Una vez Karl Marx le escribió a su amigo Friedrich Engels en una carta lo siguiente: «En los grandes procesos históricos, veinte años son igual a un día, aunque luego pueden venir días en los que se concentran veinte años». Si aterrizamos eso en la España de hoy, podemos corroborar la afirmación del revolucionario de Tréveris viendo el cuadro que nos dejan los acontecimientos de las últimas semanas. Si en 2016 solo un 1 % de la población española consideraba la vivienda un problema, hoy encadena 22 meses –desde diciembre de 2023– siendo la principal preocupación. Y tras una década de incrementos desorbitados de precios, frustración y rabia acumuladas entre la mayoría trabajadora y contención de la movilización social por Gobiernos socialdemócratas, en apenas unas semanas todo parece haber cambiado, a raíz del desahucio de Maricarmen.
Y es que cuando las masas entran en la disputa, todo puede ser diferente. Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras se indignan, se movilizan, no están dispuestos ya a tolerar lo que se ha vuelto insostenible. De repente, lo que hace unos meses o semanas parecía imposible se vuelve posible. Algunas medidas ya no son inviables para los gestores políticos burgueses. Saben que no pueden seguir actuando como si no estuviera en curso una impugnación, en parte, del sistema que ellos administran. Nos damos cuenta del poder real de cambiar las cosas que tenemos millones de trabajadores cuando actuamos con independencia de clase, poniendo encima de la mesa nuestras necesidades, tratando de imponer nuestros intereses, no resignándonos a lo que nos dicen que es posible. Pero la lección que debemos tener presente es que ni siquiera una movilización masiva alcanza para caminar, de verdad, hacia una sociedad que responda a las necesidades de la mayoría, ni a corto ni, sobre todo, a largo plazo. Hay que dotarse de un horizonte estratégico.
Con los decretos de vivienda que aprobó el Gobierno de coalición y que el Congreso tumbó quedaron dos cosas claras. Una, que la reacción no esconde ni un ápice qué intereses defiende, que debe ser señalada frontalmente y también que los intentos de los elementos fascistas de tomar las calles deben ser frenados desde cada centro de trabajo, en cada barrio y en las calles y plazas, allí donde asome siquiera un poco.
La segunda, menos fácil de identificar, es que el Gobierno de coalición y sus socios son responsables de la situación asfixiante de la vivienda para nuestra clase y cuyas reivindicaciones, ahora, pretenden cínicamente abanderar. Esta vez parece haber sido «la falta de una mayoría parlamentaria». En la legislatura anterior, cuando no estaban en esa minoría, nadie sabe qué excusa hubo para hacer bien poco durante varios años y terminar aprobando sobre la bocina una ley de vivienda que hacía aguas y en absoluto contribuyó a hacer del acceso a la vivenda un derecho efectivo. Cada vez menos gente se cree el cuento, y en las movilizaciones de las últimas semanas se ha podido ver cómo crece lenta pero sostenidamente una impugnación general al rentismo, a los Gobiernos pretendidamente progresistas, al sistema capitalista, y no a «la derecha», como les gustaría a algunos. Pero ante la cercanía de las elecciones del 29 de noviembre nunca insistiremos lo suficiente.
Echando la vista unos años atrás, observamos que la socialdemocracia viene planteando hábilmente los procesos electorales en estos términos. En los de abril y noviembre de 2019, fue la irrupción de Vox a finales de 2018 en el Parlamento andaluz lo que hizo saltar las alarmas, lo que hizo a Pablo Iglesias anunciar con semblante muy serio aquello de «alerta antifascista» y lo que hizo a Pedro Sánchez proponer por primera vez que el auténtico voto útil para «frenar a la ultraderecha» era el voto al PSOE. Cuatro años después, en una situación que pintaba mucho peor, insistió en la fórmula: las encuestas daban casi por hecho un Gobierno de PP y Vox, pero la «remontada» socialdemócrata vino en buena medida por azuzar el miedo de la gente progresista a que «viene la derecha». Desde hoy hasta el 29 de noviembre resonará, con más fuerza que nunca, «o nosotros, o el fascismo».
El PSOE planteará la llamada a las urnas en esos limitantes términos, más aún, teniendo en cuenta el panorama que ve a su izquierda: una izquierda que busca construir un «Frente Amplio» con amplios rifirrafes por los previsibles pocos escaños. Hay en todo ello poco más que un rebranding y una máxima aspiración que será, de nuevo, «empujar al PSOE» a hacer «políticas transformadoras» que, a la vista está, a la postre apenas se hacen y transforman más bien poco las vidas de la clase trabajadora.
Y, entretanto, tenemos a sectores crecientes de la mayoría trabajadora –particularmente, la juventud obrera– con ganas de dar la pelea, movilizada, consciente de la caducidad de un sistema capitalista que nada tiene que ofrecer. Ante el llamado al voto útil que le planteará hasta la saciedad el malmenorismo, encontrará ante sí dos caminos. Uno, tantas otras veces ya recorrido, será el de ilusionarse con llamados a la esperanza y promesas de medida radicales. Como en otras tantas ocasiones, conduciría indefectiblemente a un callejón sin salida: Gobierno socialdemócrata, promesas incumplidas e insatisfacción. Mientras tanto, con toda probabilidad, la vivienda desbocada y los salarios, pendientes de que demos las mismas batallas laborales por sectores y territorios que la clase viene librando cada vez más. Cualquier Gobierno capitalista, sea del color que sea, actúa dentro de unos márgenes de posibilidad que cada vez se estrechan más.
La otra senda es la realmente necesaria, y no puede postergarse más. Porque, si no, el derecho a la vivienda seguirá siendo papel mojado, la pérdida de poder adquisitivo seguirá su curso, los servicios públicos serán cada vez más esquilmados… La clase obrera, tímidamente despertada, pero aún aletargada y anquilosada tras años de pérdida de ejercitamiento y falta de un horizonte de transformación radical de la sociedad, debe reclamar el protagonismo que le corresponde como clase que todo lo produce. Una clase que realmente tiene la capacidad, como podríamos comprobar en la huelga general del 11 de noviembre, de paralizar la economía capitalista y alterar el normal discurrir de la sociedad burguesa.
Cuanto más insistan en que no hay otra opción, en que todo se reduce a dos opciones, a dos bloques de política burguesa, más debemos insistir en la idea contraria: claro que hay alternativa. Se puede y se debe construir una oposición obrera a los Gobiernos capitalistas, tanto a la reacción como al mal menor, para desarrollar una política de clase, desde las necesidades y los intereses de los y las trabajadoras, sin quedar supeditados a las agendas institucionales de otros ni constreñidos por los límites que impone el capital para mantener intactos los beneficios de una minoría.