Quién no se ha sentido conmovido con la satisfacción y sonrisa de un niño o una niña cuando al igual que en las cien mil veces repetidas imágenes de las series favoritas o películas de masas se pide una pizza a domicilio. Esa sensación infantil y hermosa de por un momento creer participar, mediante el gesto de una compra, de una vida mejor, más feliz, como la que tienen los protagonistas de las series infantiles y juveniles favoritas. Es todo una ilusión, pero la sensación está ahí y actúa sobre nosotros los adultos y mucho más sobre las conciencias de los menores.

Sabes que no es una comida sana, pero ¿quién se resiste?, aunque sea muy de vez en cuando a darle ese capricho a los más pequeños. Esta es la situación de una buena parte de la clase trabajadora de nuestro país.

La precariedad, el no saber si vas a tener curro el próximo mes, si vas a poder seguir pagando el alquiler, o el ver que el subsidio de desempleo no te da para llegar a fin de mes y se está agotando. Estas son realidades también de una buena parte de la clase trabajadora de nuestro país. Hasta tal punto que miles de niños y niñas la única comida que hacen al día es en el colegio. El avance de abrir comedores en verano no solucionó el problema, aunque lo alivió. Pero también demuestra una realidad a la que tras su alivio ya no se buscó solución.

Y en esto llegó el COVID-19 y con él el cierre de colegios. Las necesidades de mantener una asistencia de alimentación para esos niños persiste y se buscan en cada comunidad autónoma mecanismos asistenciales que permitan seguir proporcionando esas comidas. Algunas medidas más acertadas que otras.

Donde ya la indecencia se desata es cuando Isabel Díaz Ayuso decide que va a aprovechar esta situación de alarma para hacerle un servicio a dos empresas de comida rápida. La gran idea fue por un lado suspender la concesión con los proveedores actuales lo que produjo decenas de ERTEs y echar a la calle a centenares de trabajadoras de sus plantillas de comedor, y por otro lado contratar con TelePizza y Rodilla para recoger en sus locales los menús para los 11500 alumnos de familias sin recursos que tienen reconocida la Renta Mínima de Inserción (RMI).

No voy a prejuzgar si detrás pueda haber algún interés crematístico personal o para su partido político, aunque teniendo en cuenta escándalos anteriores de corrupción tengo que decir que tampoco me pillarían de sorpresa si mañana me encontrara en la prensa con esa noticia.

Lo que sí me revuelve es como se juega con las ilusiones de quien no tiene nada para que hagan negocio aquellos a quienes realmente representan.

¿Qué clase de personas son esas que nos ofrecen caridad como paliativo a la injusticia de la existencia de hambre infantil, y aun así, y jugando con nuestras ilusiones, no pierden ocasión de ampliar su negocio?

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