En una época del año en la que nos bombardean con multitud de listas recopilatorias con los éxitos del año anterior y de propósitos para el próximo, también conviene hacer balance de lo que ha supuesto el 2022 en el ámbito laboral. Sin duda, la canción más escuchada por la clase obrera es “La Precariedad”.
Año 2022, el año de la nueva reforma laboral
Comenzábamos el año con la entrada en vigor de la reforma laboral aún con el regusto amargo de las imágenes de la tanqueta enviada unas semanas antes por el Gobierno a las calles de Cádiz para reprimir las protestas de los trabajadores del sector del metal. La reforma laboral se aprobó el 28 de diciembre, día de los inocentes, por parte del Consejo de Ministros y fue convalidada por el Congreso de los Diputados un mes más tarde, en una inocentada aún mayor. El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, venía a poner la guinda a meses de acrobacias y piruetas de la ministra de trabajo Yolanda Díaz, que pasó de la promesa inicial de derogar las reformas laborales anteriores, a quedarse en la derogación de la reforma del PP, pasando posteriormente a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma, hasta llegar a expresar que técnicamente no se podía derogar. Finalmente, lo que tuvimos fue un Real Decreto-ley con el rimbombante apellido de “medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo”.
Comenzaba el 2022 con la aprobación de la reforma laboral y finalizaba con Yolanda Díaz sacando pecho de sus resultados, poniendo en valor que, gracias a la norma, uno de cada dos contratos son indefinidos, la temporalidad ha bajado 7 puntos, el mínimo histórico, y hay 17,4 millones personas asalariadas, con el récord histórico de empleo femenino y juvenil. Suena fantástico, hasta que recordamos que la reforma llegó aclamada por parte de la CEOE, la FAES, la Unión Europea, Ana Patricia Botín o el Fondo Monetario Internacional.
Relato vs realidad
Evidentemente, tras esos datos que nos invitan a la euforia, hay una realidad bastante menos alegre y es que el precio del despido y la alta rotación del mercado de trabajo provocan que los contratos indefinidos, ya sean a jornada completa o parcial, se hayan convertido en sí mismos en contratos precarios; cambiar el nombre a los contratos temporales no acaba con la temporalidad y apuntalar el uso a demanda de la mano de obra no es una victoria a favor de la estabilidad de los jóvenes.
En tiempos donde lo que prima en la arena política es el relato, especialmente el de género de ciencia ficción, todo sirve para apuntalarlo y, si hay datos y estadísticas que puedan ser utilizadas para dotarlo de más empaque, mucho mejor. Pero claro, no todas las estadísticas valen, solo aquellas que puedan servir para sostener la ficción. Otras, las que pueden resquebrajar el relato y entender mejor la realidad de lo que ocurre es mejor dejarlas de lado. Por eso, no escucharemos a Yolanda Díaz o al resto del Gobierno emplear datos como los siguientes: los asalariados con contrato indefinido que trabajan a jornada parcial alcanzaron los 1,58 millones, la mayor cifra de toda la serie histórica de la Encuesta de Población Activa (EPA); el 62,2% de los trabajadores a tiempo parcial tiene un contrato indefinido o los fijos discontinuos ganan un 46% menos que el resto de indefinidos.
Estos son solamente unos pocos ejemplos que permiten vislumbrar que la actualización del capitalismo español, favorecida por la aprobación de la reforma laboral, no ha cambiado la esencia de la explotación capitalista en España. La precariedad sigue plenamente vigente, el uso del trabajo a demanda se generaliza, la flexibilidad empresarial cuenta con mayores márgenes y la inestabilidad se cronifica y agudiza. Nada que celebrar, mucho por lo que movilizarse.
Aumento de la conflictividad laboral
Y a pesar de ese escenario bucólico en el ámbito laboral que nos presenta el Ministerio de trabajo, hemos podido comprobar cómo 2022 nos ha deparado infinidad de conflictos laborales, luchas sectoriales feroces por mejoras en los convenios e incluso sonadas huelgas. De hecho, estas últimas habían crecido hasta un 20% en el primer semestre del año con respecto al mismo período del año anterior. Hagamos un repaso de algunos de los conflictos laborales más destacados en 2022.
El año comenzó con la huelga de los trabajadores del servicio de basuras de Salt, en Girona, en una lucha que duró 21 días frente a la contrata del servicio, la multinacional FCC. No fue la única huelga en el sector de la recogida de residuos, ya que también hubo réplicas en ciudades como A Coruña o Barcelona. Se trata de servicios públicos subcontratados en la mayoría de municipios a cambio de jugosas partidas presupuestarias de los ayuntamientos, que no dudan en adjudicar los servicios a grandes grupos empresariales, que obtienen adjudicaciones públicas en base a la rebaja de las condiciones laborales de las plantillas. Esta fórmula no es exclusiva de los servicios de limpieza, sino que se emplea en el resto de ámbitos del sector público.
Servicios públicos son también los transportes en autobús y ferrocarril, pese a que se encuentran parcial o totalmente privatizados en España, con empresas como ALSA o Renfe, que han protagonizado sendos conflictos laborales en 2022. En el caso de ALSA, intentó acallar, por medios antisindicales e ilegales, la protesta de los trabajadores, que habían estado luchando en Asturias frente a la utilización de los ERTE durante la pandemia para reducir líneas y recortar derechos tanto de los trabajadores como de los usuarios. Reducción de líneas que antepuso la mera cuestión económica al interés de movilidad social, y todo ello con la connivencia institucional. Por su parte, los trabajadores de Renfe, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, caracterizada en los últimos años por constantes externalizaciones, también se movilizaron los últimos meses del año, hasta conseguir el desbloqueo en la negociación de su convenio colectivo.
Y si hablamos de servicios públicos, no podemos olvidarnos de la Educación y la Sanidad, que también han vivido conflictos de distinta índole a lo largo del 2022. Como hemos apuntado en innumerables ocasiones, existe una ofensiva del capital hacia los servicios públicos, por tratarse de nichos de mercado para los capitalistas. La tendencia ya era clara en la última década, pero la pandemia supuso un punto de inflexión que vino a agudizar esta situación.
En el ámbito educativo, 2022 se puede caracterizar como el año en el que se aprobaron las nuevas leyes que conforman el nuevo sistema educativo español: la LOMLOE, la ley de FP, la LOSU… todas ellas constituyen mecanismos normativos que suponen una nueva vuelta de tuerca en el proceso de mercantilización. Hoy, los hijos e hijas de la clase obrera se ven abocados a compaginar y alternar entre el trabajo, el estudio, las prácticas y el paro, mientras los capitalistas obtienen de esto beneficios: mano de obra gratuita o semigratuita, trabajo a demanda o beneficios directos a través del sistema educativo.
En el caso de la Sanidad, el panorama no es más optimista. El avance de los recortes, conciertos y privatizaciones sigue su curso en gobiernos de todos los colores, pese a que Madrid sea el ariete con Ayuso al frente. El único aspecto positivo es la movilización popular, que el pasado 13 de noviembre sacó a las calles de la capital a cientos de miles de personas en lo que parecía el regreso de una marea blanca que ya inundó Madrid hace una década contra las privatizaciones del Gobierno de Esperanza Aguirre.
En el sector industrial, 2022 también ha sido un año convulso, con importantes luchas sectoriales por la mejora de las condiciones laborales. Si en 2021, había sido el Metal de Cádiz, en 2022, fue el de Cantabria, que protagonizó una huelga de 20 días con un masivo apoyo popular que sacó a las calles a decenas de miles de personas en solidaridad con las 20000 familias afectadas por el convenio colectivo.
También por la lucha de un convenio digno, fue a la huelga el sector de las conservas de pescado. 30000 personas, en su mayoría mujeres, empleadas en unas 700 empresas, con altísimas tasas de temporalidad, generalización del trabajo a demanda y una importante brecha de género.
No todas las luchas en el sector de la industria han sido por la mejora de los convenios colectivos, sino que también ha habido intensas luchas y heroicas huelgas, como las plantillas de Schneider Electric en Griñón o Zumosol en Palma del Río. Los primeros debido a la decisión de la empresa de deslocalizar la producción y despedir a 87 trabajadores. Los segundos, tras una venta fallida, se vieron en una situación de no estar contratados pero tampoco despedidos; sin embargo, tras 330 días acampados en la fábrica, los 38 trabajadores de Zumosol percibieron sus indemnizaciones por despido y las nóminas pendientes que se les adeudaban.
Estos son solo algunos ejemplos de algunas luchas que se han desarrollado en 2022. Es seguro que 2023 vendrá cargado de multitud de nuevos conflictos laborales porque la contradicción fundamental en nuestra sociedad se sigue dando en el centro de trabajo y pese a los efectos cosméticos de la reforma laboral, la realidad se impone. Las nuevas formas que adopta la explotación capitalista, el contexto internacional y las medidas políticas del Gobierno
dirigidas fundamentalmente a garantizar los beneficios empresariales, no auguran un futuro próximo halagüeño para la clase obrera y el pueblo trabajador.
Nuestras propuestas
En lo inmediato, ningún incremento salarial puede estar por debajo del IPC porque lo contrario supone un empobrecimiento de la clase obrera. Por otro lado, ante la subida de los precios de la cesta básica, no proponemos subvencionar a las empresas que elevan los precios, facilitando así que los sigan subiendo, como ha hecho el Gobierno, sino intervenir los precios en bienes y servicios esenciales porque con nuestro pan no se juega.
Como hemos dicho tantas veces, es necesario que el sindicalismo de clase recupere una posición independiente, alejada de las lógicas de la paz social y de la corresponsabilidad de la gestión de las crisis capitalistas. Es en aquellos sectores donde existe mayor organización, acción sindical y afiliación donde los trabajadores son capaces de mantener sus condiciones e incluso de mejorarlas.
Al igual que en 2022, en 2023 la ofensiva del capital seguirá su curso, se intensificará y, si no sabemos responder, nuestras condiciones de vida empeorarán, pero hay soluciones, hay ejemplos como los que hemos analizado o como los que vemos en otros países. En Grecia, el movimiento sindical clasista convocó en 2022 dos huelgas generales y decenas de movilizaciones. Ese es el camino. Hay esperanza, pero solo dependemos de nuestras propias fuerzas, de la unidad de la clase obrera para saber defendernos de todos los ataques y poder avanzar en nuestras reivindicaciones.