“España es la primera gran economía de la eurozona en reducir la inflación por debajo del 2%”. “España repite como la economía con menor inflación de las cuatro grandes”. “La inflación de la eurozona se va al 10% y deja a España con un IPC por debajo de la media”. Estos son algunos de los titulares que hemos podido leer en la prensa durante los últimos meses y que pueden llevar a pensar que hemos superado la crisis de precios vivida en nuestro país durante los últimos años, pero nada más lejos de la realidad.
Pese a que todos los partidos que conforman el Gobierno de coalición traten de vincular la mal llamada moderación de la inflación a las medidas que han implementado, la tozuda realidad golpea a la mayoría social trabajadora cada vez que cruza las puertas del supermercado, recibe en el buzón una nueva factura de la luz o llena el depósito de su vehículo.
En cuanto a la alimentación, de acuerdo con datos de la OCU, nos encontramos con que sólo en lo que va de 2023 el aceite de oliva ha incrementado su precio un 67%, las patatas un 20%, el arroz un 18%, la leche un 13%, las frutas un 9%, la carne y el yogur un 8% y el pescado un 7%. Estos incrementos se producen sobre los ya producidos en 2022, que oscilaron entre hasta un 50% el azúcar y un 10% las hortalizas y legumbres, por poner algunos ejemplos.
Los combustibles elevaron su precio de manera ininterrumpida año a año desde 2020 hasta 2022, cuando alcanzaron su máximo histórico con una media de 1,90 €/L de gasóleo y 1,79 €/L la gasolina sin plomo 95. En lo que va de 2023, los precios ya superan en más de 10 céntimos por litro a los de inicio de año, y todo indica que esta tendencia continuará.
Respecto a la energía en los hogares, las mayores subidas se produjeron entre los años 2021 y 2022. Si en 2020 la media de los hogares españoles en la factura mensual de la luz se situó en los 56,28 €, en 2021 esta ascendió a 62,25 € y en 2022 hasta los 91,38 €, siempre con importantes altibajos a lo largo de los años, cuestión por la que es difícil conocer cuál será la media en 2023. Algo similar ha sucedido con el suministro de gas, esencial en buena parte de los hogares españoles para el suministro de calefacción y agua caliente; ha pasado de los 19 €/MWh en 2019 a los 200 €/MWh en 2022. En el caso de la bombona de butano, cuyo precio lo fija el Gobierno, pasó de los 13,37 € en el invierno de 2020 hasta los 19,55 € en el invierno de 2022.
Junto a los alimentos, la energía y los combustibles, la vivienda se sitúa como el otro bien básico para la reproducción de la vida que se ha visto encarecido vertiginosamente en los últimos meses. Las continuas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo han provocado que la media del coste mensual de las hipotecas en España se haya incrementado en torno a un 36 %, a la vez que el precio promedio de un alquiler se ha incrementado hasta los 877 € mensuales y ya es más de un 50 % más caro que hace diez años.
Este constante incremento del coste de la vida no se afronta igual en todos los hogares. Los capitalistas registran beneficios récord año tras año desde 2021, ganando en términos absolutos un 50 % más de lo que ingresaban en 2019. Destaca en primer lugar el sector energético, con un 262 % más de beneficios, seguido de otros como las cadenas alimentarias, con un 75 % más de ingresos netos, o el turismo y la hostelería, con un 33 % de incremento. El sector bancario, por su parte, ganó 20.850 millones de euros en 2022, un 28 % más que el año anterior. Esta exponencial ampliación de los márgenes empresariales contrasta de manera indignante con el crecimiento de los salarios en nuestro país: un exiguo 3,4 % en una década. Resulta evidente, pues, sobre los hombros de quién se está cargando la tan cacareada recuperación económica.
Los conflictos laborales por la disputa del precio al que vendemos los trabajadores nuestro tiempo y fuerza de trabajo, o lo que es lo mismo, por los salarios, se han incrementado notablemente. El número de jornadas no trabajadas aumentó un 29’6 % entre 2021 y 2022 y han implicado a más de 110.000 trabajadores, según los últimos datos publicados por el ministerio de Trabajo. Imágenes como las impresionantes manifestaciones del metal en Cantabria y Pontevedra o el éxito de la huelga en las tiendas de Inditex dan buena cuenta del incremento de la conflictividad laboral en España.
A pesar de ello, los márgenes de incremento salarial, que con tanto esfuerzo la clase obrera consigue arrancar a los capitalistas, apenas tienen impacto en el bolsillo de las familias trabajadoras. La subida del 3 % en función pública acordada entre Gobierno y sindicatos o el incremento salarial de un 4 % para 2023 según el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva pactado entre CEOE, CCOO y UGT –allí donde se cumple, ya que es un acuerdo no vinculante a los convenios colectivos– difícilmente cubren el aumento de los precios sobre bienes básicos, con lo que paulatinamente los trabajadores vemos reducido nuestro poder adquisitivo. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en 2022 en el Estado español vivían en riesgo de pobreza y exclusión social 12,3 millones de personas, el 26 % de la población.
Frente a esta situación cabría esperar que un Gobierno de coalición formado por las principales fuerzas socialdemócratas del país llevase a término un ambicioso plan para afrontar la situación y no permitir que sean una vez más la clase obrera y los sectores populares quienes carguen con los costes de una crisis capitalista que no han generado. Nada más lejos de la realidad.
Desde 2020, el Gobierno central ha ido implementando distintas iniciativas con el objetivo de sostener los niveles de consumo pero sin alterar en ningún momento los márgenes de beneficio de los capitalistas. Entre abril y diciembre de 2022 se subvencionaron 20 céntimos por litro de combustible –medida que aún sigue vigente para importantes sectores empresariales– sin poner coto al incremento exponencial de precios en los carburantes. Algo similar ha ocurrido con el precio de los alimentos básicos, a los que se les ha ido rebajando progresivamente los distintos tramos de IVA aplicados, sólo para ver cómo días después el precio era igual o superior debido al incremento del precio por parte de las empresas. Se han creado distintos mecanismos para subvencionar el coste de las facturas energéticas de los hogares y se ha creado una tarifa regulada para el consumo de gas, todo nuevamente sin tocar un euro del bolsillo de los empresarios. Desde la pandemia se tasó el incremento máximo de los alquileres en un 2 %, permitiendo de esta manera que continúe inalterado un mercado de precios en materia de vivienda imposible de asumir por la mayoría social trabajadora.
En todo momento, la acción del Gobierno se ha enfocado en sostener los niveles de consumo sin alterar los beneficios capitalistas, con el objeto de garantizar que se completa el ciclo de reproducción del capital y asegurar la realización de plusvalía. En román paladino: el objetivo siempre ha sido garantizar que la masa de trabajadores podíamos seguir consumiendo para que los capitalistas pudiesen sostener sus ganancias y no quebrar. Por eso se ha optado por inyectar enormes cantidades de dinero público a bonificar el consumo y no se ha actuado sobre los precios o los beneficios empresariales.
Esto no se debe al genio estratega de Pedro Sánchez, sino que es la forma típica de afrontar la gestión de una crisis en el capitalismo. En un primer momento, el papel del Estado se enfoca en amortiguar, en la medida de lo posible, las consecuencias más inmediatas de la crisis, principalmente realizando un esfuerzo en la movilización de recursos públicos destinados a intervenir sobre la demanda, es decir, sobre el consumo. Posteriormente, en una segunda fase, los recursos del Estado se destinarán a estimular la esfera de la oferta, facilitando la reactivación de las empresas que han sobrevivido, garantizándoles mejores condiciones para la extracción de plusvalía (a través de reformas laborales, por ejemplo) y para satisfacer los intereses de los acreedores privados que detentan los títulos de deuda pública. Primero se garantiza la supervivencia de los capitalistas y después su desarrollo.
Hoy en España vivimos un momento de solapamiento de estas dos fases fruto de la concatenación de una crisis (catalizada por la pandemia) con la guerra imperialista en Ucrania y otros factores que han alterado las cadenas de producción y distribución de mercancías en todo el planeta. Las inyecciones de recursos públicos para estimular la demanda se han alargado más de lo que las autoridades capitalistas pensaban que era inicialmente necesario, a la vez que se han ido poniendo en marcha distintos mecanismos para garantizar mejores condiciones de competencia para los capitalistas, esencialmente a través de la actualización y legitimación de los marcos de explotación de la fuerza de trabajo: incremento de la flexibilidad laboral, generalización de los mecanismos de trabajo a demanda, nuevas formas de organización del trabajo, etc.
Sólo así se explica por qué progresivamente el Estado va retirando las bonificaciones al consumo a pesar de que las causas que supuestamente concurrían para su puesta en marcha sigan plenamente vigentes. Hoy, el precio de los combustibles está al mismo nivel que cuando se implementaron los ya desaparecidos 20 céntimos por litro y con la llegada de 2024 se prevé el fin de algunas medidas como el tope de precios al gas o al incremento de los alquileres, sin que de ninguna manera los precios hayan remitido a niveles que pudiésemos considerar como aceptables. Todo, como situábamos anteriormente, mientras aumentan exponencialmente la explotación y la pobreza en nuestro país.
Así las cosas, existe una salida, sólo que esta no pasa por continuar delegando la gestión de nuestras vidas en quienes gobiernan para los capitalistas. Es nuestra propia organización allí donde sufrimos la explotación y la pobreza, en nuestros centros de trabajo y lugares de residencia, la que nos permite afrontar colectivamente la situación y luchar para que el rodillo capitalista no nos aplaste una vez más. Hay ejemplos de empresas donde gracias a una organización sindical fuerte y con determinación clasista las plantillas no han visto reducido su poder adquisitivo, con subidas salariales que superan los porcentajes del IPC. Son las vecinas y los vecinos de los barrios y pueblos obreros quienes, a través de su autoorganización, consiguen hacer frente a la carestía de la vida y los desahucios. En cada una de esas luchas está el germen de la sociedad que puede ser: una donde el interés de la mayoría social rija por encima del beneficio de un puñado de parásitos.