A finales de los 80 la comarca del Valle de Campoo era el reflejo de cualquier zona con industria: había sufrido un descenso de población de 2.000 personas en pocos años. Las tres grandes factorías (Forjas y Aceros de Reinosa, Cenemesa y Farga) habían visto reducidas sus plantillas en más de 1.000 trabajadores en apenas una década, lo que situaba el paro rondando el 25%. En esa situación, a principios de marzo de 1987, se presenta, pese a haberlo negado previamente, un expediente de regulación de empleo que afectaría a casi 500 trabajadores de Forjas y Aceros de Reinosa, “La Naval”.
La noticia se convirtió en rabia en la castigada población de Reinosa (13.000 habitantes) al conocerse también que Enrique Antolín abandonaría la presidencia de la empresa para ocuparse de una Consejería en el Gobierno Vasco. Su labor en favor del desmantelamiento industrial dirigido por el PSOE quedaría así amortizada.
El día que Antolín acude a “La Naval” para recoger sus pertenencias se niega a dar explicaciones y la asamblea de trabajadores acuerda, como medida de presión para buscar una solución, retener al presidente en la fábrica para retrasar su juramento en el Parlamento Vasco. Las plantillas de Farga y de Cenemesa deciden apoyar y unirse a la acción.
Las conversaciones no dan frutos y el Delegado del Gobierno del PSOE, Antonio Pallarés, envía un dispositivo de 34 miembros de la Guardia Civil para liberar al empresario, y a la vez envía más de 300 efectivos para dispersar a los trabajadores que permanecían concentrados a la entrada de la fábrica. Los trabajadores se refugian en los talleres, hacen sonar la sirena de la factoría y el pueblo de Reinosa acude a la llamada en apoyo de la concentración, produciéndose una represión desmedida donde la Guardia Civil arremetía violentamente contra todo lo que se moviese. Durante la jornada los ánimos se encendieron aún más, y la población hizo que un grupo de agentes quedase acorralado en un callejón.
Las imágenes de aquella ‘rendición’ tuvieron gran difusión y dado que en las sucesivas semanas los trabajadores de La Naval, Farga y Cenemesa continuaron con las movilizaciones, llegando a sumar 20.000 personas en ocasiones, y las huelgas generales en la comarca se sucedían, incluyendo corte de carreteras y vías férreas, convirtieron aquella muestra de lucha, dignidad y solidaridad obrera en un hecho incómodo y un peligroso precedente para los intereses del PSOE en toda España.
La Guardia Civil, bajo las órdenes del gobierno, en medio de una intervención propia de un estado de sitio, continuó reprimiendo y patrullando las calles de Reinosa con tanquetas y helicópteros, llegando a movilizar 1.300 antidisturbios.
El 16 de abril, mientras el pueblo de Reinosa participaba de una concentración en el lugar de la primera batalla campal, la Guardia Civil, con el único interés de la venganza, carga brutalmente contra absolutamente todo el mundo: hombres y mujeres, ancianos, adultos y niños.
La revancha del poder se salda, además de con un centenar de heridos graves, con el posterior fallecimiento de un trabajador, Gonzalo Ruiz García, asfixiado por hasta 6 botes de humo cuando intentaba refugiarse en un garaje. Una lesión previa liberaría a la Guardia Civil de la responsabilidad del asesinato.
El gobierno del PSOE, ordenando y blanqueando el dispositivo que asedió Reinosa, lanzaba un mensaje claro y contundente contra quienes luchaban por su pan, por el presente y el futuro para sus comarcas.
Hoy, 35 años después, la socialdemocracia —vieja y nueva— heredera de los plantea- mientos y decisiones que facilitaron aquellos sucesos, pretende volver a obligarnos a abrazar su mal menor: mientras nuestras comarcas se ven abocadas a convertirse en un triste recuerdo de un invierno constante, hundidas en falsos debates circulares y extensivos para desarrollar un ‘capitalismo verde’ que, a fin de cuentas, solo busca mantener las cuentas de resultados de los explotadores, no puede quedar ni un ápice más de confianza en todos aquellos que se empeñan, una y otra vez, en evitar que los sectores estratégicos de la economía no solamente estén exclusivamente en manos públicas, sino que además estén bajo control de los trabajadores y trabajadoras y su actividad se destine a la satisfacción de las necesidades del pueblo, sin estar sujeta a los criterios de la competencia capitalista.
Confiemos exclusivamente en nuestras propias fuerzas. Rompamos de una vez con la patronal y sus gobiernos. Transformemos toda la rabia acumulada durante tanto tiempo en la respuesta que nos devuelva todas y cada una de las primaveras robadas.