Diariamente escuchamos pomposas promesas de recuperación, lemas como «yo me quedo en casa» y llamadas a que se cumplan las medidas que este gobierno ha diseñado. Hemos superado los dos millones y medio de afectados por ERTE y hemos superado ampliamente el millón de despidos. Sin ningún lugar a dudas estamos ante una situación que será estudiada en el futuro como uno de los momentos más relevantes de la década de los veinte y posiblemente del siglo XXI.

Sin embargo, lo más significativo es la rápida adaptación que estamos teniendo ante esta nueva situación, sin valorar siquiera las consecuencias que va a tener sobre nuestras vidas en un futuro próximo. El Homo homini lupus se cae en todo su significado, para dejar paso a un homo oeconomicus displicente, que a su vez se convierte en homo, ser humano, que vuelve la mirada a su tribu. Somos seres sociales y, como tales, buscamos la solución a nuestros miedos en la propia sociedad. No obstante, esa displicencia deja clara cual es la realidad ante esos miedos. Esta, nuestra sociedad, puede dejarnos atrás. Lo hemos visto anteriormente.

Para el pensamiento económico dominante, la economía actual es un sistema autosuficiente, que se autorregula y es capaz de llegar a la perfección mediante el mercado. Esta es la opinión de la mayor parte de la prensa y de instituciones como el Banco de España, el BCE o el FMI. Esta opinión resulta válida para la economía de bienes de consumo, para el mercado de trabajo, los mercados financieros o incluso para los servicios públicos. El problema de esta opinión es, por supuesto, que es una opinión que se basa en un modelo puramente teórico.

Volviendo a la crisis actual, lo que ha determinado el tiempo político ha sido la excepcionalidad y la urgencia de las medidas. Se ha cambiado de rumbo constantemente, en un dialogo nada inocente entre el gobierno y los poderes económicos. La afirmación «la crisis acabará» se fundamenta en una fe casi ciega en la economía. Lo normal es el crecimiento, lo anormal, los periodos de crisis. En un momento histórico como el actual, hablar de vuelta a la normalidad es pecar de optimismo e ingenuidad.

Históricamente, la clave de los programas socialdemócratas ha sido empleo, ciudadanía y propiedad pública. Ante la renuncia a conquistar el poder económico solo queda paliar sus consecuencias y mejorar las condiciones laborales, todo ello en la senda del pleno empleo, pero renunciando a intervenir en la contratación. La ciudadanía y la propiedad pública son conceptos entendidos y relacionados con el estado del bienestar y sus servicios públicos.

Lo que conocemos por políticas de empleo no son políticas enfocadas en la creación de empleo. Son políticas dirigidas a precarizar las condiciones de trabajo. Es este el motivo por el cual las prestaciones de desempleo están condicionadas a la búsqueda de un empleo que es producto del chantaje, cuando no directamente de la amenaza y la coacción. No es lo mismo empleo que contratación y utilizar la triquiñuela de llamarlo de la misma manera es hacer trampas. Y esto queda meridianamente señalado en todo tipo de movimientos y luchas que la clase obrera lleva adelante desde hace décadas. La socialdemocracia traslada la falsa idea de unos servicios públicos para todos, cuando es evidente que la renta determina su uso. Lo público no es parte de un proyecto anticapitalista y es parte de una sociedad con unas leyes económicas concretas.

Han llevado hasta la irrelevancia a las clases sociales, hablando de ciudadanía, sin tener en cuenta los límites y las delimitaciones sociales que van determinadas por el acceso a la renta mediante el empleo. La forma en que se produce y se distribuye la riqueza de la sociedad supedita cualquier política diseñada a los intereses de esa minoría que está perfectamente organizada como clase social.

Después de la alerta sanitaria llegará la crisis económica. Y esa crisis será de consecuencias profundas y dolorosas porque el estado se va a encontrar en bancarrota. Volveremos a los paquetes de austeridad, a medidas que tenderán a garantizar a medio plazo los intereses de los poderes económicos mediante reformas del mercado de trabajo y el desmantelamiento de los servicios públicos. El problema que se presenta, por tanto, no es si va a existir o no un conflicto social. Es casi seguro que lo habrá. El problema es que toda esa indignación se canalice por los cauces políticos y parlamentarios actuales o que se convierta en un simple problema de orden público que termine por reforzar las propias instituciones. El reto está en que una parte importante de la clase obrera sepa y pueda organizarse para articular una defensa ante la crisis que viene. Porque si hay algo evidente es que el actual gobierno ha manejado la situación como si la posibilidad de una crisis económica no fuese algo plausible. Y no ha tomado ninguna medida para este supuesto. Sus políticas de empleo van a tener como consecuencia la precarización de las condiciones laborales y salariales cuando millones de parados demanden empleo.

La relación de fuerzas actual es francamente desfavorable. Partiendo del nivel de sindicación, pasando por las líneas sindicales actuales, la competencia territorial y la confianza ciega en ciertos actores políticos, el trabajo de posicionar a la clase obrera española en defensa de sus propios intereses es de proporciones gigantescas. El reto, una vez más, está en ser capaces de explicar la necesidad de encuadrarse en estructuras sindicales para que la clase obrera se presente en la realidad laboral como un grupo social con intereses propios. Frente a las políticas de empleo socialdemócratas, la defensa de la renta es una política de defensa del empleo desde estructuras sindicales. Esta es la primera estación en el camino. Es preciso explicar que la economía no está hecha de consensos inquebrantables y de puntos de no retorno. El interés de la clase obrera es, en primera instancia, acceder a la renta mediante el empleo. Lo que sucede después con la riqueza generada con ese empleo es otra cosa que también habrá que abordar y saber explicar.

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