El día 27 de septiembre se reunía el pleno del Parlament de Catalunya para tener el debate de política general. Pere Aragonès lo sabía y esa mañana se levantó con un fantástico propósito: acudir a lo grande, prometiendo la salvación a los pobres, los que más sufren la crisis.
Así que dicho y hecho, el Presidente se presentó en el hemiciclo embutido en su atuendo de mesías para anunciar que la Generalitat se aprestaba a invertir 300 millones de euros para paliar el sufrimiento de la gente. Entre otras medidas, detalló que se ampliaría la T-Jove hasta los 30 años, se bonificaría con 100 euros a las familias de rentas bajas con hijos entre infantil 3 y 4º de la ESO, que habría una nueva ayuda para pagar la factura de la luz, que se extendería el bono para el alquiler juvenil ya expendido de manera limitada por el Gobierno central. ¿Qué podía ir mal?
Pero Pere Aragonès, como todos los políticos burgueses, es un actor. Sabe lo que hay: una crisis económica de proporciones históricas. Sabe a quién hay que defender: a la burguesía. Sabe a quién hay que convencer: a los trabajadores. Y, lo más importante, sabe cómo hacerlo.
Pero todo actor trabaja sobre el escenario, flanqueado por una inmensa cortina. Detrás de la cortina, la cruda realidad de los pasillos y los bastidores. Detrás de los gestos grandilocuentes y de las medidas sonadas se esconde una política coherente, constante y deliberada de traición a la clase obrera.
Y así, de la misma forma que el Gobierno español nos “regala” el Bono Joven para el alquiler o rebaja el IVA para la factura de la luz mientras contribuye a hacer la guerra en Ucrania, degrada nuestras condiciones de trabajo vía reforma laboral o “contiene” nuestros salarios (es decir, los rebaja en términos reales), el Govern de la Generalitat aprende e imita con esmero.
La Generalitat aprende e imita con esmero, y todavía mantiene capacidad de engaño, pero también se enfrenta a una creciente contestación de los trabajadores. No en vano ha puesto en guerra al sector educativo, que encontró una histórica unidad sindical en las huelgas de profesorado que se han ido produciendo este año; al sector sanitario, uno de los más privatizados del Estado, que amenaza con una huelga de médicos a lo largo del otoño o invierno; al llamado “Tercer Sector”, que ya le tumbó con su oposición la Ley Aragonès en 2020 y que mira al Govern con recelo.
Aquel 27 de septiembre, Aragonès no era el único que venía con el guión preparado. Y hubo sorpresas. En medio de las proclamas triunfalistas, del anuncio de la lluvia de millones para que los trabajadores no piensen tanto en lo que ha de venir, Junts per Catalunya anunciaba su intención de tirar adelante una moción de censura contra su propio gobierno. ¡Que no haya sobresaltos! No lo hacía por los trabajadores, ni una palabra de la política engañosa del Govern, el frío cálculo político exigía el movimiento. Los empresarios pueden estar tranquilos: hay consenso en la defensa de sus intereses.
Lo cierto es que, en términos electorales, Junts per Catalunya se halla en situación difícil. El campo independentista está redirigiendo sus posiciones hacia el autonomismo, como era previsible que sucediera, y el único escollo que le separa de una total y completa claudicación
en las posiciones de los últimos años son las encuestas electorales. Miles de personas pendientes de juicio y la subjetividad de sus propias masas de votantes impiden la ejecución total de la maniobra.
La moción de censura, anunciada en boca del entonces Vicepresident Jordi Puigneró, causó una conmoción en el Govern y supuso su inmediato cese del ejecutivo. La subsiguiente consulta interna de Junts per Catalunya sobre la pertenencia al Govern llevó a su salida del mismo y, con ello, la reconfiguración de las alianzas dentro del Parlament. Esquerra Republicana se quedaba en minoría pero, al mismo tiempo, se situaba en el centro del tablero político, con un amplio margen de maniobra, mientras que Junts quedaba constreñida con limitadas posibilidades para los pactos futuros.
Los nombramientos del nuevo ejecutivo apuntan maneras. A los consellers con carnet de ERC se suman otros procedentes del ámbito convergente (Carles Campuzano), socialista (Joaquim Nadal) y de los Comunes (Gemma Ubasart). En segunda línea también podemos localizar a elementos del entorno de la CUP, como Mireia Boya y Maties Serracant.
De esta manera, nos encontramos con un ejecutivo en disposición de seguir con la legislatura y quizá incluso de terminarla. El nuevo Govern tiene posibilidad de pactar multitud de medidas con el PSC, los Comunes y la CUP, contando con Junts per Catalunya para las cuestiones más vistosas. Los presupuestos del 2023 son un buen ejemplo de la capacidad que tiene ahora Esquerra para llegar a pactos, pues va a presentar a debate la propuesta preparada por un convergente, el antiguo conseller Jaume Giró, buscando el acuerdo con Junts aunque Salvador Illa ya anunció la disposición del PSC de negociar.
El sistema capitalista está sufriendo una crisis económica colosal que, no obstante, todavía no deja ver la totalidad de sus efectos. Esto es, en buena medida, resultado de la masiva inyección de dinero público que están llevando a cabo la Unión Europea, el Gobierno central y el Govern català. El problema es que ni todo el dinero público del mundo puede parar una crisis que es resultado no de la COVID, no de la guerra en Ucrania, sino de las leyes económicas de un sistema que nos arroja al padecimiento constante de crisis cíclicas de sobreproducción.
Y así, las medidas coyunturales anunciadas por Aragonès en el Parlament, que se suman a las que ya está ejecutando el Gobierno central, sólo buscan adormecer el descontento social. Mientras tanto, los gestores del sistema preparan el terreno para ajustar tuercas a los trabajadores con el objetivo de aumentar la extracción de plusvalía. El golpe será duro y multifacético —ya lo es— y golpeará —ya golpea— a nuestros salarios, a nuestros empleos y al salario indirecto que percibimos vía prestaciones sociales. A ello apuntan las medidas de contención salarial, la reforma laboral, las voces que hablan de reforma de las pensiones y de “ajustar” las indemnizaciones a la “realidad individual” de cada trabajador. En esta batalla, todos los partidos con representación parlamentaria están en la misma trinchera. Y no es la nuestra.