Tarragona es un polvorín. A su alrededor se sitúa el mayor complejo industrial de Cataluña: la refinería de petróleo de la Repsol y las industrias químicas. Los beneficios que salen de aquí son multimillonarios, y la Generalitat y los ayuntamientos de la zona se postran a los intereses de la patronal del sector AEQT. Nadie sabe de verdad las emisiones que salen de las industrias y se tapan todos los diversos casos de cáncer que las exposiciones han generado a trabajadores.
IQOXE es un alumno aventajado en el sector. Tiene el monopolio en España de la fabricación de óxido de etileno. Es propiedad de Ricardo Leal, hombre más rico de Extremadura, y es gestionada por Morlanes, un chupóptero del PSC y la UGT que ha pasado por diversos cargos institucionales y consejos de administración. A pesar de ser una empresa extremadamente rentable, los parásitos siempre quieren más. Subcontrataciones, contratos a tiempo parcial, materiales de construcción de baja calidad, implementación de las medidas de seguridad estrictamente legales (pero no las necesarias) y regateo de los salarios de los trabajadores. La situación había llevado a 4 multas en inspección de trabajo y a una huelga el diciembre pasado a causa de que se quería implementar una subida salarial en año nuevo por debajo del convenio del sector. Entre las reclamaciones del comité de empresa estaban toda una serie de medidas de seguridad que la empresa no estaba implementando.
El 14 de enero ocurrió el desastre. La empresa puso los generadores a funcionar a una capacidad por encima de la permitida y se produjo una enorme explosión. El temblor se notó a 20 km. Una de las piezas de una tonelada voló más de un kilómetro, entró por una ventana y mató un hombre en el barrio de Bonavista. Dos obreros de la fábrica murieron por la explosión y diversos todavía están heridos de gravedad. Una nube tóxica salió de los tanques y se propagó por toda la zona. La empresa no siguió los protocolos de seguridad y no avisó al servicio de emergencias, con lo que no sonaron las alarmas de accidente químico que están instaladas por toda la comarca y sobre las que se hacen simulacros asiduamente. Justo cuando se estaba haciendo el funeral de los trabajadores, la empresa aprovechó para meter en la fábrica una subcontrata, saltándose todas las medidas de seguridad, imaginamos que para ir limpiando pruebas. El caso de IQOXE manifiesta como ningún otro que la propiedad privada de los medios de producción, y por lo tanto el poner el lucro por delante de todo lo demás, es incompatible con la seguridad laboral, un trabajo digno y unas empresas ecológicamente sostenibles.
Ante este despropósito corresponde preguntarse qué hacer. Entre gente que se autodenomina de izquierdas surgen dos posiciones. La primera es la que pide el cierre de la petroquímica debido a su riesgo y su impacto ecológico. Es una posición de extrema irresponsabilidad puesto que, no solamente aboga por desertizar nuestra provincia, sino que además es una posición funcional a la empresa en estos momentos, facilitando que la salida a su problema sea el cierre dejando en la calle a los obreros. La segunda, bien intencionada pero limitada, es la que exige a los organismos públicos un mayor control de estas empresas. Si bien realmente hay margen de mejora en este campo, debemos comprender que en el capitalismo siempre el lucro está por delante de todo lo demás, y que el poder reside en quien tiene el dinero y no en los los políticos gestores. La patronal hace y deshace las leyes a su voluntad y compra políticos para que se amolden a sus intereses. Pedir que la administración controle a los capitalistas puede ser una solución temporal, pero ni mucho menos una solución de futuro.
La tercera opción, la más complicada, pero a la vez la única factible, es la nacionalización de las empresas del sector. La utilización de todos los activos de IQOXE para la reconstrucción de la fábrica, el pago de los salarios hasta que se haga efectiva y el posterior control de la fábrica por parte de los trabajadores y asociaciones vecinales para que su funcionamiento se lleve a cabo priorizando el bienestar general y no el lucro privado. Esta es la solución que verdaderamente pone en jaque los intereses de la patronal y sus políticos. Se puede lograr si se cuenta con una amplia movilización de los trabajadores y los barrios obreros afectados y una dirección cara y valiente. La huelga de febrero del sector de la petroquímica es un buen momento para avanzar en ello.