Paros en el Metro de Madrid, con motivo de la lucha contra el amianto.

Durante el pasado mes de mayo se han sucedido las movilizaciones para denunciar y buscar soluciones a la situación por la que atraviesan todas aquellas personas que han sido expuestas al amianto durante años y exigir que se tomen medidas de reparación. Pero también para acabar con la exposición actual de más trabajadores y trabajadoras. Es conveniente recordar aquí que en la actualidad se produce un bloqueo que dura más de dos años del Proyecto de ley para la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.

El amianto es un mineral con unas características excepcionales de resistencia y durabilidad que fue usado con consecuencias letales y de forma masiva durante décadas, sin seguir un mínimo principio de precaución científica, en la industria, el transporte y la vivienda. Por eso hoy en día existe aún una gran cantidad de espacios donde convivimos con ese asesino: en los falsos techos de muchas viviendas, en tejados de amianto-cemento, en placas aislantes, en baldosas de suelo, en los frenos y en las juntas y embragues de los vehículos, en las canalizaciones de agua…

Estamos pues ante otra muestra más de la temeridad de un sistema económico que se basa en la ausencia de controles, en la propagación de estudios falsificados y en la posterior ocultación de los riesgos. Un sistema que prima el obsceno afán de lucro de empresas como Uralita, que han demostrado un total desprecio por la vida de sus trabajadores y de la población en general.

Podemos decir, además, sin caer en ningún tipo de exageración, que en torno al amianto existe una especie de conspiración de silencio favorecida por grupos financieros que tienen una gran capacidad de presión y la ejercen.

Por centrarnos en España, por el Consejo de Administración de Uralita han pasado personajes como Javier Godó Muntañola, José María Navarro Oliva, Raimundo Bruguera y el propio Juan March. Qué decir de todos ellos y en especial de la familia March, que siempre se aseguró un lugar al calor del poder, como cuando financió la sublevación fascista de Franco contra la República. Cuando el Grupo March se desprendió de su participación en Uralita a mediados de los 90 lo hizo vendiéndosela a varios fondos de inversión europeos encabezados por Scottish Widows. Uralita reparte ahora sus principales paquetes de capital entre diversos fondos de inversión.

Con el caso del amianto volvemos a encontrarnos frente a la defensa del derecho fundamental a la salud en una sistema que no la garantiza. Una defensa que deberemos hacer, como tantas otras veces, desde el lado del trabajador y sabiendo que tendremos enfrente a una caterva de empresarios, directores de personal, médicos de empresa y de la seguridad social, mutuas de accidentes de trabajo, jueces, etc. que se encargarán de negar cualquier evidencia a fin de ocultar que la enfermedad adquirida por el trabajador es consecuencia de la exposición al amianto.

Por ello, desde el PCTE estamos junto a los trabajadores y a su articulación ayudando a desenmascarar a los causantes del problema y a todo ese ejército de mercenarios que los protegen. Y felicitamos el éxito de unas movilizaciones que han implicado a trabajadores y trabajadoras de Metro de Madrid, de CAF Beasaín, CAF Zaragoza, CAF Irún, CAF Madrid, Metro Bilbao, Metro Barcelona, Metro de Valencia y Euskotren.

El amianto mata y lo hace produciendo graves enfermedades como cáncer de pulmón o de pleura entre otras, y que en ocasiones pueden aparecer después de muchos años tras su exposición. No toleremos ni un minuto más que sigan jugando con nuestras vidas. Digámoslo claro: el amianto mata y existen responsables.

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