El pasado 6 de mayo multitud de estudiantes en diferentes ciudades del país salían a las calles en el marco de la jornada de lucha estudiantil impulsada por los sindicatos Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento. Dicha jornada llevaba por bandera un rotundo rechazo al RD de Castells y lo que supondría su aplicación, pero expresaba mucho más. Por un lado, la movilización se empapaba de reivindicaciones mucho más amplias (por ejemplo, en torno a la salud mental y la falta de recursos de la sanidad pública o sobre el acceso a la vivienda) que responden a lo multifacético de nuestras vidas como estudiantes, vidas que además se envuelven en una serie de condicionantes clasistas. Por otro, inicia un nuevo ciclo de protestas que, entre otras cosas, plante cara a distintas reformas educativas contempladas para el próximo curso.
Es interesante, en línea con esto último, esa caracterización del RD de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias como antesala a la nueva ley orgánica de universidades, que buscaría aprobarse en otoño: los movimientos del ministro y sus RD son ya toda una declaración de intenciones. Es relevante aquí esa retórica en torno a la “modernización” de la educación universitaria, que no puede entenderse desligada ya no sólo del contexto político, sino de su inserción en un determinado sistema educativo y por extensión socioeconómico: profundizando vemos cómo la propuesta pliega aún más la universidad al interés empresarial, fundamentalmente de la mano de la formación dual universitaria. Nuevas prácticas laborales y una nueva modalidad contractual que, lejos de cubrir nuestras necesidades y acabar con el fraude de ley en las prácticas académicas, institucionaliza y naturaliza la precariedad del trabajo juvenil. De igual manera, otros de los principales ejes de dicho decreto pretenden, en nombre de la calidad educativa, someter la universidad española a los estándares establecidos y marcados por el EEES.
Continuando con la mencionada formación dual, vieja conocida de los estudiantes de Formación Profesional, cabe comentar también el nuevo proyecto de ley que anunciaba hace unos meses la ministra Celaá para esta rama educativa, que de igual forma se pretendería aprobar durante el próximo curso académico. Dicha ley daría forma e implementaría, entre otras cosas, algunos elementos ya contenidos en el Plan para la modernización de la FP lanzado el verano pasado. Plan que, apelando al desarrollo de la FP, quedaba vertebrado una vez más por la “permanente colaboración público-privada” y la necesidad de ajustar aún más esta rama a las necesidades de las empresas. Nuevamente se reduce el desarrollo y potencial del estudiante a la empleabilidad de este; se refuerzan y abren vías de irrupción de actores privados en la educación; se abre camino en la pauperización de las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora a través, en este caso, de las características condiciones que se reservan a la mano de obra estudiante. En palabras de la ministra, se trata de poner a las empresas al mando.
Planteábamos unas líneas más arriba que estas medidas no podían entenderse disociadas de un determinado contexto y marco sociopolítico. Es crucial en este sentido, advertir cómo estas reformas tratan de implementarse en un particular momento de crisis: crisis económica acelerada por el estallido de la pandemia, pero incipiente desde mucho antes no sólo considerando indicadores cuantificables en lo concreto, sino teniendo en cuenta las propias lógicas sistémicas del capitalismo. Vemos con claridad, por tanto, cómo en momentos en los que las empresas requieren remontar su tasa de ganancia, de precisa forma se insertan medidas dirigidas a abaratar el coste de nuestro trabajo, se trata de avanzar en la hiperespecialización educativa (porque así lo requiere el mercado laboral, claro) y se exploran amplias sendas privatizadoras.
Es más, en relación a esto es también importante cómo distintas propuestas y reformas del Gobierno en materia educativa están yendo dirigidas a la intensificación de la digitalización. Particularmente tras año y medio marcado por la docencia telemática, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías se configura como un nuevo campo de beneficios a exprimir en términos de privatización educativa; para sorpresa de nadie, con el beneplácito y la cobertura normativa del gobierno socialdemócrata. Pero las problemáticas en torno a la digitalización de la enseñanza van más allá, pues en su inserción en este sistema no implica únicamente apertura de nuevas vías para la privatización, también agravamiento de la segregación educativa en una sociedad inherentemente desigual, regida por la contradicción de clase. Agravamiento de la segregación no sólo de la mano de la brecha digital, sino considerando en general el peso del ámbito familiar en el desarrollo del estudiante y el papel de los espacios escolares en la socialización del mismo.
Con todo esto, e hilando con lo situado al inicio del presente artículo, podemos afirmar que el 6M relanza la protesta estudiantil con un trasfondo claro para los y las comunistas: tras un curso político mediado por la pandemia y la crisis económica, se abre brecha para un nuevo ciclo de movilización frente a cada uno de sus ataques, frente a nuestro empobrecimiento. Un ciclo de movilización que trascienda lo educativo, capaz de conquistar exigencias inmediatas del pueblo trabajador frente a las condiciones que el capitalismo nos impone, pero capaz también de acumular fuerzas y experiencias de organización y poder que entronquen con la construcción de una sociedad completamente diferente, al pleno servicio de nuestra clase.
Es momento de luchar, es momento de elegir lo necesario.
Ana Granados