El sábado 25 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 10/2018, que modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007 en dos preceptos, uno de ellos para añadir que en el Valle de los Caídos solo puedan “yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”. Por esta razón se procedería a la exhumación de los restos de Franco, muerto en la paz del “todo atado y bien atado”, cuarenta años después.

El decreto ha sido, posiblemente, el gesto político más destacado del verano para el nuevo gobierno socialdemócrata. El más destacado por la polémica suscitada, siempre tan bienvenida en los meses estivales. Por las tertulias televisivas se han paseado con total naturalidad voceros del franquismo. PP y Ciudadanos, en su disputa por la derecha y extrema-derecha española, se han lanzado también con vigor al candelero mediático, poniendo en evidencia su raigambre e inspiración fascista. Los orígenes son los orígenes. Todo el ruido le está viniendo bien al PSOE, que se presenta como puros demócratas de toda la vida ante el argumentario reaccionario y fascista. La política de gestos, se está viendo claro, la dominan bien. Pero, como con la ley de Memoria Histórica de Zapatero, el gesto y la oposición de derechas ayudan a la implantación de este tipo de cambios legislativos, que promueven la construcción de un relato histórico revisionista y de un discurso político totalmente oportunista. Porque en el fondo a ambas familias del capital beneficia la ficción del discurso de reparto de responsabilidades, de las “atrocidades” de los “dos bandos” y, en definitiva, de la reconciliación nacional. En el contexto actual, el engalanamiento democrático viene cortado por las medidas de la democracia militante, que lo mismo te exhuma al dictador que te conculca los derechos civiles más básicos o te reprime a los obreros en huelga.

El hecho de exhumar a Franco y dejar enterrado a José Antonio, considerándolo víctima de la guerra, deja de manifiesto el cinismo y la falta de respeto de la socialdemocracia por la verdadera memoria democrática de los trabajadores de España. Es una de esas paradojas que sirve para comprender que los gobiernos del capital no pueden coincidir en sus intereses con la clase obrera y los sectores populares, ni siquiera cuando pueda parecerlo. Porque siempre hay una vuelta de tuerca, siempre un objetivo que pretende perfeccionar el sistema de explotación capitalista. En este caso, bajo la retórica de condena del fascismo se esconde el discurso de la reconciliación y de la equiparación de responsabilidades.

El Valle de los Caídos es un monumento al fascismo, desde su construcción por mano de obra esclava de presos republicanos, hasta el día de hoy y por siempre mientras exista. Es lo que es y no puede ser otra cosa. No hay reconciliación que valga. Mientras existe capitalismo, mientras persiste la explotación de los trabajadores, no cabe más que la confrontación de clases y la lucha por el poder. En el Valle de los Caídos permanecen aún los restos de miles de represaliados antifranquistas, esos son los que deben exhumarse prioritariamente y darles digna sepultura. Porque el Valle de los Caídos, con o sin Franco allí enterrado, es un emolumento al fascismo que debe ser demolido. La memoria de los luchadores antifranquistas solo así comenzaría a verse resarcida. El homenaje que tanto merecen y está por llegar será el día que los obreros ostenten el poder en España, ese será el último día del Valle de los Caídos. Y llegará, llegará al grito de “No Pasarán”.

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