Junio de 2026. Ha pasado casi medio año desde una operación militar estadounidense en suelo venezolano que supuso el cambio forzado del presidente. Tras casi tres décadas de sanciones económicas y operaciones de desestabilización promovidas desde Washington, Bruselas, Madrid, el Palacio de Miraflores vio un secuestro que provocó un cambio de Gobierno, situando a la cabeza del cambio a una nueva fuerza dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias las exigencias de la Casa Blanca en territorio bolivariano, incluyendo el acceso de empresas yanquis a los pozos petrolíferos.
En efecto, hablamos del mismo PSUV que gobernó el país desde su creación, dirigido ahora por Delcy Rodríguez. Lejos quedan los tiempos en los que se «mandaba al carajo» a los yanquis delante de cámaras mientras se cerraban acuerdos comerciales tras bastidores: hoy solo existe el culmen a décadas de negociaciones en las que se buscaba conciliar los intereses de distintas facciones del capital extranjero y los de ciertos sectores de la burguesía venezolana, en las que se buscaba, por un lado, el acceso en las mejores condiciones posibles a los recursos energéticos del país latinoamericano y, por otro, la adaptación de la economía venezolana al mercado mundial en las mejores condiciones. Por eso no ha habido ruptura. Por eso no ha habido una traición a los sectores que ostentan el poder en la República Bolivariana. Por eso ha habido durante décadas un Gobierno que, en nombre de la soberanía nacional y «popular», justificaba retrocesos en los derechos políticos y sindicales de la clase obrera.
Lo que la realidad ha ido demostrando en los últimos años es que buena parte de eso que se ha venido a llamar «izquierda» ha pecado –una vez más– de inmadurez. Una inmadurez que procede de la suma de dos realidades distintas: la necesidad de encontrar un contrapeso a quienes han aislado como un único enemigo, por una parte, y su incapacidad, por otra, de formular una alternativa real e integral a un sistema socioeconómico, el capitalismo, que condena a todo país donde existe a la miseria de la mayoría. Así, permitieron que una teoría política, disfrazada de justicia social y una no poco sutil moral cristiana, se convirtiese en su nuevo becerro de oro, con la promesa de que marcaría el camino en la lucha contra el Imperio –que no el imperialismo– que debían desarrollar los pueblos del mundo.
Resulta significativo que esa misma izquierda, mientras hacía la vista gorda con los desfalcos y las acciones del Gobierno de Maduro contra la clase obrera –e incluso las justificaba–, se ha dedicado durante años a acusar al Partido Comunista de Venezuela de «hacerle el juego al imperialismo» cada vez que denunciaba esas mismas acciones del Gobierno. Las acusaciones lanzadas contra el PCV incluyeron todo tipo de difamaciones, desde pactos ocultos con la oposición burguesa afincada en Miami y Madrid hasta la supuesta financiación del partido por parte de la CIA. Cualquier afirmación, por grotesca que fuera, valía, porque lo que se pretendía era anular la crítica al Gobierno venezolano, imponiendo la idea de que Gobierno, patria y revolución eran lo mismo en Venezuela, rechazando por principio las críticas formuladas desde las posiciones de clase.
La evolución de los acontecimientos ha demostrado quién tenía razón y quién está «entregado» a Estados Unidos. Quienes advertían sobre el carácter cada vez más dependiente y conciliador del modelo venezolano no eran agentes extranjeros, sino organizaciones y militantes que señalaban un hecho inocultable: la consolidación de un capitalismo rentista administrado por una nueva élite burocrática que, si en algún momento había planteado una transformación real para la mayoría trabajadora, hacía tiempo que la había abandonado.
Venezuela arrastra desde hace más de un siglo una estructura económica profundamente condicionada por la exportación de hidrocarburos y por la subordinación de su desarrollo nacional a las necesidades del mercado internacional. La cuestión central que ha ocupado en todo este tiempo las distintas propuestas de gestión capitalista en el país era qué hacer frente a esa realidad. El chavismo, en la época de altos precios del petróleo, tuvo a su disposición una cantidad ingente de recursos que podrían haber servido para iniciar un proceso serio de diversificación productiva, desarrollo industrial y fortalecimiento de formas de propiedad colectiva dirigidas por la clase obrera. ¿Por qué no se hizo cuando la propia retórica «revolucionaria» exigía estas medidas? Pues porque, sencillamente, nunca hubo un cuestionamiento real de las bases del capitalismo venezolano y se mantuvieron sus estructuras. El aparato productivo siguió dependiendo de las importaciones, amplios sectores de la economía continuaron bajo control privado y la burguesía local mantuvo espacios decisivos de acumulación. Incluso cuando se desarrollaron procesos de nacionalización parcial, rara vez estuvieron acompañados de mecanismos de control obrero efectivos. La gestión burocrática sustituyó sistemáticamente cualquier forma de poder popular autónomo.
A medida que la crisis económica se profundizó, las contradicciones se hicieron más visibles. La caída de los ingresos petroleros, las sanciones internacionales y la propia incapacidad estructural del modelo terminaron descargando el peso de la crisis sobre los trabajadores y los sectores populares. Los salarios se pulverizaron, los servicios públicos colapsaron y millones de venezolanos se vieron empujados a emigrar. Mientras tanto, el Gobierno avanzaba en políticas de flexibilización económica, apertura al capital extranjero y deterioro de derechos laborales. Fue precisamente en ese contexto cuando el PCV intensificó sus críticas, a la vez que siguió denunciando la agresión imperialista contra Venezuela. Las y los comunistas venezolanos comprendieron que la respuesta del Gobierno se basaba cada vez más en la administración de la crisis mediante acuerdos cada vez más favorables a distintas fracciones del capital. Las Zonas Económicas Especiales, las concesiones mineras y petroleras, así como la creciente liberalización económica, mostraban ya entonces la dirección del proceso. Fruto de ello fue la ruptura del acuerdo unitario marco entre PCV y PSUV y la salida del PCV de la coalición electoral en apoyo de Maduro, y la creación de su propia alternativa política y electoral.
Aun con el PSUV volcado en la supervivencia de un sistema caduco, la izquierda fue incapaz de ver los contactos previos entre dirigentes venezolanos y funcionarios estadounidenses antes incluso del secuestro de Maduro, por mucho que se desarrollasen a la vista de todos y fuesen denunciados públicamente; incapaz de analizar por qué sectores del movimiento obrero y popular, anteriormente vinculados al chavismo, comenzaron a desarrollar posiciones críticas y a ser perseguidos por el Gobierno; incapaz, por supuesto, de analizar qué llevó al Gobierno a responder con persecución judicial, intervenciones administrativas y campañas de criminalización política a las movilizaciones sindicales convocadas en los últimos años que exigían subidas salariales y más derechos laborales. Ahora, con Maduro fuera del escenario y con una parte significativa del antiguo aparato chavista buscando garantías de estabilidad mediante acuerdos con Washington, quedan al desnudo todas las contradicciones acumuladas.
No se trata de negar las agresiones históricas de Estados Unidos y Europa contra Venezuela, ni de minimizar el impacto devastador de las sanciones económicas. Sería absurdo hacerlo. Lo que debe analizarse es por qué un proyecto que se presentaba como antiimperialista ha terminado facilitando, en cuestión de semanas, un nivel de penetración económica y política estadounidense que hace pocos años habría sido presentado como inaceptable.
La respuesta remite a una cuestión fundamental: ningún proceso político dirigido por sectores burgueses, aunque adopte ocasionalmente discursos radicales o medidas progresistas, puede sostener de manera duradera una confrontación real con el imperialismo ni avanzar hacia transformaciones socialistas profundas. Las burguesías nacionales dependen estructuralmente del mercado mundial, de la exportación de materias primas y de sus relaciones con el capital internacional. En momentos de crisis, su prioridad termina siendo garantizar la estabilidad del sistema y preservar sus propios espacios de poder.
Por eso la experiencia venezolana deja una enseñanza política decisiva para los movimientos revolucionarios y para la izquierda internacional. Las mejoras sociales parciales, las políticas redistributivas o incluso determinadas confrontaciones diplomáticas con Estados Unidos no bastan para definir el carácter de un proceso político. La cuestión central sigue siendo quién ejerce el poder real, qué clase dirige el proceso y qué relaciones de producción se construyen. Algunos, mientras no asimilen esta verdad, seguirán entregados a quienes entregan su país al imperialismo.