En diciembre, la estrategia electoral del PSOE parecía bien encaminada. Tras meses de recuperación en las encuestas de su electorado clásico fugado con anterioridad a Ciudadanos, se disponían a dar el empuje final. Tras la propaganda de las vacunas, el efecto Illa.
En la Generalitat supieron captar el movimiento y aprovecharon la oportunidad que la pandemia les brindaba. Se propuso aplazar las elecciones 3 meses. Ciudadanos vio un salvavidas y también se sumó de forma entusiasta a la iniciativa de los independentistas. En estos meses se obligaría a elegir al PSOE entre mantener a un ministro de sanidad bajo el desgaste de gestionar la tercera ola pensando a la vez en ser el candidato a las elecciones catalanas; o bien remodelar en enero el gobierno, apagar mediáticamente a su candidato y acabar con el “efecto Illa”. Ninguna opción era buena, así que optaron por la vía directa, maniobrar en los tribunales para que éstos doblegaran a la Generalitat y se impusiera la fecha que sólo el PSOE defendía. Si bien el resto de partidos, y especialmente ERC, perdieron la contienda, esto ya ha sido utilizado como arma electoral para situar a los partidos de la Generalitat como los defensores de la salud pública mientras que el PSOE solamente actuaría en interés electoral. La disputa del relato, que se dice ahora.
Bien es cierto que el decreto de la Generalitat era una chapuza jurídica. La ley establece unos plazos claros a la hora de convocar elecciones, así que estos plazos no se pueden paralizar o alargar a voluntad sin una normativa superior. Por otro lado, tampoco se podía, como al final trataron de hacer, anular unas elecciones que la Generalitat no había convocado (lo había hecho el Parlament) y mucho menos dar poderes al vicepresidente para convocarlas de nuevo. Conocedores de que lo que se proponía estaba fuera de derecho, trataron de justificarlo mediante la unidad de todos los partidos políticos. Pensaron que, si todos los grandes partidos están de acuerdo, los tribunales no se opondrán, a pesar de ser ilegal. Pero mientras que el PSC no se atrevió a oponerse públicamente, lo hizo por debajo la mesa, moviendo los hilos para que otros presentaran los recursos y marcando el rumbo a los tribunales hacia sus intereses.
Es de sentido común que celebrar unas elecciones en plena alerta sanitaria no es lo adecuado y lo mejor hubiera sido atrasarlas. Ahora bien, hay que denunciar cómo aquellos partidos que aprovechan ahora para erigirse en los defensores del aplazamiento defienden claramente que los centros de trabajo no esenciales sigan funcionando, que los trabajadores se amontonen en los transportes públicos cada mañana o que se pueda ir a los bares. ¿Desde cuándo ejercer un derecho básico como ir a votar es menos importante que ir a esquiar o ir al cine?
Que nadie te engañe. A ninguno de grandes partidos le interesa lo más mínimo tu salud, sólo se trata del reparto del pastel.