanismos de compensación tarifaria, que permite en la práctica inyectar cuanto dinero haga falta a las empresas concesionarias, garantizando sus beneficios por encima de las necesidades de transporte, reduciendo el presupuesto para las empresas públicas de transporte y/o para otros servicios.

El transporte de viajeros en la Comunidad es uno de los grandes melones que queda por abrir al sector privado, acuciado por la necesidad de invertir capital ante los signos cada vez más evidentes de desaceleración económica. El grado de privatización es distinto en cada servicio y las luchas entre plantilla y patronal son recurrentes, Avanza Interurbanos, ALSA, Tranvía de Parla… pero es sin duda el Metro y la EMT de la capital el foco principal de los ataques. La gran respuesta de la plantilla de la EMT ante los planes del Ayuntamiento de Almeida deben servir de ejemplo y estímulo en el sector, para oponerse de forma unitaria y al unísono a los planes de las distintas administraciones que apuestan por un transporte público al servicio de las cuentas de resultados de unos, en detrimento del transporte público que necesitamos el pueblo trabajador.

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