Este curso la vuelta a las aulas ha venido marcada por una vuelta a las calles. La mayoría de las organizaciones sindicales que agrupan al conjunto de trabajadores de la educación (docentes, limpieza, conserjes, administración, etc.) han convocado jornadas de huelga y movilizaciones. Ha sido el caso de Euskadi, Andalucía, Madrid, Galicia y Murcia. Las reivindicaciones base han sido muy parecidas: contratación del personal docente necesario para reducir las ratios de alumnos por clase (que venía siendo una reivindicación histórica ya en condiciones “normales”); refuerzo de las plantillas auxiliares (transporte, limpieza, comedor) para garantizar que las clases se reanuden con todas la garantías sanitarias; adquisición de los equipos informáticos necesarios para dotar a trabajadores y estudiantes; y una mayor inversión en educación, ya que ni siquiera se ha recuperado la inversión previa a los recortes llevados a cabo en la crisis de 2008.

Si por algo han destacado estas movilizaciones es porque han sido apoyadas por el conjunto de la comunidad educativa, a pesar de la división que se ha intentado crear entre familias, estudiantes y trabajadores en huelga. En todas hemos visto las pancartas de multitud de AMPAS, que han salido a protestar y a decir que la educación que sueñan para sus hijos no es la que los hacina en aulas abarrotadas que, si ya en tiempos normales impiden una educación de calidad, en tiempo de pandemia incrementan la posibilidad de contagio de covid-19 y su posterior traslado a las familias.

Gobierno autonómico y central se han visto presionados por las movilizaciones de inicio de curso para hacer unas u otras declaraciones, aceptando determinadas concesiones insuficientes o simplemente instalándose en la mera retórica. Ha sido el caso de aquellos lugares donde la mayoría sindical ha convocado huelga: Andalucía, Galicia, Aragón y Madrid. Todas ellas gobernadas por el PP, con la coalición en Andalucía de PP-Ciudadanos donde los últimos ostentan la Consejería de Educación y la coalición de PNV-PSOE en Euskadi.

Lo más destacable de la gestión del inicio del curso escolar (muy paradigmático de otros ámbitos de la esfera política) ha sido la manera como se han ido escurriendo responsabilidades hacia abajo. Del gobierno central a las comunidades y de éstas a las consejerías de educación, para acabar recayendo sobre los equipos directivos de los centros educativos y sobre sus trabajadores. Una clara estrategia medida de la que son responsables todos los gobiernos implicados en la gestión capitalista de la actual crisis, donde la apelación a la “autonomía” de los centros ha significado un verdadero lavado de manos de arriba abajo para trasladar el desgaste a otros, lo que equivale, en última instancia, a cargar el peso sobre las espaldas de los trabajadores de la educación y del alumnado de la clase trabajadora.

Ha impactado ver en las movilizaciones a los representantes políticos autonómicos del gobierno central. A los del PSOE y a los de Unidas Podemos. Parece que la cosa no va con ellos. Como se trata de protestar contra el PP, la oposición autonómica pro gobierno central se ha apuntado a las movilizaciones. Una buena jugada para desviar la atención de la responsabilidad directa de sus partidos en la gestión de la crisis. Las oposiciones autonómicas de PSOE y Unidas Podemos han basado su estrategia en apelar al Fondo Covid para educación distribuido entre las comunidades autónomas. ¿Pero no decía la ministra Celaá que así la reducción de ratio se impondría “por la vía de los hechos”? Se ha quedado en la senda de las palabras.

Por la vía de los hechos, el Ejecutivo central (del que forman parte PSOE y Unidas Podemos) podría haber actuado aprobando un Real Decreto que redujera la ratio máxima de alumnos por clase. Si bien la LOE regula la ratio máxima de alumnos por clase en los artículos 87 y 157 para primaria y la educación secundaria obligatoria (25 y 30 respectivamente), el Real Decreto 132/2010 (con carácter de reglamento) establece que el número máximo de alumnos por clase en primaria e infantil será de 25, mientras que en los centros de secundaria son 30 para la ESO y 35 para bachillerato. Otro Real Decreto aprobado por el gobierno central hubiera reducido la ratio máxima de alumnos por clase. No hacía falta ni esperar a la LOMLOE nueva que quieren hacer.

Sin embargo, la americanización de la política hoy requiere altas dosis de teatralización. Por ello, pese a que el gobierno no lo aprobó cuando podía hacerlo, el sector de UP ha salido a presentar enmiendas al proyecto de ley orgánica de educación. No lo hace en el ejercicio de sus funciones pero sí en el terreno del teatro político. ¿No están acaso en el gobierno y por tanto son responsables de no haber reducido las ratios cuando ese gobierno tenía competencias para ello en este curso escolar? Es más fácil jugar a la oposición autonómica y parlamentaria o al ratón y al gato en las comunidades donde gobierna un partido contrario a su signo político.

Es el Estado capitalista el que está imponiendo las medidas contra la mayoría trabajadora en todos los niveles y son responsables de ello todos los partidos que están colaborando en su aplicación. La oposición de los sectores del gobierno a las medidas de las comunidades del PP es un falso antagonismo por cuanto sus partidos en el gobierno central aplican las mismas disposiciones. Por ello, hay que denunciar su apelación a las movilizaciones como una instrumentalización que tiene por objetivo salvar los trastos de una nave que cada vez se hunde más.

Por ello, las movilizaciones iniciadas en este comienzo de curso no pueden cesar. No puede confiarse la salud de la educación pública a ningún gobierno capitalista. Sólo una movilización sostenida del conjunto de la comunidad educativa puede forzar al gobierno central y a los gobiernos autonómicos a aceptar las reivindicaciones de estudiantes, trabajadores y AMPAS. Cuando la vía de los hechos se convierte en la senda de las palabras, hay que incrementar la presión de la movilización por una vuelta segura a las aulas. Facta, non verba.

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