Hoy, es necesario poder salir a las calles en esta fecha y reivindicar con más fuerza la necesidad de eliminar todo tipo de violencia contra la mujer, hasta el día en que no sea necesario exigirlo y sea una realidad. Sobre todo, cuando el crecimiento de la miseria genera mayor dependencia y desigualdad en el caso de las mujeres de clase trabajadora, afectando esta lacra en mayor medida a aquellas que se enfrentan a la ausencia o escasez de recursos que les impide escapar de quienes ejercen violencia sobre ellas.

En el sistema capitalista, la rentabilidad del dinero público se mide en rescates a grandes empresas en vez de medirse en recursos de protección, atención y prevención efectivos contra la violencia machista en todas sus expresiones. Esto conlleva una desprotección que no es atajada por la legislación ni por las administraciones. Por ejemplo, disponemos de un marco legal a nivel estatal que establece determinados derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género traducidas en ayudas económicas ante la dificultad de encontrar un empleo y, llama la atención que, según el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en todo el año 2019 en España, se hubiesen concedido 1.150 ayudas y solamente 348 hasta julio de 2020 aún con las cifras de desempleo de las que disponemos a raíz del estallido de esta nueva crisis. Lo mismo ocurre con las ayudas económicas para el cambio de residencia de estas mujeres: En todo el año 2019 se concedieron 3.131 ayudas y, sin embargo, hasta el mes de noviembre de 2020, tan solo 952.

La violencia machista y las agresiones no se han visto reducidas. Precisamente, la exposición de estas mujeres a sus agresores durante días de confinamiento en el mismo domicilio, ha causado un repunte de llamadas al teléfono 016. Solo en la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Igualdad contabiliza en el segundo trimestre de 2019, 3.625 llamadas y en el mismo trimestre de 2020, 5.014.

Las medidas de protección integral contra la violencia de género que recoge la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, resultan poco efectivas e insuficientes. No disponemos tampoco de medidas reales de sensibilización, prevención y detección eficaces en el ámbito educativo dirigido a toda la comunidad (alumnado, profesorado, familias…), y los datos reflejan una realidad escalofriante. Desde la Red de Atención Integral para la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, se atendió a lo largo de 2019 a 56.538 mujeres, 1.196 hijos e hijas menores de edad y 456 personas dependientes de estas mujeres. Es importante incluir en estas atenciones a los familiares y personas dependientes, ya que sufren también las consecuencias de esta violencia y porque sigue siendo sobre las mujeres sobre las que recaen sus cuidados y que, además, vuelve a ser un factor clave la ausencia de recursos y de servicios públicos de calidad que puedan atender esta labor aún más en situaciones de riesgo y de violencia. Durante el confinamiento, la red pública y privada de recursos de atención a mujeres víctimas (de emergencia, de acogida, pisos tutelados, etc.) se encontraban saturados en la Comunidad de Madrid. Los recursos existentes no son suficientes y deben responder siempre a los intereses de las mujeres y sus familias y no al beneficio de entidades privadas. Es necesario reforzar esta red de atención y los servicios públicos que la complementan como la sanidad y la educación a través del aumento de plantillas, centros, recursos materiales y formación.

En este contexto, tenemos también el deber de señalar aquella violencia ejercida sobre las mujeres a través de las diferentes formas de mercantilización del cuerpo. Algunas asociaciones como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), vaticinaban la vuelta al ejercicio de la prostitución de mujeres que habían sido capaces de abandonarla y alejarse de los contextos de violencia e inseguridad que esta genera, a raíz de la falta de trabajo en sectores como la hostelería, el comercio y atención a personas dependientes. El amplio mercado de la prostitución, se nutre de la falta de recursos de mujeres en su mayoría y, a través de la explotación sexual de sus cuerpos, se genera un beneficio que acaba en manos de terceros. Algunas mujeres, acudirán a esta vía como fuente de ingresos al no disponer de otras alternativas y su libertad se verá totalmente condicionada por sus circunstancias y necesidades. De igual forma, habrá mujeres que acudirán a los vientres de alquiler y redes de tráfico de personas con el mismo objetivo, exponiéndose a situaciones de riesgo. Durante estos procesos, la mujer que da a luz, ve vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos, quedando anulada su capacidad de tomar decisiones con respecto al embarazo o la crianza del menor, además de que las consecuencias de la separación pueden resultar traumáticas y violentas para ambos.

El hecho de que haya mujeres que estén sometidas a estas prácticas, no responde a una razón de libertad individual, sino que el sistema capitalista (aquel que no puede garantizar ni las necesidades más básicas a la clase obrera), las obliga a optar por ello, no existiendo la opción de ejercer libremente la prostitución o ser un vientre de alquiler.

En la sociedad capitalista, en la que se mira hacia otro lado y se rentabiliza la desigualdad y las necesidades a las que estamos sometidas, la clase trabajadora en su conjunto, tenemos el deber de luchar por sustituirla por una nueva libre de opresión, donde se garanticen nuestros derechos y nos depare un futuro libre de explotación. Sólo podremos hacer efectiva la lucha por la emancipación de la mujer, si esta lleva consigo la de nuestros compañeros. Solamente podremos alcanzarla, si la clase obrera organizada respondemos con un mismo golpe.

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