Durante las últimas semanas la localidad de San Fernando de Henares ha acaparado titulares, noticieros y tertulias. Muchos medios de comunicación se han hecho eco del drama que viven los vecinos de un municipio de la periferia industrial madrileña, donde una obra de ampliación del Metro mal ejecutada hoy provoca el hundimiento de bloques de pisos enteros y el desalojo de cientos de personas, que se movilizan masivamente para exigir soluciones al gobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Qué está pasando en San Fernando?
La historia del desastre que ha supuesto la línea 7b de Metro para el pueblo trabajador de San Fernando de Henares tiene su origen hace 20 años. Durante la campaña electoral autonómica del año 2003 Esperanza Aguirre prometió llevar el metro a las localidades de Coslada y San Fernando de Henares, ampliando para ello la línea 7, que terminaba entonces en el madrileño barrio de Las Rosas. En 2007, a 22 días de las segundas elecciones autonómicas que ganaría Esperanza Aguirre, fueron inauguradas por todo lo alto las ocho estaciones de metro que conectaron Coslada y San Fernando de Henares con Madrid. Apenas unos meses después del gran evento comenzaban a aparecer grietas en las paredes de varias viviendas de San Fernando de Henares, a la par que los vecinos de la localidad se percataban de que los trenes entraban en las estaciones cubiertos de salitre.
Por aquel entonces nadie conocía que el trazado de la nueva línea de Metro fue alterado en ausencia de los debidos estudios del terreno. El trazado original, que únicamente llegaba hasta la estación Jarama, se modificó para llevar el metro hasta el Hospital del Henares sin alterar las planificaciones temporales de la obra. Es decir, se construyeron 8 estaciones de metro en el plazo establecido para 6, desoyendo los criterios técnicos que alertaban sobre la peligrosidad que suponía realizar la obra en esos tiempos y a través de un terreno frágil y sumamente irrigado, dada la cercanía de los ríos Jarama y Henares. Pese a ello una tuneladora de más de 9 metros horadó el subsuelo del municipio, alterándolo gravemente, para garantizar que las estaciones estaban hechas a tiempo para su pertinente inauguración a días de las elecciones. El coste para las arcas públicas de la construcción de la línea 7b fue de más de 200 millones de euros. Esta lucrativa operación fue adjudicada a la constructora Dragados, empresa perteneciente al grupo ACS y propiedad del oligarca Florentino Pérez.
Hoy conocemos que la perforación del túnel alteró sustancialmente el equilibrio de las aguas subterráneas, que al filtrarse hacia nuevas direcciones disuelven un gran depósito salino, restos de un mar prehistórico, sobre el que se asienta el terreno. Como consecuencia se resiente el sustento sobre el que se asientan los edificios, que progresivamente se van hundiendo, desnivelando y quebrando. La recomposición resultante del terreno genera hundimientos y alzamientos del mismo, que afectan a todo el término municipal y el propio túnel del metro. Además ese agua, que arrastra una alta composición salina, en su búsqueda de nuevas salidas carcome el hormigón y el acero del túnel, las vías, los trenes y los edificios. En palabras del geólogo Antonio Ruiz ante una asamblea vecinal: «hoy San Fernando cuenta con tres ríos: el Henares, el Jarama y la línea 7b».
Entre los años 2008 y 2017 las grietas y desperfectos en viviendas, locales comerciales, colegios e instalaciones públicas se sucedieron mientras que la Comunidad de Madrid se negaba a asumir ningún tipo de responsabilidad, aparándose en una sentencia que les eximía de ella y a raíz de la cual varios vecinos tuvieron que endeudarse de por vida para salvar sus propias viviendas. En 2017 el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Cristina Cifuentes presentó una reclamación de daños contra Dragados por valor de más de 15 millones de euros, a cuenta de lo que hasta entonces había tenido que invertir el gobierno autonómico en labores de mantenimiento y consolidación de un túnel que se hunde e inunda irremediablemente. El 9 de enero de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, eximiendo a Dragados y señalando la responsabilidad exclusiva de la Comunidad de Madrid sobre los problemas generados por la línea 7b de Metro. La tragedia de todo un pueblo fue el negocio redondo de los de siempre.
Mientras unos y otros trataban de dirimir quien iba a pagar los platos rotos, el problema en San Fernando de Henares se extendía como una mancha de aceite. De los 6 primeros bloques afectados en 2008 se ha pasado a más de 600 viviendas, el 80% de ellas no reconocidas como afectadas por el gobierno regional. Hasta el año 2019 las actuaciones de la Comunidad de Madrid sobre las viviendas se redujeron, en el mejor de los casos, a tapar las grietas con yeso, mientras se destinaban millones de euros a tratar de frenar el colapso del túnel. Se optó por actuar sobre las consecuencias visibles y no sobre el problema de fondo: la alteración del subsuelo a lo largo y ancho del municipio. A día de hoy todavía no se ha realizado, o no se conoce, un estudio geológico-geotécnico del terreno para determinar el alcance del desastre.
En 2021 el acumulado de 14 años de inacción, parches y la progresiva extensión del problema cristaliza en una generalización de las afecciones en zonas del municipio que hasta la fecha no las tenían. Se suceden los desalojos y se comienzan a derribar las primeras viviendas y locales, dejando a 27 familias sin techo. El 17 de mayo de 2022 se demolía el primer bloque de pisos, en la calle Rafael Alberti. Estos vecinos tuvieron 30 minutos para sacar sus enseres, lo que quedó dentro fue reducido a escombros junto a sus viviendas. En los próximos meses se derribarán 37 viviendas más en las calles Pablo Olavide, Ventura de Argumosa y Presa, que elevarán a cientos los vecinos sin casa. A día de hoy la Comunidad de Madrid sigue sin actuar sobre el problema de fondo, que continúa agravándose con la progresiva aparición de nuevas grietas y el desalojo forzoso de más vecinos.
Clasismo, manipulación y el negocio de unos pocos
La actitud de los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid durante cerca de 16 años ha sido la de ignorar deliberadamente el grave problema que generó la construcción del Metro en el subsuelo de San Fernando de Henares. Si bien hasta 2019 la Comunidad de Madrid no reconoció su responsabilidad sobre los daños causados, forzada por una sentencia judicial, sí que ha intervenido activamente para salvar la millonaria infraestructura del Metro.
El Metro en San Fernando ha tenido que cerrarse al público 9 veces en 16 años para abordar labores de consolidación del túnel, que sufre importantes filtraciones de agua que diluyen el hormigón y las instalaciones, además de hundirse o levantarse en distintos tramos a su paso por el municipio, lo que genera evidentes riesgos de colapso. Los propios representantes sindicales de la plantilla de Metro de Madrid han advertido en multitud de ocasiones que existe un grave riesgo para trabajadores y usuarios, llegando a conseguir el cierre preventivo por razones de seguridad de la estación del Hospital del Henares en febrero de 2020. Mediciones posteriores han demostrado el progresivo hundimiento de las vías a razón de 2 cm cada 3 meses.
Los cierres de la línea 7b han supuesto la inversión, vía contratos de emergencia adjudicados sin concurso público, de millones de euros en labores consistentes en inyectar hormigón en el subsuelo para tratar de contener el deterioro del túnel y sellar los ‘huecos’ generados por las filtraciones de agua en el terreno. Los propios vecinos denuncian que estas labores, lejos de solucionar el problema, lo están agravando, al alterar todavía más la estructura del terreno, provocando nuevos desvíos de aguas y generando vibraciones que hacen temblar edificios ya dañados. Tanto es así que el pasado 3 de enero un dispositivo de emergencias tuvo que desalojar con lo puesto a los 54 residentes de Plaza del Trébol 8, edificio junto al que se realizaban estas labores de inyección. Los vecinos relatan cómo el bloque crujió, se abrieron grietas de la base al tejado y se desencajaron puertas y ventanas. Como vemos, hay grandes empresas que se están embolsando millones de euros a costa de extender en el tiempo la agonía del pueblo trabajador sanfernandino.
Lejos de asumir con responsabilidad la gravedad de un problema de estas magnitudes, el actual gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha optado por ignorar a los vecinos y sus demandas y, cuando esto ya no ha sido posible dadas las masivas movilizaciones y su impacto mediático, ha apostado por atacar a quienes están perdiendo sus viviendas.
No existe ningún tipo de interlocución entre la Plataforma de Afectados y el gobierno regional. Resulta notorio el sistemático rechazo de los representantes de la Comunidad de Madrid a reunirse con la Plataforma de Afectados o incluso con el propio gobierno local, siendo habitual que los vecinos o el Ayuntamiento se enteren por notas de prensa o bandos colgados en las paredes de actuaciones que afectan directamente a las viviendas y la propia vida del municipio. En reiteradas ocasiones se le ha negado la entrada a representantes vecinales a las mesas técnicas donde se informa sobre el avance de las labores sobre el terreno, sobre nuevos realojos o sobre la decisión de demoler mas viviendas, a pesar de las promesas de participación del Consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez.
El clasismo y el desprecio se sitúan como elementos rectores del trato de las autoridades regionales hacia los propios vecinos. Son popularmente conocidas las declaraciones de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, que en una visita por las zonas más afectadas expresó no entender de qué se quejaban los vecinos «si estas casas son una mierda y no valen nada». El día 3 de enero el Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Nuñez, se negó a dar explicaciones sobre lo sucedido, optando por irse a tomar una caña a un bar a escasos metros del centro cultural donde las 54 personas de Plaza del Trébol 8 le esperaban para conocer si podrían volver a sus casas o no, de las que habían sido desalojados por los bomberos. Han sido los propios vecinos, que conviven con unas gigantescas obras de inyección que hacen temblar sus viviendas, quienes han tenido que poner el cuerpo para paralizar las obras en varias ocasiones, exigiendo que se les realoje mientras duren las mismas, algo a lo que la Comunidad de Madrid se niega en rotundo. Estos ejemplos dan buena cuenta del grado de maltrato al que el gobierno regional somete al pueblo trabajador de San Fernando.
El lunes 9 de enero, un día después de la multitudinaria manifestación convocada por las Plataforma de Afectados en el centro de Madrid, se produjo un cambio de postura en el gobierno regional, pasando del desprecio al ataque. Desde ese día, tabloides de extrema derecha como OkDiario o ESdiario, subvencionados por el gobierno regional, comenzaron a rotular titulares para desprestigiar a los vecinos en lucha.
El último elemento de esta campaña para desmovilizar al pueblo trabajador es la manipulación en torno al presupuesto de 122 millones adjudicado al problema de Metro en San Fernando. Frente a la intensa propaganda desplegada por el gobierno del Partido Popular, la realidad es que de esos 122 millones sólo 12 están destinados a sufragar los más de 80 expedientes de responsabilidad patrimonial. La mayoría del presupuesto se destina a intentar salvar la infraestructura de Metro.
A los vecinos se les ofrece de media una indemnización total en torno a los 140.000€, con la que deben sufragar el pago de las hipotecas de las casas derribadas, una nueva vivienda, los bienes muebles perdidos y reanudar sus vidas. Una cantidad a todas luces insuficiente en un municipio donde el precio de la vivienda ascendió en diciembre de 2022 a 2.063€/m2. Estas indemnizaciones se plantean como un abierto chantaje a los vecinos. No hay posibilidad de negociación: o se aceptan la cuantía y se renuncia a cualquier reclamación, o las familias sin vivienda se verán obligadas a un proceso judicial de reclamación patrimonial que puede durar años.
Por otro lado la Comunidad de Madrid recalca que ha destinado hasta 50.000€ para cubrir las necesidades de cada familia, tratando de convencer a la opinión pública de que se ocupan debidamente de los afectados. Nada más lejos de la realidad. Cuando una familia es desalojada se le ofrecen dos opciones: o buscarse un alquiler por su cuenta cuyo pago sólo asume en parte la Comunidad de Madrid, o ser realojado en unos apartahoteles que no reúnen las condiciones para una estancia prolongada, ubicados en un polígono industrial fuera del municipio y que el gobierno regional paga, nuevamente sin concurso, a precio de oro. Al año de la estancia en dichos apartahoteles los vecinos son expulsados y se ven forzados a buscarse un alojamiento por su cuenta, contando con la ayuda de 789€ mensuales para ello. Varias familias, algunas con personas mayores y niños a su cargo, tuvieron que convertirse en ‘okupas’ de los apartahoteles hasta que consiguieron por sus propios medios un techo bajo el que cobijarse.
Así las cosas, la determinación de los afectados y de todo el pueblo trabajador de San Fernando de Henares no flaquea y están dispuestos a luchar hasta el final por sus vidas, sus viviendas y su municipio.
Luz al final del túnel
Los vecinos, esencialmente, reclaman que se solucione un problema que afecta ya a todo el municipio. Frente a la estrategia de actuaciones del gobierno regional, basada en poner parches a los problemas más acuciantes, se ha levantado la reivindicación de un Plan Integral que contemple todas las actuaciones necesarias para solucionar el problema: garantizar la estabilidad del terreno de manera definitiva, indemnizar de manera justa a quienes han perdido sus viviendas, ya sea con dinero o con una nueva vivienda en San Fernando de características similares; compensar a los pequeños comerciantes locales que han visto demolidos y afectados sus negocios o que han sufrido una notable pérdida económica fruto del desplazamiento de cientos de vecinos fuera de la localidad; resarcir al propio municipio recuperando los servicios e instalaciones públicas perdidas y solucionar los problemas de transporte público que se derivan del constante cierre del Metro.
Desde la aparición de las primeras grietas y afecciones se creó la Plataforma de Afectados por Metro L7b de San Fernando de Henares. En las reuniones de la Plataforma se analiza el desarrollo de los acontecimientos y las vías de actuación, que posteriormente se exponen y refrendan ante las asambleas vecinales, donde participan todos los vecinos que quieren hacerlo y de las que en muchas ocasiones surgen nuevas propuestas e iniciativas para continuar con la lucha.
Durante los años 2021 y 2022 la movilización vecinal del pueblo trabajador de San Fernando de Henares, organizado en torno a la Plataforma de Afectados, ha sido creciente y cada vez más masiva. Cada desalojo, derribo o actuación contraria a los intereses vecinales ha sido respondida con movilización. Se han convocado más de una docena de movilizaciones en la localidad, que han ido congregando a cada vez más vecinos hasta reunir a más de 8.000 personas en una manifestación que recorrió el municipio el pasado 20 de septiembre. Se han organizado movilizaciones frente a la Asamblea de Madrid, se ha participado en movilizaciones como el 1º de Mayo y se ha acudido a ámbitos institucionales para dar visibilidad al problema. El pasado 8 de enero miles de vecinos en manifestación tomaron el centro de Madrid, llenando por completo el recorrido desde la Plaza de Callao hasta la Puerta del Sol.
La Plataforma se ha convertido en un espacio de fomento de la acción vecinal, a través de la que se canaliza el descontento y la rabia popular hacia la organización colectiva de los propios afectados. Se generan grupos de trabajo para sacar adelante distintas iniciativas como mesas informativas, caravanas de coches, la gestión de las redes sociales o el trato con la prensa. Incluso se ha creado una Oficina de Atención propia, donde vecinos afectados resuelven dudas y ayudan a avanzar a nuevos afectados en el tortuoso camino burocrático-administrativo que supone reclamar cuando aparecen desperfectos en las viviendas.
Es precisamente este proceso de organización y lucha creciente la que aporta esperanzas a un pueblo que los sucesivos gobiernos del Partido Popular condenaron al ostracismo y la ruina. Ha sido la presión popular la que ha puesto de relieve el grave problema que existe y ha situado a sus responsables bajo los focos. Se ha roto el silencio mediático sobre esta cuestión y se van consiguiendo pequeños avances gracias a la lucha de miles de vecinas y vecinos, que están decididos a conquistar sus objetivos por los medios que sean necesarios. San Fernando se ha puesto en pie y no está dispuesto a volver a arrodillar.