Con las actuales medidas de moratoria al alquiler y con las anteriores de hipotecas, se pretende amortiguar el impacto en la economía, no en la vida de las familias trabajadoras, de la vertiginosa destrucción de fuerzas productivas y el empobrecimiento sobrevenido o agudizado de millones de trabajadores con la crisis del coronavirus. Se trata de ordenar temporalmente los impagos, es decir, tratar de distribuir en el tiempo las problemáticas de acceso a la vivienda, que va a llevar a un gran número de familias obreras a no poder seguir pagando la renta o la hipoteca.

Esto va a provocar un incremento exponencial de los desahucios, por lo que el Gobierno intenta amortiguar el descontento que va a extenderse por los barrios obreros. Es esta la razón para la suspensión de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad durante los 6 meses posteriores al levantamiento del Estado de Alarma. Se busca que la actividad económica se recupere ligeramente en ese periodo y con ello amortiguar el número de desahucios que van a realizar, dando por buenos los desahucios previos y futuros.

Otro de los efectos será la rápida y drástica reducción de los precios de los inmuebles para compraventa o de las rentas del alquiler, derivada de la falta de capacidad de la demanda de acceder a la oferta, fenómeno que ya venía detectándose antes del COVID-19 en una manifestación concreta de la crisis de sobreproducción. La prórroga extraordinaria del alquiler pretende contener esta desvalorización de capital, evitando un descalabro inmediato de los precios ante la búsqueda de nuevos inmuebles más baratos por parte de los que se hayan ido al paro o hayan visto, vean o vayan a ver, empeoradas sus condiciones laborales. Pretende, por tanto, salvar las grandes inversiones de capital en el sector inmobiliario.

En el primer paquete de medidas pretendidamente sociales del Gobierno, medidas que han denominado con particular autobombo “Escudo Social”, se incluyó la moratoria en el pago de las hipotecas, eso en el titular, porque luego hay que ir leyendo artículo a artículo para recorrer el intrincado camino hasta una ayuda, si puede llamarse como tal, para facilitar el pago de la hipoteca cuando las cosas dejen de estar feas en la V económica que nos prometen.

Más bien parece que lo que se blinda con el RD 8/2020 es el cobro de las deudas hipotecarias por parte de los bancos. Se envía un mensaje claro, se ha despedido a casi un millón de trabajadores (el mismo gobierno que aseguró que nadie sería despedido por el coronavirus) y otro tanto se ha visto afectado por ERTEs. No pueden pagar ahora, pero los beneficios son sagrados, así que se diseña una moratoria cual soga al cuello que apriete, aun más de lo que ya hacían unos precios desorbitados de acceso a la vivienda, para que en el futuro próximo los que puedan retomar sus puestos de trabajo destinen todavía un mayor porcentaje del sueldo a la hipoteca por la deuda contraída, gracias a su social protección en tiempos de covid-19, garantizando un desahucio futuro a aquellos que se vean abocados al paro por la crisis económica.

El drástico empeoramiento de la situación de millones de familias trabajadoras no debe hacernos olvidar que la precariedad y la temporalidad sobre las que hoy se destruye tan fácil y tan rápido el empleo, impedían a gran parte de la clase obrera acceder a la compra de una vivienda, por lo que podemos señalar que la preocupación inicial del Gobierno no se dirigió a salvaguardar a las familias trabajadoras que no tenían hipoteca, tan solo alquiler, ante la imposibilidad material de planificar más allá de llegar a fin de mes.

Para acceder a la moratoria en el pago de la hipoteca y el alquiler hay que encontrarse en situación de vulnerabilidad, que se cifra en estar en desempleo, reducción sustancial de ingresos para los autónomos, que los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el IPREM, es decir, algo más de 1.600€ y con incrementos en caso de hijos, familiares dependientes, familia monoparental o discapacidad, que la hipoteca, el alquiler y los suministros supongan el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar y que la unidad familiar haya visto reducidos sus ingresos a causa de la emergencia sanitaria.

En el RD 8/2020 quedaban imprecisas muchas cuestiones en cuanto a las moratorias a las hipotecas que se han precisado en el RD 11/2020. Entre estas, se pedía una serie de certificaciones de organismos de la administración que se encuentran completamente desbordados, que no pueden si quiera garantizar que los nuevos millones de parados accedan a su prestación por desempleo y que se han sustituido ahora por una declaración jurada. En el RD 11/2020 se incluyen en la moratoria de la hipoteca el pago de locales comerciales.

En el RD se establece una división entre grandes y pequeños tenedores, colocando en 10 inmuebles o 1.500 m2 de superficie construida. Se busca poder afirmar que el 85% de arrendatarios son pequeños tenedores, personas que con las rentas del trabajo han conseguido ahorros, realizaron una inversión y es lo que les permite vivir con más comodidades. Intentan sumarnos al apoyo de esta medida buscando nuestra empatía con los que sí son dueños de una o dos propiedades gracias al esfuerzo del trabajo, mezclándolos con quienes son especuladores.

Los grandes tenedores están obligados a elegir entre una quita del 50% del alquiler durante cuatro meses o conceder una moratoria durante 3 años, sin intereses, sin conocer qué ocurrirá a partir de estos 3 años. Conocemos de sobra la generosidad de los rentistas, como para entender que lo de la quita queda muy bonito, pero sospechamos que no será la opción mayoritaria. En el caso de los pequeños tenedores pueden rechazar la moratoria, momento en el que los arrendatarios pueden acceder a la línea de crédito o ayuda directa.

Una de las ayudas consiste en la disposición directa de hasta 900€ al mes, 100% de la renta o 100% del principal y los intereses, garantizando mediante el endeudamiento de la Administración las rentas de los alquileres.

La otra ayuda consiste en créditos a coste 0 y sin intereses, para pagar en un plazo de hasta 10 años. Estos créditos son finalistas, solo pueden destinarse al pago del alquiler, pueden cubrir un máximo de 6 meses de renta. Es el Estado quien garantiza la liquidez mediante el ICO, pero no ofrece el crédito directamente a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que inyecta el dinero en forma de liquidez a los bancos, es decir, las familias trabajadoras se endeudan con los bancos y el estado garantiza el cobro de todo el dinero inyectado a los bancos. Los bancos disponen de liquidez inyectada por el Estado y las familias que no puedan hacer frente a las deudas pierden.

Estas políticas de claro corte socialdemócrata para estimular la actividad económica por cuenta del Estado son una soga que nos echan al cuello de todos, en forma de deuda pública, con la que luego justificarán la necesidad de recortar en servicios públicos. Estas medidas no contemplan además la envergadura de la destrucción de fuerzas productivas que va a producirse y la necesidad de aumentar la explotación de la clase obrera, provocando un empobrecimiento masivo que no puede combatirse con estas medidas. Detrás del marketing del Gobierno, encontramos los intereses de clase de estas medidas, y no son una soga al cuello de los especuladores.

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