Meta, condenada a pagar 18 mil millones de dólares por el diseño adictivo de sus aplicaciones y su impacto negativo en adolescentes. Este llamativo titular abrió hace varias semanas numerosos telediarios y periódicos en todo el mundo, incluido nuestro país, donde se señalaba sin tapujos lo histórico de esta medida. No obstante, la realidad tras la discursiva grandilocuente está llena de matices que los comunistas debemos poner sobre la mesa.
En primer lugar, debemos comprender el contexto en el que se produce esta condena. Hace unos meses analizamos la medida anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Una propuesta que, a pesar de su gran proyección mediática, no ha encontrado una plasmación concreta y real acorde con su anuncio. Más recientemente, la Comisión Europea ha anunciado un plan digital en la misma dirección, pendiente de formulación definitiva y aprobación parlamentaria. Ese contexto de aparente ofensiva contra las multinacionales digitales presenta problemáticas insoslayables relativas a las causas estructurales de los problemas de salud mental y a la seguridad de la actividad política de la clase obrera.
Atendiendo al caso concreto de la condena a Meta, se trata, de hecho, de un acuerdo extrajudicial del gigante tecnológico con 47 estados de Estados Unidos que habían presentado diferentes causas por la responsabilidad de la empresa de Mark Zuckerberg en la configuración adictiva de sus redes sociales y el consecuente impacto en la salud mental de los consumidores, fundamentalmente los más jóvenes. Consideramos oportuno señalar, para evitar interpretaciones benevolentes, que este acuerdo se produce para evitar la declaración de Zuckerberg y sanciones mayores, como las que solicitaban algunos de los Estados demandantes.
Después de un proceso en el que se ha evidenciado, con documentación interna de Meta, la indiferencia consciente de la empresa ante las evaluaciones de riesgos y la modificación de sus diseños para rentabilizar la vulnerabilidad de las personas, ante lo que la empresa ha negado toda irregularidad, se ha alcanzado un acuerdo con elementos destacados. Además del eje económico mencionado, Meta ha comunicado el acuerdo relativo al establecimiento de medidas para limitar algunos de los daños más flagrantes, vinculados fundamentalmente a limitaciones horarias y tiempo de uso.
Sin embargo, el pacto es, cuanto menos, limitado. En primer lugar, la sanción económica es irrisoria si tomamos como referencia los balances financieros de Meta. Los 18.000 millones de multa representan apenas un poco más de los beneficios netos –insistimos, netos– de la empresa en el segundo trimestre de este año. 18.000 millones de los cuales, realmente, sólo están garantizados 12.700, estando sujetos los 5.300 restantes a que Youtube y Tiktok, como competidores directos, tomen medidas equivalentes.
En segunda instancia, el acuerdo, en el eje relativo a las modificaciones de las aplicaciones, no aplica a las cuestiones relacionadas con las recomendaciones de contenido personalizadas. Es decir, al diseño del algoritmo adictivo y del scroll infinito que genera los comportamientos de consumo compulsivo. De poco sirven las limitaciones horarias y de uso si el contenido continúa reproduciendo mensajes y contenidos que incitan a la comparación, la competitividad y la creencia en la responsabilidad exclusivamente individual sobre nuestras vidas.
De manera transversal, resulta relevante apuntar que el acuerdo alcanzado no acaba con la totalidad de las problemáticas que las redes, por decisión consciente de sus propietarios, provocan sobre la salud mental de los adolescentes. Sobre todo, el pacto no ataja ni cuestiona las causas y las bases de la epidemia que caracteriza nuestro tiempo. Un pleito del que Meta sale con las manos prácticamente limpias: no reconoce el daño causado, puede esquivar algunas de las medidas más importantes y solo tiene que pagar una parte de sus beneficios semestrales. Mientras tanto, la mayoría de las exigencias de los demandantes quedan fuera del acuerdo.
El litigio contra Meta y sus conclusiones son solo una muestra más de la ineficacia de los mecanismos judiciales y políticos de las democracias burguesas ante el poder de las grandes empresas, a las que se encuentran subordinadas. Se decretan medidas y sanciones que, desgraciadamente, son más superficiales que esenciales. Multas y modificaciones de mecanismos de negocio perfectamente asumibles por las empresas –en este caso, tecnológicas– acompañadas de una envoltura mediática que las presentan como beneficios para la mayoría social, a pesar de que las causas de su precariedad y enfermedad no son atajadas, y que el impacto sobre sus vidas no se repara.
Lamentablemente, no podemos decir que esta condena sea sinónimo de «justicia». La clase dominante mantendrá su poder a cambio de pequeñas reprimendas puntuales, mientras que las vidas proletarias serán las que se sigan jodiendo y perdiendo. Justicia se hará el día que tengamos una vida sin adicciones ni muertes por culpa de los capitalistas.