Durante las últimas semanas hemos sido testigos de un nuevo desacuerdo entre los socios del gobierno central de coalición, esta vez en torno a la llamada ‘Ley de Vivienda’ y a las distintas propuestas en torno al control sobre el precio de los alquileres.
El pasado 22 de febrero el Ministro de Transportes, Movilidad y agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, compareció en rueda de prensa para explicar que el gobierno no limitará el precio de los alquileres, sino que abordará la cuestión a través de incentivos fiscales. La propuesta consistiría en una reducción fiscal de entre el 70% y el 90% en función de una serie de supuestos tasados, como que la vivienda en cuestión se alquile a personas jóvenes, se ceda a programas públicos o se reduzca un mínimo el precio del alquiler en las llamadas “áreas de mercado tensionado”. Esto ha soliviantado a Unidas Podemos, que reivindica que se aplique una limitación del precio de los alquileres en dichas áreas.
Aun tocará esperar un poco más para conocer el contenido concreto de la Ley, puesto que por tercera vez se retrasará su presentación ante el Consejo de Ministros, al menos hasta después de las elecciones autonómicas en Madrid. Todo parece indicar que finalmente será la posición del PSOE la que acabe imponiéndose, lo que para Unidas Podemos supondrá afrontar un abierto incumplimiento del programa de gobierno en torno a una cuestión de la que han hecho bandera. Problemas de quien vende la piel del oso antes de cazarlo.
En cualquier caso cabe señalar que ni una ni otra propuesta vienen a solucionar el grave problema de acceso a la vivienda que existe en España. El recorrido y el impacto de una medida basada en exenciones fiscales merece poca explicación por lo evidente de la misma: los propietarios ganarán más, rebajando mínimamente el precio de los alquileres, a costa de que el Estado asuma retribuirles por ello de manera indirecta. Mientras el pueblo trabajador pagamos nuestros impuestos, los rentistas (bancos, promotoras, especuladores y fondos de inversión) seguirán llenándose los bolsillos a nuestra costa. Todo muy progresista.
En el otro plano, encontramos una medida que se presenta francamente insuficiente. En primer lugar, porque las limitaciones no se prevén con el suficiente calado como para garantizar un acceso generalizado a la vivienda a un precio mínimamente accesible y, en segundo, porque sólo se pretende su aplicación en las áreas de mercado tensionado. Es decir, se aplicaría una leve limitación al precio de los alquileres en zonas que han experimentado un crecimiento exponencial de los mismos -esencialmente el centro de las grandes ciudades, a raíz de la proliferación de los pisos turísticos- y una vez que esas zonas hayan sido declaradas como tal. A debate está aun quién, cuándo y cómo se determinaría qué zonas son áreas de mercado tensionado, por lo que no cabe esperar mucho de este tipo de propuestas.
Todo esto sucede en un país donde, a pesar de que los socios de gobierno insistan en que está prohibido, sólo en 2020 se ejecutaron 29.406 desahucios, siendo el 72% de ellos motivados por impagos de alquiler. Todo un logro progresista (nótese la ironía) si tenemos en cuenta que en 2019 se registraron 54.006 desahucios. Paralelamente, existen en España 3,4 millones de viviendas vacías según el INE en 2011 (último año del que hay registro), aunque algunos estudios llegan a cifrar en hasta un 10% el número de viviendas vacías sobre el total de las existentes en el país. Las familias trabajadoras destinan hoy de media un 31,2% de su gasto total al pago de la vivienda, situándose el precio medio de un alquiler en España en 674 euros al mes.
Mientras vivamos en un contexto de bajos salarios, temporalidad laboral y precariedad, acentuada por la tendencia a la uberización de las relaciones laborales, las familias trabajadoras continuarán viendo cómo empeoran sus posibilidades de acceso a la vivienda, por mucho que se pretenda incentivar fiscalmente a los propietarios para que reduzcan el alquiler o se limite el precio del mismo en determinados puntos.
La solución al problema no pasa por tapar con una tirita lo que ya es una hemorragia. No se puede garantizar el derecho a la vivienda mientras esta siga siendo una mercancía. Debemos apostar decididamente por la expropiación sin indemnización de todas las viviendas vacías en manos de los rentistas, para ponerlas inmediatamente al servicio del pueblo trabajador en régimen de alquiler social. A la par, se debe garantizar una prohibición real e inmediata de los desahucios y los cortes de suministros.
No permitamos que nos atrapen en los juegos parlamentarios y pugnas entre nuevos y viejos socialdemócratas, mientras haya una sola familia en nuestros barrios que no cuente con un techo bajo el que cobijarse. Unos y otros llevan años especulando con nuestros derechos, es hora de recuperarlos luchando.
Hugo Carrasco González