Tanto tiempo diciéndonos que el problema de la vivienda era complejísimo, que las instituciones públicas tenían poquísimo margen de actuación y que cualquier intervención demasiado ambiciosa podía provocar un desastre económico de proporciones bíblicas, y resulta que se podía. Varios miles de personas salen a la calle y el Gobierno descubre que puede aprobar medidas que, hasta el momento, no estaban ni siquiera encima de la mesa. La magia de la movilización social conjugada con la demoscopia.
Tener un lugar donde vivir supone, desde hace demasiado tiempo, un verdadero quebradero de cabeza para millones de trabajadores. Al tiempo que los Gobiernos presumen de las cifras de crecimiento económico y empleo, una parte creciente de la población se ve obligada a destinar una parte cada vez mayor de su salario a cubrir una necesidad tan básica como es la vivienda, la inmensa mayoría de las veces enriqueciendo a bancos, fondos de inversión o rentistas de diverso pelaje y condición, pequeños o grandes. Cuando millones de personas no pueden permitirse vivir en las ciudades en las que trabajan, es que España no va tan bien como nos cuentan.
En las dos últimas legislaturas hemos escuchado repetidamente la expresión «escudo social». Que si unas medidas extraordinarias ante la pandemia, que si otras ante la guerra en Ucrania, que si más medidas ante el cierre del Estrecho de Ormuz… En su mayoría, medidas que han supuesto destinar recursos públicos a sostener la actividad económica y los márgenes empresariales: bonificaciones sobre los combustibles, rebajas del IVA, préstamos a tipos de interés reducidos… Todo ello, sin abordar las causas fundamentales de unos problemas sociales que se han ido acumulando y agravando.
El PSOE y sus aliados llevan años gobernando y, salvo poner parches, han hecho poco más. El resultado está a la vista. Sigue habiendo desahucios, sigue habiendo terribles dificultades para llegar a fin de mes y sigue habiendo mucha gente que se enriquece escandalosamente a costa de otros. La vivienda es un ejemplo magnífico, pero no el único, de que hay muchas cosas que funcionan muy mal en esta sociedad. Y resulta que ahora, justo cuando estaba en el aire la pregunta de cuándo serían finalmente las elecciones generales, pretenden convencernos de que el problema estaba en los obstáculos parlamentarios y que, con un poco más de apoyo electoral, esta vez sí, podrán conseguirlo. Qué gran capacidad para pedir nuevas oportunidades cuando se han desperdiciado las anteriores, oye.
Las movilizaciones masivas de estas últimas semanas han conseguido arrancar respuestas que no habían llegado mediante años de gestión gubernamental. Esto demuestra, entre otras cosas, que los derechos de la mayoría trabajadora no avanzan porque un Gobierno se vuelva especialmente sensible a sus problemas, sino porque existe una fuerza social capaz de imponerle determinadas decisiones. Naturalmente, esas decisiones tienen límites y tienen contextos. El Gobierno puede regular temporalmente aspectos del mercado inmobiliario, pero difícilmente va a enfrentarse a las bases de un negocio cuya rentabilidad protege el propio Estado. Y, seguramente, si el PSOE no hubiera visto en esta cuestión la posibilidad de un aprovechamiento electoral, las cosas serían diferentes.
No conviene engañarse ni engañar a nadie. Los decretos aprobados por el Gobierno y tumbados por el Congreso suponían un alivio muy temporal para algunas situaciones muy graves, pero no una solución. La prisa por tramitar su convalidación en el Congreso chocaba con las previsibles dificultades de convencer a varias fuerzas políticas cuyo voto era necesario para que salieran adelante. En La Moncloa ya tenían claro que había que aprovechar el momento para intentar remontar los pésimos datos de las encuestas. Si caían los decretos, la culpa sería de otros y el PSOE podría presentarse, por enésima vez, como el defensor de las clases populares.
Y así han llegado las elecciones. Pedro Sánchez ha echado cuentas y ha decidido adelantarlas unos meses, tratando de convertir la crisis política desatada alrededor de la vivienda en una oportunidad para continuar en la Moncloa, dando paso a la operación que ya conocemos de sobra: transformar el descontento social en una disputa entre candidatos, programas y mayorías parlamentarias, colocando en un segundo plano los problemas de la mayoría trabajadora y centrando el debate en quién debe gobernar.
Así que, en las próximas semanas, se hablará muchísimo de vivienda, pero bastante poco de los intereses económicos que hacen de ella un negocio extraordinario. Se discutirá sobre los decretos y por qué no salieron en el Congreso, pero muy poco de la terrible contradicción que supone que la necesidad de vivir bajo techo está sujeta a las condiciones del mercado y la propiedad privada.
La socialdemocracia, en sus expresiones más viejas y más jóvenes, tiene a mano un recurso que lleva años explotando con mucha eficacia: el del mal menor, el del miedo a lo que puede venir si ellos no están en el Gobierno. Así, el PSOE se presenta como la última defensa de los trabajadores frente a políticas que, en demasiadas ocasiones, no ha tenido demasiados problemas en administrar cuando le correspondía hacerlo.
No digo aquí que PSOE, PP y Vox sean lo mismo. Las diferencias existen y algunas pueden ser relevantes en lo inmediato para las condiciones de vida y los derechos de nuestra clase. Pero no a largo plazo, ya que todas esas fuerzas políticas tienen como objetivo fundamental mantener intacta la estructura de propiedad y dominación que se basa en la explotación del trabajo asalariado. De ahí que convertir las diferencias entre las fuerzas políticas defensoras del capitalismo en una obligación permanente de subordinación política supone aceptar que los trabajadores nunca tendremos la posibilidad de defender un proyecto político propio. Siempre habrá una amenaza mayor, una emergencia más urgente o una elección demasiado importante que «recomienden» posponer la discusión sobre las bases del capitalismo.
Las fuerzas de la nueva socialdemocracia son el cómplice necesario en esta operación, aunque procuren presentarla con un lenguaje algo más radical. Tras años prometiendo que su presencia en las instituciones permitiría arrancar transformaciones fundamentales, vuelven a explicarnos que el problema fue no disponer de suficientes diputados, suficientes ministerios o suficiente fuerza para doblegar al PSOE. Por ello, nos proponen ahora repetir la experiencia, preferiblemente con una marca electoral renovada y otras caras, dispuestos a demostrar que esta vez sí será diferente, porque ellos lo valen. Los capitalistas, efectivamente, pueden estar muy tranquilos.
Entre tanto, ha llegado la convocatoria de la huelga general para el 11 de noviembre. Han tenido que pasar catorce años desde la última huelga general estatal de veinticuatro horas para que las grandes centrales sindicales considerasen oportuno convocar otra. Durante todo ese tiempo hemos conocido reformas laborales, aumento de la precariedad, pérdida de poder adquisitivo, deterioro acelerado de los servicios públicos y un encarecimiento brutal de la vivienda. Motivos no faltaban, y no faltan, desde luego, pero el calendario y la premura invitan a hacerse algunas preguntas.
Una huelga general no se prepara desde los despachos ni se construye a golpe de titulares en prensa. Necesita, sobre todo, organización en los centros de trabajo, asambleas y trabajadores dispuestos a asumir el coste de parar porque reconocen en esa lucha sus propios intereses. Necesita convencimiento y organización, y nada de eso puede sustituirse mediante una campaña publicitaria, por muchos recursos que se destinen a ella, ni camuflarse bajo manifestaciones exitosas. Porque una huelga general no es solamente una manifestación, como mucha gente parece creer, sino algo mucho más serio: la demostración práctica de qué clase tiene la capacidad de paralizar un país.
Pero una cosa es señalar las deficiencias de la convocatoria y otra muy distinta utilizarlas como excusa para permanecer al margen. Era necesaria hace años y lo sigue siendo ahora. Y conviene recordar que una huelga pertenece a quienes la hacen, no solamente a quienes la anuncian. Si la mayoría trabajadora consigue organizarse en torno a sus reivindicaciones esenciales, fortalecer sus vínculos internos, visualizarse más nítidamente como clase y recuperar una parte de la iniciativa perdida, el 11N puede adquirir un contenido que desborde las intenciones de sus promotores. Y ese es precisamente el objetivo con el que hay que preparar esta convocatoria: que no termine convertida en otro episodio de la campaña electoral, sino que represente un paso al frente en la lucha de clases.
Hay riesgos, claro está. Una parte considerable de las organizaciones que dicen representar a los trabajadores ha terminado confundiendo su propia existencia con la estabilidad del entramado institucional en el que participan. Administran la movilización, dosifican los conflictos y subordinan las reivindicaciones obreras a equilibrios políticos que poco tienen que ver con las necesidades de nuestra clase. Pero esto no es eterno ni inmutable.
Voy terminando. En las próximas semanas escucharemos promesas extraordinarias, advertencias apocalípticas y llamamientos a la responsabilidad. Habrá manifestaciones, una huelga general y unas elecciones, pero conviene no perder de vista que, cuando llegue el 30 de noviembre, los propietarios seguirán cobrando alquileres, los empresarios seguirán apropiándose del trabajo ajeno y millones de trabajadores y trabajadoras continuarán enfrentándose a los mismos problemas que padecían antes de que comenzara este otoño.
Por eso pasa a primer plano la cuestión de construir una oposición obrera que no dependa de las necesidades parlamentarias de nadie. Una fuerza organizada en los centros de trabajo y los barrios, capaz de defender salarios, vivienda y condiciones laborales sin pedir permiso a quienes gobiernan ni limitar sus reivindicaciones a lo que resulta aceptable para la patronal o para los límites del parlamentarismo y la gestión estatal. No necesitamos otra organización que nos explique por qué las circunstancias políticas, sociales o económicas obligan a esperar para plantear nuestras reivindicaciones. Necesitamos recuperar la capacidad de luchar por nuestros intereses y de plantear una alternativa completa al poder de quienes viven de nuestro trabajo.
Más allá de quién consiga aprovechar electoralmente las movilizaciones de estas semanas, habrá que ver qué queda de ellas cuando llegue el día después de las elecciones. Si el malestar se transforma en organización, si la clase obrera avanza en reconocerse como tal y si somos más capaces de enfrentarnos a quienes tienen realmente el poder, habrá merecido la pena. Si todo desaparece cuando se disipe el humo electoral, habremos asistido a otra extraordinaria operación de reciclaje del descontento social. Pero, ocurra lo que ocurra, algunos tenemos bastante claro que la lucha no termina el 29 de noviembre.