La “negociación” para la investidura de Pedro Sánchez, que nadie sabe realmente si va en serio o es una broma para entretenernos el verano, tuvo un nuevo episodio cuando, a mediados de agosto, PODEMOS le remitía al PSOE un documento titulado “Propuestas para recuperar el diálogo”. Entre muchas de esas “propuestas”, una de las más llamativas era la que proponía “derogar la reforma laboral de 2012”, propuesta que inicialmente el PSOE había llevado en su programa, que Pedro Sánchez había prometido por activa y por pasiva mientras era oposición, pero de la que no se había vuelto a oír nada.

Así, con una “propuesta” veraniega a mediados de agosto, como si no quisiera la cosa, nos encontramos con la constatación de que las dos alas de la socialdemocracia española están dispuestas, para entenderse, a olvidar que en 2010 hubo una durísima reforma impulsada y aprobada por el PSOE de Rodríguez Zapatero. Sí, el mismo que recomendó a Pablo Iglesias pedirle a Sánchez las políticas activas de empleo a finales de julio.

Nadie duda de que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en febrero de 2012 sea una de las más grandes agresiones sufridas por la mayoría trabajadora de nuestro país. Pero es sumamente llamativo que ya nadie en el mundo político y sindical parezca recordar que, durante el período Zapatero, se produjeron varios ataques durísimos, especialmente en 2010 y 2011, que supusieron no sólo el abaratamiento generalizado del despido, sino también el desbaratamiento del modelo de negociación colectiva (con el apoyo del PNV) que abrió la puerta a los descuelgues de empresas y a la no ultraactividad de los convenios. Zapatero, el PSOE, puso en marcha lo que convenía a la patronal española para tratar de capear la crisis capitalista a costa, cómo no, de la clase obrera. Al mismo tiempo que aprobaba (con el apoyo de CiU) el retraso de la edad de jubilación a los 67 años.

Pero no debemos olvidar que las sucesivas reformas laborales que ha padecido la mayoría trabajadora en las últimas décadas forman parte de un mismo proceso de empeoramiento generalizado de sus condiciones de trabajo y de vida. Un proceso concienzudo de desmantelamiento de las conquistas laborales y sociales que, en toda Europa Occidental – incluso en la España franquista – se lograron gracias al terror que causaba en los capitalistas el ejemplo soviético y de las democracias populares del Este europeo. Un proceso encaminado no sólo a lograr que el precio de la fuerza de trabajo sea cada vez más barato, sino también a que esa fuerza de trabajo esté a plena disposición del patrón cuando se la necesite y en las condiciones y términos que a la patronal le interese.

Generalización de los contratos a tiempo parcial y temporales, despido más barato, menos cuotas empresariales a la Seguridad Social, mayor poder disciplinario y sancionador del empresario, desmantelamiento de la negociación colectiva y un sinfín de ataques que van a continuar, con total seguridad, en ese nuevo Estatuto de los Trabajadores que está ya planteando Pedro Sánchez.

Frente a estas nuevas agresiones, y frente al evidente riesgo de una nueva traición y engaño de la socialdemocracia a la clase obrera y a la mayoría trabajadora de nuestro país, es necesario insistir en que la reforma de 2012 no se entiende sin la de 2010. Que ambas no sólo son parte del mismo proceso general de ataque contra los derechos laborales, sino que además constituyen específicamente la aplicación de las medidas de choque que exigía el capitalismo español para tratar de superar su gravísima crisis. Dicho en plata, la reforma de 2012 continuó y agrandó la senda abierta por la de 2010.

Por eso es tramposo debatir únicamente sobre la derogación completa o parcial de la reforma de 2012 mientras se obvia la de 2010 y todo el proceso en el que se insertan ambas. Como punto de partida, la exigencia del movimiento obrero y sindical no puede ser otra que la derogación inmediata de ambas reformas, junto con toda la legislación que las ha ido ampliando desde el estallido de la crisis capitalista. Esa normativa es, simple y llanamente, la plasmación legal y real de que la crisis capitalista la hemos pagado los trabajadores y trabajadoras, de que los capitalistas han remontado su crisis a nuestra costa.

Es hora de que el movimiento sindical recupere el pulso y la autonomía frente a las fuerzas socialdemócratas y que haga frente, en su conjunto, a todo el proceso de depauperización de la mayoría trabajadora, agravado durante la crisis, para abrir una nueva etapa de recuperación de derechos laborales, sindicales, sociales y democráticos que únicamente se podrán garantizar rompiendo con el capitalismo y no sometiéndose, ni a él ni a sus gobiernos.

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