A nadie sorprende, o no debería, cuando se dice que la sociedad en la que vivimos está basada en la desigualdad. Y es que la base misma del sistema capitalista es la desigualdad entre clase obrera y burguesía. Tampoco debería sorprender que para la mujer esta desigualdad se acentúe debido a que vivimos en una sociedad machista, y si a ello le sumamos ser inmigrante, la cosa se complica aún más, y se forma el tándem perfecto para sufrir una mayor explotación y opresión: ser mujer, trabajadora e inmigrante.
Para la mayoría de las trabajadoras inmigrantes, acceder a un puesto de trabajo puede permitir la obtención del permiso de residencia y trabajo, por lo que en muchos casos se encuentran en situaciones límite para conseguir o conservar el empleo, encontrándose a total disponibilidad del empleador, que decide en todo momento. Su situación administrativa en España depende, en la mayoría de las ocasiones, de su situación laboral y económica, por lo que trabajar no es solo una cuestión de supervivencia, sino también de mantener dicha situación regular, y, en determinados momentos, la de sus familiares.
La brecha salarial que sufren las mujeres extranjeras se debe a que mayoritariamente trabajan en sectores fuertemente feminizados, a causa de la segregación ocupacional en la que entran en juego los roles y estereotipos de género, donde las condiciones, en muchas situaciones, son infravaloradas y precarizadas. Y es que la mayor concentración de mujer inmigrante se encuentra en las categorías profesionales más bajas de los sectores de cuidados y servicios, sobre todo en el servicio doméstico y hostelería, ambos sectores ya con precarias condiciones.
Dentro del servicio doméstico, debido a la “feminización de las tareas domésticas”, más del 80% son mujeres, y de estas, la mayoría son migrantes; se encuentran con unas condiciones de bajos ingresos, escaso grado de organización colectiva y jornadas laborales extenuantes, con un alto índice de trabajadoras sin contrato de trabajo. Y, en más ocasiones de las que nos gustaría admitir, se enfrentan a que sus empleadores se aprovechen de su situación para explotarlas aún más, tratándolas como a ignorantes que desconocen que tienen derechos y que, de exigir estos, se topan con la amenaza del despido, lo que podría conllevar la pérdida del permiso de trabajo. Por no hablar de las llamadas “temporeras”, que llegan a sufrir todo tipo de violencia sexual con total impunidad para los agresores.
Y a menos oportunidades, peores condiciones laborales y menores salarios, menor es también la protección que tienen contra el desempleo y la jubilación.
Ocupar puestos peor remunerados o la inestabilidad en el empleo no puede pensarse que es debido a la falta de formación, ya que el 22 % de las mujeres migrantes poseen estudios universitarios y el 12 %, de grado medio o superior. El problema es que se encuentran con una importante traba como es la homologación y equivalencia de los títulos que no sean válidos en España, cuyo trámite puede tardar años en resolverse y sin el cual no pueden hacer uso de ellos ni laboralmente ni para ampliar su formación, lo que les lleva, en último término, a aceptar los trabajos donde se demanda menor cualificación y, por consiguiente, con peores condiciones.
La problemática de las trabajadoras migrantes no es solo laboral, pues también se encuentran con problemas de exclusión social, como por ejemplo los obstáculos a los que se enfrentan a la hora de acceder a una vivienda digna; la poca disponibilidad de recursos, el alto precio de la vivienda, el rechazo de muchos propietarios por racismo o, en algunos casos, su situación irregular, hacen que muchas de ellas no tengan más opción que buscar distintas formas de infravivienda. El porcentaje de mujeres extranjeras que se ven obligadas a compartir vivienda con otras personas que no son de su núcleo familiar es 6 veces mayor que en el caso de mujeres españolas.
Volviendo a su situación regular en España, cuando esta es dada por ser cónyuge de un ciudadano de la Unión Europea o por reagrupación familiar, se encuentran con el problema de depender de su situación en el país, de su pareja, y en caso de romperse ese vínculo matrimonial deberán acreditar un periodo previo de convivencia de al menos tres años, de los cuales uno debió ser en España en el primer supuesto, y de una convivencia de dos años en España en el segundo supuesto. Se obvian en estos casos los periodos de convivencia previa en el país de origen, lo cual puede convertirse en un elemento disuasorio para las mujeres que deseen romper ese vínculo por temor a quedar en situación irregular, es decir, de manera ilegal en el país.
Tampoco debemos olvidar que nuestro país es el primero de la Unión Europea y el tercero a nivel mundial en consumo de prostitución, además de ser de los principales para el tránsito y destino de víctimas de trata en Europa, puesto que España es un punto clave para la entrada al continente de millones de mujeres procedentes de África y de Latinoamérica. Por ello y por el hecho de que viven en situación precaria o no tienen una red social de apoyo, en muchas ocasiones las mujeres migrantes representan un “blanco más fácil” para los proxenetas y tienen más probabilidades de ser víctimas de trata y de terminar dedicándose a la prostitución. Más del 75 % del total de mujeres que la ejercen son de origen extranjero; en 2020 la policía nacional indicaba que el 80 % de las mujeres que se dedicaban a la prostitución lo hacían de manera forzada.
Al final, en una sociedad marcada por la desigualdad, el machismo y el racismo, poco pueden esperar estas mujeres que dejan su vida y su familia en su país de origen en busca de una vida que les permita sobrevivir. Con el sistema capitalista en su fase imperialista, jamás conseguirán, ni estas mujeres, ni ninguna mujer, vayan al país que vayan, dejar de estar explotadas, discriminadas o violentadas, pues la burguesía, tenga la nacionalidad que tenga, no busca más que su propio beneficio, sin importar la condiciones a las que deben enfrentarse las trabajadoras a las que explota, ya que su único objetivo es sacar el máximo rendimiento.
La única herramienta que tienen las trabajadoras migrantes, como mujeres de la clase obrera, es organizarse. Solo englobando su lucha por unas condiciones dignas en la lucha general de la clase trabajadora se podrá acabar con la situación de miseria en la que viven miles de mujeres migrantes en nuestro país.