Hace unas semanas, RTVE emitía un episodio de Se nos ha ido de las manos, de Carles Tamayo, dedicado a la crisis de la vivienda. Resulta significativo que incluso desde un medio público se describa ya con cierta naturalidad el carácter parasitario y especulativo del mercado inmobiliario español. La subida constante de los alquileres, la imposibilidad de emancipación juvenil o la proliferación de pisos turísticos son fenómenos tan visibles que ni siquiera pueden ocultarse completamente desde los propios aparatos ideológicos del Estado. Sin embargo, mientras la televisión pública denuncia parcialmente las consecuencias del problema, el Estado continúa gobernando dentro de límites perfectamente compatibles con la rentabilidad del capital inmobiliario y los intereses de rentistas, bancos y la patronal del sector.
No se trata simplemente de la existencia de políticos con viviendas en alquiler o de conflictos de intereses individuales. El problema es más profundo. La cuestión de la vivienda expresa tendencias estructurales del capitalismo español y el propio carácter de clase del Estado. Los datos recientes sobre la evolución de la propiedad inmobiliaria son especialmente reveladores. Desde 2008, el porcentaje de población con vivienda en propiedad ha caído del 79 % al 64 %, mientras aumenta la concentración de viviendas en manos de multipropietarios y grandes tenedores. La vivienda deja progresivamente de funcionar, si es que alguna vez lo fue, como un mecanismo de integración social para convertirse cada vez más en un instrumento de extracción de rentas sobre la clase trabajadora.
Durante décadas, el capitalismo español pudo sostener parcialmente una «sociedad de propietarios». El acceso, para sectores del proletariado, a la vivienda en propiedad sirvió como mecanismo de estabilidad social. La hipoteca, la vivienda familiar y la expectativa de ascenso social actuaron como elementos de cohesión a través de cierto bienestar, pero también del «miedo» a no poder afrontar la hipoteca. Pero aquella etapa respondía a unas condiciones históricas concretas que hoy se encuentran agotadas. La crisis de 2008 supuso, a través de los desahucios por impago de hipotecas, el fin de ese modelo de proletario propietario hipotecado.
La tendencia actual es justamente la contraria. El capital ya no necesita integrar a buena parte de la clase trabajadora mediante el acceso a la propiedad. Al contrario, tras la crisis inmobiliaria encontró en el alquiler un nicho de rentabilidad extraordinario. Una parte creciente del salario de millones de trabajadores se transfiere mensualmente a propietarios, fondos de inversión y entidades financieras. El resultado es la consolidación de una nueva realidad social: amplios sectores del proletariado son inquilinos permanentes, incapaces de ahorrar y acceder a una vivienda en propiedad y sometidos a una enorme inseguridad material.
La socialdemocracia ha intentado presentar la situación actual como una consecuencia exclusiva de las políticas del Partido Popular o de determinados «abusos» del mercado. Sin embargo, tras ocho años de Gobiernos progresistas, las tendencias fundamentales no solo no se han revertido, sino que continúan agravándose. Las medidas impulsadas en materia de vivienda han tenido un impacto muy limitado porque en ningún momento han cuestionado las bases estructurales del problema: la propiedad privada del suelo y de la vivienda como mercancía sometida a la lógica de valorización del capital.
La reciente polémica parlamentaria en torno a los decretos sobre alquileres ha pretendido escenificar una gran confrontación política entre bloques. PSOE y Sumar señalan al PP, Vox o Junts como responsables del bloqueo de soluciones efectivas, mientras estos defienden abiertamente los intereses del mercado inmobiliario. Pero, más allá de la teatralización parlamentaria, lo cierto es que ninguno de los actores fundamentales pone en cuestión el núcleo del problema. Incluso las medidas más ambiciosas permanecen subordinadas a una línea roja inquebrantable: no alterar significativamente la rentabilidad del negocio inmobiliario.
En este sentido, el problema no reside únicamente en la insuficiencia de determinadas reformas, sino en los límites estructurales de cualquier política que pretenda garantizar simultáneamente el derecho efectivo a la vivienda y la rentabilidad del capital inmobiliario. Las ayudas al alquiler terminan frecuentemente siendo absorbidas por la propia subida de precios. Los topes parciales encuentran múltiples vías de evasión. El parque público de vivienda continúa siendo extremadamente reducido. Y, mientras tanto, los salarios reales siguen perdiendo poder adquisitivo.
Este último elemento resulta central y habitualmente queda desplazado del debate público. No es posible comprender la crisis de la vivienda separándola de la evolución de las condiciones materiales de la clase trabajadora. El problema no consiste únicamente en que los precios suban, sino también en que los salarios son insuficientes para sostener unas condiciones de vida dignas. La vivienda absorbe ya una parte desproporcionada del salario obrero y esto afecta especialmente a la juventud trabajadora.
Cada vez más jóvenes retrasan su emancipación o solo pueden abandonar el hogar familiar compartiendo gastos mediante relaciones de pareja. El acceso a una vivienda independiente se convierte en un lujo reservado a salarios elevados o patrimonios familiares previos. La consecuencia es una creciente dependencia económica, una enorme inestabilidad vital y la imposibilidad de desarrollar proyectos autónomos de vida. La mudanza permanente, el alquiler compartido y la precariedad habitacional empiezan a consolidarse como rasgos normales de varias generaciones. Al mismo tiempo, fenómenos como la turistificación y la gentrificación aceleran todavía más esta dinámica. Los barrios céntricos y las zonas con mayor atractivo económico son reorganizadas en función de las necesidades del capital turístico e inmobiliario, expulsando a la población trabajadora hacia periferias cada vez más alejadas.
La cuestión de la vivienda no puede separarse, por tanto, de la lucha general de la clase trabajadora. El problema habitacional aparece hoy como una de las principales preocupaciones sociales precisamente porque expresa de forma inmediata el deterioro de las condiciones materiales de vida de amplios sectores obreros y populares. Pero reducir la lucha por la vivienda únicamente al conflicto entre inquilinos y propietarios, o convertir el inquilinato en un sujeto político homogéneo, supone asumir una visión superficial del problema. Bajo la categoría de «inquilinos» conviven intereses de clase distintos y, en muchos casos, contradictorios. Hay capas sociales para las que bastaría con estabilizar parcialmente los precios o facilitar un acceso menos costoso al mercado inmobiliario. Pero para la clase obrera el problema es más profundo: no afecta únicamente al acceso a la vivienda, sino al conjunto de las condiciones de reproducción de la vida bajo el capitalismo.
Por eso la cuestión central no consiste únicamente en articular movilizaciones amplias, sino en determinar qué clase social dirige políticamente esas movilizaciones y con qué horizonte estratégico. La experiencia del ciclo político posterior a 2008 dejó precisamente esa enseñanza. La incapacidad del movimiento obrero para actuar con independencia política permitió que amplios sectores de la pequeña burguesía y de la nueva socialdemocracia dirigieran el descontento social hacia programas de reforma compatibles con la continuidad del sistema. Hoy existe el riesgo de repetir el mismo esquema si la lucha por la vivienda queda desligada de la contradicción capital-trabajo y de la necesidad de recomposición política e ideológica del movimiento obrero.
La subida de los alquileres, la turistificación, la concentración de propiedad o la expulsión de trabajadores de sus barrios forman parte de una misma dinámica de valorización capitalista en un contexto de creciente estrechez económica. Del mismo modo, la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la inseguridad habitacional son expresiones distintas de una misma ofensiva contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Separarlas artificialmente solo conduce a respuestas parciales e insuficientes.
Esto no significa despreciar las luchas por la vivienda, sino precisamente comprender su verdadero alcance político. Allí donde el movimiento por la vivienda sea capaz de vincularse de manera efectiva con la lucha salarial, con la organización sindical combativa y con la reconstrucción de espacios de organización obrera y popular en barrios y centros de trabajo, podrá convertirse en un elemento de fortalecimiento político de nuestra clase. Allí donde, por el contrario, quede reducido a la gestión de reivindicaciones parciales o a la presión institucional sobre el Estado, tenderá inevitablemente a quedar absorbido dentro de los márgenes del reformismo.
La cuestión decisiva sigue siendo, por tanto, la independencia política de la clase obrera. Solo una clase trabajadora organizada, consciente de sus intereses históricos y capaz de actuar con un programa propio puede enfrentar las tendencias del capitalismo contemporáneo que convierten la vivienda, el trabajo y la propia vida en mercancías sometidas a la rentabilidad. Porque, mientras el acceso a un techo dependa de la valorización del capital, la inseguridad habitacional seguirá siendo una condición normal de existencia para millones de trabajadores. Y porque únicamente colocando en el centro la organización independiente de la clase obrera podrán las manos abiertas de la impotencia transformarse en los puños cerrados de la lucha.