Mateo 7:15-20

No cabe duda, la dificultad a la que nos enfrentamos como sociedad cuando una pandemia, sea del tipo que sea, SIDA, EBOLA o COVID-19, nos devuelve a la realidad de lo material y biológico de nuestra existencia.

En esos momentos de esfuerzo colectivo: trabajadores de la sanidad, luchando sin medios y sin medida, trabajadores de la enseñanza, enseñando, pero sobre todo creando para poder seguir enseñando, trabajadores de los servicios, más al servicio del colectivo que nunca. Y tantos y tantos miembros de nuestra clase, dándolo todo, todos los días y en peores condiciones que nunca, reflejan lo triste e inútil del modelo capitalista y su sociedad del individualismo. Y que desde luego, solo el pueblo salva al pueblo. Pero también es en estos momentos y sobre todo en las medidas que los gobiernos toman, donde uno, con un poco de atención ve quien está con ese pueblo. Y quien le miente.

Verbigracia.

Pedro Sánchez, Presidente del primer gobierno de “coalición y progreso” de nuestra historia reciente, exigía el 14 de marzo tras declarar el estado de alarma: unidad y disciplina social.

Frente al momento que vivíamos, disciplina, dejando claro, más allá de su de forma subliminal que aquellos que enfrentasen las medidas que su gobierno implementaría en los próximos días, semanas o meses, atentarían contra esa unidad y el propio Estado.

Acto y seguido puso a disposición de los empresarios de este país, según sus propias palabras: “la mayor movilización de recursos de la historia”, hablamos de casi el 11 % del PIB de esta nuestra nación. 117.000 millones de euros que se sumaban a los 8.000 millones aprobados cinco días antes.

De esa movilización de recursos, 100.000 millones de euros se dedicarán a avales para cumplir con los futuros impagos frente a las entidades financieras por parte de los monopolios industriales.

Entidades que a golpe de préstamo y tipo de interés verán crecer una vez más (recordemos la anterior crisis, y quién salvó a quién) sus ya más que engrasadas cuentas de pérdidas y ganancias con la intervención del gobierno del progreso del estado en la protección de sus intereses. Ellas y sus condiciones serán quienes seleccionarán los clientes aptos para recibir los préstamos con la connivencia del gobierno.

Solamente, después, cuando ya había trascurrido medio mes desde la declaración del Estado de Alarma, cuando los Expedientes de desregulación (pues lo regular es el empleo), las extinciones de contratos, ahora sin continuidad (en España hay 4.5 millones de trabajadores temporales) y los despidos objetivos, se han llevado en el mes de marzo por delante, 1.000.000 (cuéntense los ceros) de trabajadores, al menos según dice Unai Sordo, Secretario General de CCOO: “Es muy probable que nos acerquemos al millón de contratos extinguidos en marzo, bien por extinción de contratos o por despidos individuales, con un porcentaje altísimo de trabajadores temporales”. Solo entonces la coalición del progreso emite su primer comunicado-medida realmente dirigido a la clase a la que deben sus votos o parte importante de ellos.

La medida, vendida como la posibilidad de usar permisos retribuidos para evitar más despidos iba unida a la imposibilidad de ejercitar más despidos, según palabras de la poca activa Ministra de Trabajo.

Dicha medida bien podría ser resumida así: “Tenéis derecho, los que quedéis, de las actividades que aún queden, a que si la empresa quiere, podáis tener unos días, que luego devolveréis queráis o no”.

Catorce días habían pasado, para una medida que de nuevo es vendida por los miembros más del progreso, del gobierno de progreso, como lo fue en su día el lanzamiento del hombre a la Luna; un hecho histórico e irrepetible; solo capaz de algunos pocos.

Pero como aquel caso, en esta ocasión el anuncio esta también lleno de dudas, conspiraciones y sobre todo mentiras.

No, esta vez tampoco (recordar el caso del despido por faltas de asistencia) se ha evitado el despido de los trabajadores, simplemente este será considerado improcedente, que no nulo (como lo es en el aquel). Aumentando el coste del mismo.

Será abonado a treinta y tres días por año trabajado, con un máximo de valor indemnizatorio de 24 meses de salario, en vez de los 20 días por año trabajado y máximo una anualidad de cantidad indemnizatoria, que supone el despido objetivo.

Pero bueno, teniendo en cuenta que aún se pueden, como empresario pedir un préstamo a una entidad para pagar la(s) indemnización (es) y que si no devuelvo las cuotas, lo devolverá el Estado; no sé, no pinta tan mal, para los de siempre.

Pero la mayor de las medias verdades es que esta crisis sanitaria no se está solucionando con estas medidas. Se está solucionando con el esfuerzo científico, (comparar la cantidad puesta a disposición de el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III por parte del gobierno del progreso, 30 millones de euros, con los avales por 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, por ejemplo), y con el esfuerzo titánico de todos aquellos entre otros a los que aludíamos al principio.

No mientan, estas medidas son para solventar una crisis del capital. Latente desde hace tiempo, visible en los datos macroeconómicos a nivel mundial y local.

La crisis sanitaria la está superponiendo y las soluciones impuestas son aquellas que el capital, de todos los partidos, liberales y socialdemócratas, lleva diseñando desde hace tiempo y ya pusieron en funcionamiento en la crisis más cercana (2008-2014). Entre ellas:
socialización de las perdidas empresariales; en esta ocasión trasladando los costes laborales al conjunto de la ciudadanía vía dotación extraordinaria de presupuesto para posteriormente recaudar vía tributos indirectos (IVA e impuestos especiales a los carburantes) o directos, IRPF, eso sí, vinculados a las rentas del trabajo, nunca con incrementos sobre los de capital y desde luego nunca realizarlo vía Impuesto de Sociedades.

Generación de un modelo productivo con capacidad para restructuraciones masivas a costes laborales y sociales mínimos de las grandes empresas monopolistas. Variación de facto de las normativas reguladoras laborables, con la disculpa de lo emergente. Con pérdida de derechos sociales y de representatividad de los trabajadores.

Precarización y pauperización de trabajadores autónomos y pequeños propietarios de la tierra. Los primeros ven cómo se cierran sus negocios y no pueden hacer frente a las deudas, pues ellos son rechazados por gestores de riesgos, a quien nunca conocen, de las entidades que sí conocen y en las que depositan sus ahorros, pagan sus cotizaciones y los gastos de sus negocios. Y sobre los segundos, absorbidos por concentraciones de distribuidores de mercancía que ajustan precios e imponen miseria otra vez en los campos de nuestra nación.

Encumbramiento de las entidades financieras concentradas e internacionalizadas en su papel de garantes del sistema, engrasadas con dinero público, modeladoras de las actividades productivas del país en función de su acceso al crédito o no.

Y como novedad, en esta ocasión, quizás ya para quedarse, la aparición de los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidos los militares, en la primera plana de las decisiones–soluciones.

Y cómo no: el papel de la asunción mediática por parte de los mass media de un único discurso, el del gobierno.

Frente a ello, solo nosotros.

Nuestra capacidad crítica. Nuestra capacidad de actuar en el confinamiento y desde los centros de trabajo (los que continúen) organizados en la organización sindical, y desde el uso de los medios de comunicación propios, los de casa.

Haciendo frente a la consolidación de su modelo, no porque sea suyo, que en sí, sería ya suficiente, sino por que es inútil, ya lo dije.

Ni nos salvaran de la pandemia, ni nos salvaran de la crisis, esa, es vírica y sistémica al capital.

Y, lo único que demuestran, sin ningún ápice de duda, es de qué parte está quien las toma y quién calla cuando se toman.

Sin acritud.

Desde la disciplina social y la unidad; para con mi clase.

 

* Juan Ramón Soriano fue Secretario General de la UJCE entre 1996 y 1998.

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