Siete meses. Solo siete meses nos separan de la retirada del ERTE que Indra quería aplicar al conjunto de la plantilla para sustituirla por otra medida, mucho más dañina para los trabajadores y más rentable para los empresarios, un ERE. Siete meses sometidos en nuestras casas y en nuestros centros de trabajo a un bombardeo ideológico brutal que se puede resumir en: «las empresas no están consiguiendo los beneficios previstos y hay que hacer algo al respecto». Siete meses durante los cuales se ha criminalizado a los sindicatos y trabajadores por no aceptar el ERTE, y amenazando con que en el futuro habría medidas más duras.

Indra, empresa cuyo principal accionista es la SEPI al 18,75 %, ha desplegado toda una serie de medios que ilustran, de una manera cristalina, cómo de fácil es para el capitalismo dar respuesta a la crisis.

El año 2020 parecía iniciarse especialmente bien para Indra: el cierre de 2019 arrojaba los mejores datos económicos desde la anterior crisis capitalista y se repartían primas millonarias entre la dirección. Sin embargo, el inicio de la pandemia sirvió como excusa para comenzar los cambios estructurales que desde hacía tiempo sabían que eran necesarios para adaptarse al contexto económico futuro. Su solución fue lo que denominaron como “ERTES preventivos”; suspensiones de contratos y reducciones de salario, especialmente duros para los salarios más bajos y más comunes en la empresa. O lo que es lo mismo, abaratamiento de las fuerzas productivas y, consecuentemente, un aumento de la explotación. Con menos trabajadores, se debería hacer frente a una carga de trabajo cada vez mayor (especialmente tras el anuncio de proyectos millonarios, como el FCAS, futuro caza de combate europeo del que Indra se coloca como coordinadora en España) y además esos trabajadores cobrarían menos, por lo que estaríamos ante una extracción de mayor plusvalía al reducir los costes salariales. Por otro lado, la falta de una planificación y correcta gestión del paso al teletrabajo supuso que la empresa se esté ahorrando aún más costes al transferir gran parte de estos a los propios trabajadores, incluso en temas tan básicos como la prevención de riesgos laborales. Este hecho ha abierto la puerta a cierres de centros y traslados, como es el caso de Julián Camarillo en Madrid.

Con la complejidad de estar encerrados en casa por la pandemia, los trabajadores y trabajadoras nos organizamos en los sindicatos de clase con el objetivo claro de detener medidas que supondrían que el coste de la crisis lo pagáramos por completo nosotros. Al gobierno no le quedó otra alternativa que posicionarse si quería evitar el estallido social en una empresa estratégica. Nadie duda que la retirada del expediente fue una victoria obrera.

Ahora quieren buscar culpables que justifiquen los despidos. En algo tienen razón. Hay culpables. Pero no somos los “tercos” trabajadores que nos negamos a asumir todos los costes hace siete meses para salvaguardar sus beneficios. Ni tampoco lo son aquellos señalados, sin pudor alguno, porque supuestamente se habían estancado en tecnologías obsoletas o proyectos sin márgenes de beneficios. Cuán sencillo sería, si realmente éste fuera el motivo, reciclar a estos trabajadores mediante una formación profesional adecuada. El único motivo creíble que han dado es que quieren quitarse de encima a los trabajadores que más cobran y mejores condiciones tienen, los cercanos a la edad de jubilación.

Y todo esto lo hemos vivido en apenas en siete meses. El propósito está claro: mantener el margen de beneficios de la empresa; que el capitalista de turno obtenga el máximo de plusvalía posible, apretando cada vez más la soga que asfixia al trabajador. De nuevo quieren cargar sobre nosotros todo el peso de la crisis, de nuevo somos nosotros los que tenemos que «arrimar el hombro». Mientras el Gobierno central, accionista mayoritario a través de la SEPI y principal cliente de Indra, tiene la desfachatez de afirmar que «Nadie se va a quedar atrás», los trabajadores y trabajadoras de Indra sabemos que si no es con nuestra lucha este ERE no se parará, igual que desde los Gobiernos no se están parando los desahucios en nuestros barrios, los cierres de pequeños comercios, y la precarización constante de nuestras condiciones laborales.

En cambio, sabemos que el Gobierno no va a dejar a ningún capitalista atrás, aún pasando por encima de los derechos de sus trabajadores. No obstante, la clase obrera no se lo permitiremos y sí que no dejaremos a ningún compañero ni compañera atrás.

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