El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al hipócrita (del latín hypocrita) como aquel que finge lo que no es, sinónimo de falso, doble o farisaico. Así se están comportado Pedro Sánchez y Josep Borrell ante el golpe de estado en Venezuela, y así conviene que quede escrito.

Quien apoya un golpe de estado es cómplice del golpismo. Y en Venezuela hay un golpe de estado. La legión mediática al servicio del poder se empeña en negarlo, pero la realidad es la que es, por mucho que se manipule.

Nicolás Maduro fue elegido en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018, que se celebraron adelantadamente, precisamente, por exigencia de la Asamblea Nacional, a la que pertenece el diputado Juan Guaidó. En dichas elecciones, en las que un sector de la oposición decidió no participar, actuó como observador el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El diario El País, enfrentado abiertamente al chavismo, publicó el día antes de esas elecciones presidenciales, en su edición de 19 de mayo, lo siguiente:

“El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que las elecciones presidenciales venezolanas de mañana domingo serán libres y contarán con las garantías básicas, al iniciar este viernes su misión como observador electoral. «Vamos a estar en los colegios electorales constatando si los venezolanos votan libremente, yo no tengo ninguna duda de que votan libremente», ha asegurado el exmandatario en una rueda de prensa, tras reunirse con autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A su juicio, el sistema de votación venezolano es «perfectible» como otros, pero ofrece las «garantías básicas».”

Por tanto, guste o no, Nicolás Maduro fue elegido por el pueblo venezolano. Obtuvo 6.245.862 votos, un porcentaje del 67,84%. Y Maduro no sólo fue elegido presidente en votación popular, sino que juramentó el cargo conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre este particular, tanto la oposición golpista como la legión mediática a su servicio, están realizando una constante manipulación. El artículo 231 de la Constitución, dice:

“El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.”

Por tanto, la norma constitucional regula dos instituciones ante las que es posible jurar el cargo de Presidente de la República: la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, siempre que se dé la condición de que el juramento no pudiera tener lugar ante la Asamblea Nacional, “por cualquier motivo sobrevenido”.

Nicolás Maduro juró el cargo el pasado 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y lo hizo a requerimiento de ese organismo, en la medida en que la Asamblea Nacional había sido declarada en desacato por el TSJ y a que la mayoría de dicha Asamblea, en manos de la oposición golpista, se negaba a juramentar a Maduro, al no reconocer el resultado de unas elecciones presidenciales en las que se negaron a participar. El propio Juan Guaidó, según recoge El País en su edición digital de 5 de enero, decía:

«Reafirmamos la ilegitimidad de Nicolás Maduro (…). A partir del 10 de enero estará usurpando la Presidencia y en consecuencia esta Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo», dijo Juan Guaidó, elegido presidente de la cámara al iniciarse el año legislativo.”

Por tanto, fue la posición del propio Guaidó y de la Asamblea Nacional que preside, declarada en desacato, el motivo por el que Nicolás Maduro, conforme al texto constitucional, juró legalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La autoproclamación de Juan Guaidó, el pasado miércoles 23 de febrero, constituye a todos los efectos un golpe de estado que, en ningún caso, cuenta con amparo constitucional. La oposición golpista, y sus corifeos mediáticos, tratan de justificar el golpe a la luz del artículo 233 de la Constitución. El tenor literal de los dos primeros párrafos de ese artículo es el siguiente:

“Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacitación física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o la Presidenta de la Asamblea Nacional”.

En la medida en que los opinólogos que forman en la legión mediática se han convertido en especialistas en Derecho Constitucional venezolano, nos vemos obligados a reproducir los artículos para aclarar el asunto y denunciar las groseras manipulaciones de que estamos siendo objeto.

Maduro no ha muerto, no ha renunciado -esto fue lo que trataron de hacer con el Presidente Chávez en el golpe del 11 de abril de 2002, ¡recuerden!-, no ha sido destituido por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, no ha sido incapacitado física o mentalmente y tampoco existe revocación popular de su mandato. A su vez, la Asamblea Nacional no pudo declarar en términos jurídicos la situación de abandono del cargo. En primer lugar, porque ese abandono en ningún momento se produjo y, en segundo lugar, porque ese organismo fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo mediante Decreto Nº 545 de fecha 10 de julio de 2017, por lo que todos sus actos, a partir de entonces, son jurídicamente nulos.

Además, como hemos visto en las anteriores declaraciones del propio Guaidó, la oposición golpista se remite especialmente al segundo párrafo del artículo 233, al entender que Maduro no ha tomado legalmente posesión y estaría usurpando el cargo. Ahí se amparan, en ese segundo párrafo, para tratar de revestir con una justificación constitucional un golpe de estado que, evidentemente, no la tiene. Como ya hemos visto, Maduro tomó posesión de acuerdo con el artículo 231 de la Constitución. Por tanto, en primer lugar, no hay “falta absoluta del Presidente” y, en segundo lugar, el Presidente tomó juramento del cargo, por lo que de ninguna manera concurren las condiciones constitucionalmente previstas para su sustitución por el Presidente de la Asamblea Nacional, que, además, está declarada en desacato por el Tribunal Supremo.

A partir de aquí, comienza el surrealismo. El señor Juan Guaidó no es Presidente de la Asamblea Nacional, porque, como hemos visto, los actos aprobados por ese organismo son nulos de pleno derecho. En segundo lugar, su juramentación se produce en una especie de asamblea golpista convocada en plena algarada y no ante la propia Asamblea Nacional ni ante ninguna otra institución del Estado. En tercer lugar, y como reza el texto constitucional, debería haber convocado elecciones presidenciales a celebrar en el plazo de 30 días a contar, entendemos, desde su jura de 23 de febrero, cosa que tampoco ha hecho.

Pues bien, después del surrealismo viene la hipocresía. Sí, la hipocresía demostrada por el Presidente Pedro Sánchez y su Ministro de Exteriores, Josep Borrell. Vayamos por partes, una vez que ha quedado claro que, desde un punto de vista jurídico, Juan Guaidó es un golpista.

Tal y como han recogido todos los medios de comunicación españoles, en 24 de enero Pedro Sánchez telefoneó desde Davos al probado golpista Juan Guaidó, con el que mantuvo una conversación “informal y amigable”, según fuentes del Ejecutivo español (véase la edición digital de ABC de 24/01/19), en la que le traslado “la empatía por el coraje de Guaidó y su voluntad de encarnar a la Asamblea Nacional”. Bien, de dichas informaciones se concluye lo siguiente:

1º El Presidente Pedro Sánchez mantiene conversaciones informales y amigables con golpistas.

2º El Presidente Pedro Sánchez muestra empatía por el coraje demostrado por un golpista.

A partir de ahí, y de sus reuniones en Davos con algunos presidentes latinoamericanos que también muestran su empatía al golpista, su Ministro Josep Borrell, tras el Consejo de Ministros del viernes 25 de abril, expone ya abiertamente la posición del Gobierno español.

Citemos de nuevo a El País (digital 25/01/19):

“En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que, «si se constata que no existe la menor voluntad» por parte de Maduro de convocar elecciones «en un plazo temporal», se plantearán otras medidas, incluido «el reconocimiento del presidente interino [Guaidó] para que sea la Asamblea la que convoque las elecciones».

O sea, el Ministro de Exteriores español se permite chantajear al Presidente de un Estado soberano diciéndole que o convoca elecciones inmediatas o reconocerá a un golpista, con el que el Presidente Pedro Sánchez mantiene conversaciones amigables y por cuyo coraje siente empatía. Y veamos en qué fundamenta el señor Borrell su autoridad, siguiendo la misma cita:

“Borrell no ha querido adelantar la duración del ultimátum a Maduro, objeto de negociación en el Comité Político y de Seguridad (COPS), pero ha señalado que será «necesariamente corto» y «muy razonable». Sí ha asegurado que España «no va a remolque de la UE» y que la idea de acompañar la exigencia de elecciones de un plazo concreto se ha planteado «por iniciativa» del Gobierno español. El ministro ha lamentado que, a diferencia de otros países europeos, Venezuela sea un «asunto de política interna» en España, y ha señalado que, en el caso de que no se alcanzara un consenso en la UE, el Gobierno «no se quedaría con los brazos cruzados».”

Más claro el agua. El Gobierno español se considera legitimado para amenazar al Presidente constitucional de una nación soberana porque lo que pasa en Venezuela es un asunto de política interna de España. Y yo, ignorante de mí, creyendo hasta hoy que el 5 de julio de 1811 se había firmado la declaración de independencia de Venezuela. La posición de Pedro Sánchez y Borrell, en este caso, encarna a la perfección el espíritu del inefable Fernando VII, y más que de imperialismo moderno puede ser calificada de colonialismo casposo.

Pero esa posición cómplice del golpismo y colonialista, además, es ilegal desde todo punto de vista. El Ministro de Exteriores del Gobierno español, ya que desconoce la fecha de independencia de la patria de Bolívar, al menos, debería conocer mínimamente la Resolución 2131 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 21 de diciembre de 1965, fecha en que ya había nacido:

“1. Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas;
2.  Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado…”.

Por tanto, no es al señor Trump, ni al señor Bolsonaro, ni al señor Duque, ni a los señores Pedro Sánchez y Borrell, a quienes les corresponde decidir la validez o no de las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela o quién sea su Presidente, esa elección le corresponde únicamente al pueblo venezolano. Claro está que pueden discrepar de Maduro, faltaría más, y yo mismo discrepo en muchísimas cosas. Pero aquí, cada cual, puestos a hablar de derechos humanos y democracia, tiene lo suyo. ¿Quién mete a niños y niñas inmigrantes en jaulas, señor Trump? ¿Quién declaró en televisión “yo soy favorables a la tortura”? Tú lo sabes, Bolsonaro. ¿Quién preside el país con el mayor índice de sindicalistas asesinados, el país de los paracos y las motosierras, señor Duque?

Esos son los amigos del Gobierno español, y de quienes le apoyan y sostienen en esta cruzada. Pero aquí, en la Madre Patria, también tenemos lo nuestro, claro está. ¿Quién le vende armas a esa gran democracia existente en Arabia Saudí, señor Borrell? Sí, de esas que según usted dan en el blanco –humano- con tal precisión que no producen efectos colaterales. ¿Recordamos los GAL y el terrorismo de Estado? Sí, ese de tiempos de su jefe, Felipe González, tan empático como ustedes con los golpistas. En Venezuela recuerdan bien a Felipe, y a su amigo Carlos Andrés Pérez, ese bajo cuyo gobierno se asesinó en 1989 a cerca de trescientos civiles en unas jornadas en que los desparecidos fueron más de tres mil. ¿Se acuerdan del Caracazo? Usted seguro, señor Borrell, era Secretario de Estado de Hacienda de aquel Gobierno de Felipe, muy amigos todos del carnicero de Caracas. ¿Esa es la democracia que ustedes desean para Venezuela?

Por cierto, y hablando de todo un poco. ¿No fueron ustedes los que aplicaron el 155 en Cataluña? ¿No es en España dónde se está juzgado a diputados electos por desobedecer sentencias del Tribunal Supremo? ¿Eso vale para España, pero no para Venezuela? ¡Ah!, claro, es que España es una democracia y Venezuela una dictadura. Porque ustedes lo dicen, ¡no te jode! Me ratifico, son unos falsos, unos hipócritas.

Y, finalmente, me pregunto, ¿si terminan por reconocer a Guaidó del todo, cómo piensan convocar elecciones? Porque no sé qué les dice el CNI, pero ya les adelanto que el pueblo venezolano no se la va a tragar. ¿No estarán ustedes contribuyendo a que las cosas deriven en un enfrentamiento civil? ¿Si llegan los marines, van a enviar tropas españolas a matar hermanos? O, mejor, ¿van a dejar que actúen los paramilitares colombianos? Sin duda son expertos y siempre muy respetuosos con los derechos humanos.

Convencer no convencen, y espero que tampoco venzan. Obviamente hay que ser muy iluso para creer que esto se trata de un asunto de legalidad. En realidad, la hipocresía de Sánchez y Borrell es el reflejo de los intereses de la burguesía española en Venezuela. Y ahí vale todo. Hasta la guerra, continuidad de la política por otros medios. Triste papel histórico el de la socialdemocracia. Así desde la Primera Guerra Mundial.

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