La discusión sobre lo que llaman “ingreso mínimo vital” empieza a generalizarse. Frente a quienes tratan despectivamente la medida tildándola de “paguita” y quienes parecen ver en ella la nueva piedra filosofal, lo esencial en este momento es explicar a qué intereses obedece esta medida y con qué objetivos se va a aprobar.

En primer lugar, es conveniente no dejarse atrapar por la polarización política parlamentaria -y mediática- que nos acaba llevando siempre a enredarnos en falsos dilemas de los que, generalmente, nada bueno suele salir para la mayoría trabajadora de nuestro país. No se trata aquí de salir a defender o a atacar esta medida en función de quién la propone, sino de analizar para qué se propone y cómo atiende al contexto actual de desarrollo capitalista en España.

La crisis económica que ha estallado es sumamente grave. Nadie lo niega y sólo hay divergencias entre políticos e intelectuales defensores del capitalismo en cuanto a su profundidad, su duración y la forma de enfrentarla de manera que las bases esenciales del sistema capitalista sigan en pie tras el vendaval.

Ahora mismo, el ingreso mínimo vital es parte nuclear de esa tercera materia de disquisición y confrontación entre defensores y promotores del capitalismo. Como suele ocurrir en todos los falsos dilemas que nos plantean socialdemócratas y liberales, se detecta una especie de síndrome de Estocolmo en buena parte del movimiento obrero y sindical que, hegemonizado por las posiciones reformistas desde hace décadas, no sabe o no quiere realizar análisis propios sobre medidas que surgen de la socialdemocracia.

Además, en estos tiempos en que política y socialmente priman el relato y apariencia, toda medida presentada inicialmente como a favor de los desfavorecidos va siempre acompañada de una fuerte campaña de marketing, bien aireada por el entorno mediático correspondiente, destinada a deslindar campos -siempre dentro del esquema parlamentario- y colocar en el terreno enemigo a quienes manifiesten sus reservas ante los objetivos que se persiguen y las condiciones en que se formulan algunas propuestas.

La realidad es que, a día de hoy, son decenas de miles los hogares españoles que recurren a bancos de alimentos y similares. Se han multiplicado las cifras en todas las Comunidades Autónomas en el primer trimestre de 2020 y vamos camino de que los datos de la crisis de 2008 sean ampliamente superados en un tiempo récord. Es evidente que hay un empobrecimiento generalizado de la población y que es un problema gravísimo, pero debemos plantearnos hasta qué punto ciertas medidas están pensadas para acabar con esa situación o para cronificarla.

Conviene situar el hecho de que la crisis económica no es consecuencia de la pandemia de la Covid-19, sino que la pandemia ha acelerado y adelantado el estallido de una muy profunda crisis capitalista cuyas bases son las mismas que en todas las crisis anteriores aunque haya sido distinto el factor que, en cada caso, las ha hecho estallar. Se trata de una nueva crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capital que es inherente a la propia dinámica del capitalismo y a las contradicciones esenciales sobre las que éste se desarrolla.

La gestión capitalista de la crisis anterior no alteró las relaciones capitalistas de producción, sólo las reforzó. Cabe recordar aquí que ningún tipo de gestión capitalista, ni socialdemócrata ni liberal, podría haberlo hecho, ya que es precisamente la garantía del mantenimiento de esas relaciones de producción lo que justifica su existencia, aunque sea con enfoques diferentes.

La crisis anterior se saldó, entre otras cosas, con un reforzamiento de la propiedad privada de los medios de producción y con un incremento notable en la extracción a los trabajadores de plusvalía absoluta y relativa, implantando o ampliando algunas figuras legales destinadas a garantizar una mayor rentabilidad y flexibilidad para la patronal en la explotación de fuerza de trabajo.

La ampliación del recurso a la subcontratación, el uso creciente de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación, la proliferación de empresas multiservicios, el rápido crecimiento de las empresas de “economía colaborativa” y de los falsos autónomos son algunas de las consecuencias de la crisis anterior, presentadas muchas veces como elementos propios de “mercados laborales modernos, flexibles y dinámicos”.

A la patronal, a los capitalistas, les interesa generalizar un modelo de relaciones de trabajo en el que la fuerza de trabajo se contrate únicamente cuando es imprescindible y durante el tiempo que es imprescindible. “¿Para qué cargar con costes salariales y de cotizaciones por horas, días o épocas en las que el trabajador no está en la empresa o cuando el nivel de producción no necesita de tantos trabajadores?”, es la pregunta que se hacen muchos integrantes de la CEOE. Es lo que conocemos como “uberización”.

En los últimos años se han dado pasos de gigante en la implantación de este modelo en la conciencia de la población. Se ha presentado, sobre todo entre la juventud, que aspirar a un puesto de trabajo estable y con unas condiciones salariales y laborales relativamente dignas es una idea antigua, desfasada, a la que se le oponen conceptos como la libertad o la flexibilidad. Tener varios empleos a la vez, saltar de un trabajo a otro periódicamente, las posibilidades que ofrecen los minijobs o lo lucrativo que puede llegar a ser dedicar el poco tiempo libre que tengas a hacer de taxista o de transportista con tu vehículo particular gracias a una app son ideas que repiten constantemente ciertos portavoces de la patronal. Por supuesto, ninguno reconoce que, en la práctica, la “libertad” y la “flexibilidad” se traducen inevitablemente en libertad para ejercer la explotación y flexibilidad para el empresario a la hora de alterar unilateralmente todos los elementos de la relación de trabajo.

Hoy son muchos los que ven en la nueva crisis una oportunidad para acelerar el paso y generalizar un modelo que hasta ahora se ha limitado a algunos sectores o a una parte de las plantillas. Aspiran a abatir algunas de las últimas barreras que el Derecho del Trabajo, fruto de una incesante lucha obrera durante décadas, todavía conserva: individualizar la relación laboral al máximo, dejar sin valor la negociación colectiva, recuperar y ampliar la figura del arrendamiento de servicios se combinan con la proliferación de figuras societarias, del outsourcing y de la dispersión productiva para que sea sumamente difícil organizar cualquier tipo de trabajo sindical en las empresas, y no digamos ya el trabajo político.

En ese modelo al que vamos, la relación de trabajo entre empresa y trabajador ni siquiera será una relación laboral contractual, sino una “colaboración” que denota una igualdad entre las partes que no es real. Una “colaboración” cuya ejecución dependerá, exclusivamente, de las necesidades de la empresa, y cuyos costes estarán tan ajustados que se desarrollará durante el tiempo mínimo imprescindible y, por tanto, por una cantidad de dinero mínima que en muchas ocasiones ni siquiera permitirá cubrir las necesidades más básicas del trabajador, garantizar que el trabajador pueda acudir al puesto de trabajo al día siguiente. Vamos, lo que tradicionalmente hemos caracterizado como insuficiencia del salario para cubrir la reproducción de la fuerza de trabajo.

Tales “colaboraciones”, al ser totalmente dependientes de las necesidades de las empresas, podrán ser frecuentes o no, por lo que el trabajador necesitará multiplicarlas, establecerlas no sólo con una empresa, sino con varias, de modo que el trabajador permanentemente tenga que estar pendiente de la posibilidad de trabajar unas horas o unos días, en uno o en varios sitios a la vez, para alcanzar una retribución total que le permita hacer frente a sus necesidades.

Pero no se nos debe olvidar que los capitalistas necesitan hacer efectiva la extracción de plusvalía transformando el capital en forma de mercancía en capital en forma de dinero. Precisamente eso es lo que dificultan las crisis de sobreproducción y sobreacumulación. Necesitan que los mismos trabajadores a los que explotan en condiciones cada vez más ventajosas compren las mercancías producidas por ellos mismos. La mayoría trabajadora sufre una doble condena desde el momento en que la plusvalía extraída en la producción se realiza para el capitalista a través del consumo de esa misma mayoría trabajadora.

Ante esta supuesta paradoja, consecuencia de la propiedad privada de los medios de producción y de la apropiación privada del fruto del trabajo social, aparece como elemento salvador el Estado capitalista y surgen propuestas como el ingreso mínimo vital, funcionales a los intereses capitalistas.

Garantizar desde el Estado unos ingresos mínimos, compatibles además con ciertos ingresos salariales (sumamente bajos e inciertos) permite varios objetivos de la patronal:

– Facilita la reproducción de la fuerza de trabajo sin coste para el capitalista, el salario que paga la empresa no tiene que ser suficiente para pagar alojamiento, comida, vestido y suministros básicos.
– Facilita reactivar o no detener el ciclo de circulación de capital al permitir unos niveles de consumo que los salarios no permiten.
– Acelera la tendencia a la reducción general de los salarios.
– Lo anterior en la práctica lleva a la inutilidad de la negociación colectiva.
– Transfiere de forma permanente costes salariales de las empresas al Estado, asegurando la obtención de una mayor tasa de plusvalía.

Se podría argumentar que, hasta el momento, la patronal se ha opuesto a este tipo de iniciativas. Lo hacen bajo el argumento de su coste para las arcas públicas, entendiendo que la medida será sufragada gracias a una elevación de la tributación sobre las rentas del capital. Pero la realidad hasta el momento desmiente tal temor, ya que la tendencia precisamente es la contraria, hacia un incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo de forma directa y sobre el consumo. Las ocurrencias de última hora sobre la tributación de los mas ricos no niegan esta tendencia.

Más allá de los falsos debates y las imposturas de cara a la galería, las tendencias generales están ahí y se desarrollan con rapidez. Las medidas esenciales que proponen los capitalistas no se alteran significativamente con las respuestas que ofrece la socialdemocracia, sólo se atrasan o se complementan, pero imparablemente se van imponiendo.

El problema reside en la incapacidad de la socialdemocracia para plantear una superación del capitalismo. Han aceptado las reglas de juego que imponen los capitalistas y están incapacitados para formular cualquier planteamiento que no sea de sostén del sistema, independientemente de la retórica que utilicen.

Resistir frente a las constantes agresiones de los capitalistas es una necesidad para el movimiento obrero, pero esa resistencia debe ir acompañada de un horizonte de derrocamiento del capitalismo, de una ruptura con las bases esenciales del sistema que, por su propia naturaleza, no puede existir sin crisis y sin un empobrecimiento general de todos los sectores no propietarios de la población.

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