La llamada «prioridad nacional» que PP y Vox están incluyendo en sus acuerdos de gobierno, por mucho que alguno la quiera matizar, no es una consigna nueva. Es una pieza bastante clásica que históricamente han utilizado las organizaciones fascistas y que se encuadra en una forma de hacer política que necesita que, ante cualquier problema social, miremos en la dirección equivocada y hacia el culpable que no es.
No estamos ante una discusión sobre cómo organizar mejor los recursos públicos, sino ante un intento de promover una competencia dentro de los sectores más perjudicados por la dinámica capitalista y por su gestión política.
El punto de partida es que no hay recursos públicos o «ayudas» para todos los que los necesitan. Que la vivienda pública es limitada, que las ayudas no alcanzan, que los servicios sociales y sanitarios están saturados. Y a partir de ahí se introduce la pregunta tramposa: si no hay para todos, ¿quién debe tener prioridad? La respuesta que proponen es la nacionalidad. Pero lo decisivo no es la respuesta, sino la pregunta que la precede y que tiene pinta de que se está aceptando sin discusión.
Cabe preguntarse a qué responde el hecho de que cada vez más personas se vean obligadas a recurrir a los servicios sociales y necesiten la asistencia estatal para cubrir necesidades básicas. Es el resultado de hechos concretos y de decisiones políticas concretas sometidas a la lógica y al interés de los capitalistas. Las condiciones de trabajo van empeorando día tras día para muchos sectores de la clase obrera, y ello tiene un efecto evidente en que no se puede llegar a fin de mes o que se tiene que limitar la satisfacción de ciertas necesidades básicas porque hay que priorizar otras. En estas condiciones, los recursos públicos asistenciales, sometidos también a una presión constante y a la lógica mercantil de las privatizaciones, las externalizaciones y las malas condiciones laborales de quienes los prestan, llevan a la percepción de que hay que poner límites.
Aquí es donde se implanta la lógica del «último contra el penúltimo». Cuando los recursos se recortan y se presentan como insuficientes, se genera un escenario de competencia entre quienes dependen de ellos. Trabajadores precarios, desempleados, personas sin acceso a la vivienda, españoles o extranjeros, todos pasan a verse en una fila cada vez más estrecha. En ese momento, hay quien aprovechar para fomentar que, en lugar de mirar hacia arriba, hacia quienes concentran la riqueza y condicionan cómo se reparten los recursos, se miren entre sí como rivales.
La «prioridad nacional» es exactamente eso: un mecanismo para ordenar esa competencia de manera que no cuestione el sistema que la produce. En vez de preguntarse por qué hay tan pocas viviendas públicas, se discute quién merece más una de ellas. En lugar de plantearnos por qué hay personas que no llegan a fin de mes, decidimos a quién dejamos morir de hambre. Y así, el conflicto social se desplaza desde la lucha de clases hacia una disputa horizontal dentro de la misma clase mayoritaria.
Este desplazamiento tiene una función muy concreta: desactivar la posibilidad de una alianza entre quienes comparten condiciones materiales similares. Si el problema es el vecino que compite por la misma ayuda, deja de serlo el sistema que convierte esa ayuda en un bien escaso. Si el adversario es el penúltimo, el último nunca llega a mirar hacia arriba.
El capitalismo contemporáneo no se limita a producir desigualdad, sino que también establece las formas en que esa desigualdad se percibe y se gestiona políticamente. Cuanto más estrecho es el acceso a derechos, más fácil es convertirlos en objeto de disputa entre iguales.
Por eso resulta tan funcional introducir criterios como la nacionalidad. Este tipo de criterios no resuelven nada (no crean más recursos, no amplían derechos, no mejoran servicios, no alteran la posición de clase de cada cual), sino que reorganizan el campo del conflicto, dividen a quienes en realidad tienen intereses comunes y los enfrentan en una competencia por migajas.
Para hacer frente a estos planteamientos no basta con el enfoque moralista, que ya demasiadas veces se ha comprobado como inútil e insuficiente. Nuestra obligación es romper el marco que la hace plausible y volver a situar el problema donde realmente está y ha estado siempre: en la producción y distribución de la riqueza.
Eso implica que debemos cambiar la pregunta. Pasar del «quién va primero» a «por qué hay tan poco». No «a quién dejamos fuera», sino «qué decisiones han llevado a que haya tantas personas que no pueden cubrir sus necesidades más básicas». Y, sobre todo, implica recuperar la acción política que identifique al adversario en términos de clase y no de procedencia. Dejemos de hablar de prioridad nacional para hablar de prioridad de clase.