Hace unas semanas era el 43 aniversario de la matanza de Atocha, una muestra de la violencia del sistema contra todos y todas las que ayudan al pueblo trabajador. Por un lado, el hecho propio del atentado y los asesinatos que no fueron impedidos ni investigados con profundidad. Por otro lado, el proceso judicial posterior, que acabó con un responsable que no llegó a ser juzgado, otro fugado durante un permiso (y que no ha sido aún extraditado) y otro que tras 15 años de cárcel obtuvo la libertad condicional. Este hecho es una muestra de algo que ya sorprende a muy pocos: la justicia no es igual para todos.

¿Qué podemos esperar del nuevo Ministro de Justicia y la nueva Fiscal General? La cual ya rechazó la reforma a favor de ampliar la Justicia Universal, aquella que permite juzgar en España cierto tipo de delitos, aunque se cometan en el extranjero, a pesar de la opinión favorable de la comisión de expertos. Poco podemos esperar de estos nuevos representantes de la justicia.

Con datos de 2018, en los que 816 diligencias de investigación por delitos de siniestralidad laboral se archivaron, y que de 999 diligencias que se incoan solo 596 tienen escritos de acusación del Ministerio Fiscal, poca esperanza hay de que la actual Fiscal General impulse una mayor iniciativa en las diligencias de investigación sobre accidentes laborales, por ejemplo.

Pero no solo en el plano de la actuación de la fiscalía o en el colapso de los Juzgados y el fracaso de su digitalización, existen problemas. A todo ello se suma un servicio de justicia gratuita infravalorado.

Dicho servicio sirve al estado para ponerse medallas de compromiso por ejemplo en la lucha contra la violencia de género, pero la realidad es que los pagos son irrisorios, pagando, por ejemplo, menos de 70€ por un día de guardia de asistencia a víctimas de violencia de género.

Además, en la justicia gratuita está presente el compromiso social de la abogacía con la clase trabajadora y los sectores más desprotegidos en el capitalismo. Se trata de defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras frente a los abusos de las empresas o de la administración, cuando aquellos no tienen recursos para contratar servicios privados, o de denunciar por abusos contra el consumidor, como las cláusulas suelo. Además, se trata de defender, frente a los abusos del Estado, a aquellos a quienes nadie más defiende, como los internos en centros penitenciarios que sufren maltrato por algunos funcionarios.

El espíritu de los compañeros asesinados en Atocha hace 43 años sigue vivo hoy en cientos de letrados que, a pesar de las dificultades, continúan defendiendo al pueblo trabajador de los abusos del Estado, frente a unos ministros y fiscales que siguen sin actuar a favor de la clase trabajadora.

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