Abogadas analizan la realidad laboral y de su ámbito en vísperas del 8M

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en pleno desarrollo de una nueva crisis económica, Nuevo Rumbo entrevista a varias abogadas para conocer sus opiniones y los problemas a los que se enfrentan a diario en su trabajo. Estrella Alonso, Esther Comas, Nuria Fernández, Silvia Gambarte y Alejandra Gutiérrez responden a nuestras preguntas desde su experiencia, en unos casos como abogadas que participan en el turno de oficio, en despachos laboralistas o en los servicios jurídicos de los sindicatos. Ellas tienen la palabra.

Vivimos tiempos convulsos y suponemos que muchos de los problemas de la población terminan encima de vuestras mesas de trabajo. ¿Qué problemas estáis enfrentando en esta nueva crisis económica?

Estrella Alonso. Primero quería agradecer a Nuevo Rumbo que realice estas entrevistas al sector de la abogacía, que suele estar idealizado y cuya realidad es bastante precaria, en especial para las mujeres de extracción obrera, es decir, que ni nuestro padre ni nuestra madre ni familiares en general, son abogados.

En el ámbito laboral he visto incrementadas las demandas por reclamaciones de cantidades e incluso extinción de contratos de trabajo por impagos reiterados del salario. Además, tras el estallido de la pandemia aumentaron las consultas sobre medidas de seguridad y el derecho a escoger cuándo disfrutar de las vacaciones.

En el ámbito penitenciario, en el que trabajo desde el Turno de Oficio, se notó un empeoramiento de las condiciones en las que viven los internos y el mal trato que se da a las familias, que apenas podían saber cómo se encontraba su familiar. Como consecuencia la salud mental de muchos internos e internas se ha agravado.

Algo especialmente preocupante es que continúan los retrasos en el pago del Turno de Oficio, siendo el último mes abonado octubre, al menos en el Colegio de Abogados de León. Sin embargo, el trabajo se sigue realizando, permitiendo que la administración de justicia siga funcionando con todas las garantías y que los trabajadores que no tienen recursos puedan reclamar judicialmente sus derechos laborales o sociales, ante las resoluciones negativas de tantas ayudas anunciadas.

Esther Comas. En España, las convulsiones económicas siempre se cobran cantidades ingentes de puestos de trabajo. La propia estructura de nuestro mercado laboral así como el bajo coste y la relativa facilidad para accionar el despido favorecen que la extinción de contratos sea uno de los primeros mecanismos de reacción de las empresas ante escenarios económicos negativos, inestables o de incertidumbre. Evidentemente, la situación de excepcionalidad sanitaria es una de esas convulsiones. En este caso, además, de enorme intensidad y con especial afectación sobre sectores como son la hostelería, el comercio o la industria vinculada al turismo donde la inestabilidad de la contratación facilita más si cabe la vía extintiva. 

Como despacho laboralista comprometido con la defensa de los trabajadores y trabajadoras, la mayor parte de nuestros temas guardan relación con despidos, tanto individuales como colectivos. Y ello a pesar de las medidas que se han adoptado para intentar preservar la ocupación. Además, también nos encontramos con muchos problemas vinculados a la subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores así como, cada vez más, aquellos que guardan relación con el fenómeno de los falsos autónomos que, lamentablemente, se extiende a cada vez más sectores y actividades económicas.

Nuria Fernández. Yo soy abogada de un sindicato por lo que solo puedo hablar en el campo de lo laboral: Los problemas son los mismos de siempre: desempleo, despidos, deslegalización de condiciones salariales, precariedad etc. Pero creo que el momento álgido de los problemas laborales no ha llegado todavía, creo, aunque espero equivocarme, que nos quedan tiempos peores, será cuando se abran las compuertas de la avalancha de despidos, que hasta ahora estaba siendo contenida gracias a los ERTES.
Hemos de tener en cuenta que la legislación vigente posiciona al empleador ante la crisis de forma muy favorable, denigrando la posición de los trabajadores a los que permiten participar en un periodo de consultas como meros espectadores de las decisiones de su empresario, y mientras esa ley no se cambie, todas las crisis las seguiremos pagando los trabajadores.

Silvia Gambarte. En estos momentos se puede observar una precarización aún más de las relaciones laborales y un incremento de las situaciones de acoso laboral. Los empresarios están aplicando modificaciones sustanciales (cambios de jornada, salariales, distribución del tiempo de trabajo…), obviamente en perjuicio de los derechos de los trabajadores, aprovechando la situación de miedo a perder el trabajo y no encontrar un nuevo que se está generando. También se exige a los trabajadores que realicen horas extras que no son remuneradas.

Alejandra Gutiérrez. Los conflictos laborales han aumentado considerablemente. El índice de despidos que llegan a nuestro despacho supera la media de otros años. También nos hemos encontrado con un aumento de los pleitos relacionados con la conciliación de la vida familiar. Sin embargo, la gran novedad es el aumento de las dificultades que está encontrando la población para relacionarse con instituciones como el INSS y el SEPE. Y lo más sorprendente para mí es ver cómo estamos sufriendo las consecuencias de las reformas laborales y en materia de pensiones de jubilación, viendo cuantías muy bajas, de miseria, en atención a los años trabajados. La situación para amplios sectores sociales es dramática.

Uno de los problemas de los que más se habla desde el inicio de la pandemia y al que habéis hecho referencia es el de la conciliación, de hecho el Gobierno ha aprobado el denominado Plan Me Cuida. ¿Tenéis problemas de conciliación en el ámbito de la abogacía? ¿Son suficientes las medidas aprobadas hasta ahora?

Estrella Alonso. El problema de la conciliación es algo que ya existía, aunque la pandemia lo ha agravado al cerrar aulas y colegios enteros y no tener un sitio donde los niños y niñas estén atendidos. En mi caso, nadie depende de mí, por lo que no tengo los mismos problemas que otras compañeras con hijos o personas dependientes.

Sin embargo, la conciliación del trabajo de abogacía con tener tiempo para ti misma o para incluso comer bien es realmente complicado. Los despachos suelen estar situados en el centro administrativo de la ciudad, normalmente lejos de los barrios obreros donde muchas vivimos, lo que hace que apenas tengamos tiempo, en los horarios partidos, de llegar a casa y cocinarnos algo para comer, comer y volver a ir a trabajar; siendo necesario adaptarse a los horarios de trabajo de los clientes para poder atenderles correctamente, lo que complica todavía más la conciliación.

Además, las horas muertas en los juzgados hacen que muchos juicios acaben casi a las tres de la tarde, suponiendo graves problemas a las compañeras que tienen que recoger a sus hijos del colegio.

En mi opinión el Plan Me Cuida se queda muy corto ante las necesidades de las mujeres trabajadoras. Quien tiene un contrato de trabajo puede reducir la jornada, pero se reducen también los salarios, que ya de por sí no llegar en muchos casos a cubrir las necesidades.

Esther Comas. El problema de la conciliación en el ámbito de la abogacía es gravísimo y, por desgracia, los avances son muy pocos. Me atrevería a decir que el déficit en esta materia es más acentuado en el caso de la abogacía de lo que lo es en la mayoría de sectores. Y eso es mucho decir en un país donde la plena conciliación es un objetivo muy lejano. El propio funcionamiento de la administración de justicia supone el mayor impedimento y lo podemos comprobar a diario cuando vemos, por ejemplo, que algunos juzgados se niegan a suspender plazos en situaciones que lo justificarían sobradamente, llegando a cuestionar con su forma de proceder no tan sólo el derecho a la conciliación sino también el derecho a la propia salud. La conciliación de la vida profesional y personal es fundamental para cumplir con la obligación de garantizar la igualdad en el plano laboral, sobre todo si atendemos al hecho innegable de que somos las mujeres quienes todavía cargamos con el mayor peso de las responsabilidades familiares y domésticas.
Para hablar de conciliación en el ámbito de la abogacía es necesario fijar legislativamente criterios socialmente responsables en relación a cuestiones como los actos de comunicación y notificación y regular las causas de suspensión de actuaciones judiciales en base al necesario respeto al derecho a la conciliación. Estas no son cuestiones que puedan quedar simplemente al albur del criterio de los juzgados.

Nuria Fernández. Personalmente no tengo problemas porque no tengo hijos y mis padres están al cuidado de mis hermanos, pero obviamente la abogacía, tal y como está hoy planteada, impide la conciliación de la vida familiar con la laboral mucho más que en otras profesiones. El sistema de notificaciones Lexnet nos asfixia, especialmente a los laboralistas, solo nos permite estar desconectados tres días, a partir del tercero lo notificado comienza a tener efectos sobre nuestro cliente y corren los plazos, por lo que no tenemos derecho a la desconexión digital, ni en vacaciones, ni siquiera estando enfermos, ello sin perjuicio de que la profesión es muy exigente y es preciso estar siempre al día, lo que tiene difícil conjugación con el cuidado de unos hijos o de personas dependientes.

Silvia Gambarte. Personalmente no tengo problemas de conciliación porque no tengo ni hijos ni padres mayores que requieran un cuidado por mi parte. Pero si es cierto, que si tienes hijos o bien familiares a tu cargo y estás en un despacho unipersonal es prácticamente imposible conciliar la vida laboral y familiar, con jornadas maratonianas por la mañana en los juzgados y por las tardes en el despacho resolviendo consultas y trabajando en los asuntos que tienes encima de la mesa.

Alejandra Gutiérrez. En la abogacía no existe conciliación. Las abogadas que nos encontramos en la Mutualidad de la Abogacía tenemos problemas para poder disfrutar nuestra baja por maternidad, se nos dificulta las suspensiones de vistas y de plazos, y es muy habitual ver a compañeras que deben ser acompañadas a los juicios o guardias por sus parejas o familiares para poder amamantar al bebé en las esperas. Pero cuando los niños se hacen mayores, tampoco se facilita la tarea. No existen posibilidades de reducción de jornada ni la adaptación de la misma. Y ahora en pandemia, con los confinamientos de los niños, te ponen mil trabas para realizar una suspensión.
Igualmente, no se respetan los horarios en los juzgados, lo que nos ocasiona en multitud de ocasiones tener que tener un plan B ante la posibilidad de no poder llegar a recoger a nuestros hijos.

Las medidas adoptadas hasta ahora, como el denominado Plan Me Cuida, excluyen a amplísimos sectores sociales. Además, con la generalización de salarios de hambre, ¿quién va reducir la jornada disminuyendo el salario? Únicamente quien no tiene otro remedio y, con ello, se soluciona un problema y se agrava otro. Eso no es conciliación.

En pleno debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se ha desatado una dura polémica sobre las barreras clasistas en el acceso a las distintas profesiones jurídicas, tradicionalmente conservadoras. ¿Siguen existiendo esas barreras?

Estrella Alonso. Sí, e incluso en el propio acceso a la abogacía. No es lo mismo que tu padre o madre sean propietarios de un despacho en el que tienen contratados a compañeros o que no tengas relación con este mundo y acabes contratada en un gran despacho, pero de secretaria, tardando años en ser valorada como abogada.

Tampoco es lo mismo si tu familia puede ayudarte a pagar la colegiación, la mutualidad de abogacía o la cuota de autónomos, o tu familia apenas llega a fin de mes y, por tanto, no puedes ejercer por tu cuenta. Las barreras de clase siguen estando presentes, y cada vez, por desgracia, se notan más.

Esther Comas. Por supuesto que existen. Especialmente en relación al acceso a determinadas profesiones jurídicas como, por ejemplo, la de juez o jueza. Hablamos de largas oposiciones que, por su exigencia, impiden compatibilizar la preparación con la práctica laboral y que casi siempre obligan a recurrir a figuras como las del preparador que suponen un importante desembolso económico. Por más que existan excepciones y vías alternativas de acceso como lo es el cuarto turno, lo cierto es que resulta casi imposible ingresar en determinadas profesiones sin un importante apoyo económico por parte de la familia o el entorno. Y eso, en sí mismo, ya representa un determinado sesgo en la configuración de la profesión. No se puede inferir automáticamente que de la pertenencia a un determinado estrato socioeconómico derive la adhesión a posturas más o menos conservadoras, pero es evidente que supone un condicionante que no puede ser ignorado.

Nuria Fernández. Cuando existe un proceso selectivo objetivo y neutral, no hay barreras, pero en el momento en que interviene la discrecionalidad, las mujeres quedamos relegadas. Esto es un hecho, en los niveles de poder, hay muchos más hombres que mujeres.

Silvia Gambarte. Sí, en la actualidad siguen existiendo esas barreras, y está claro que a corto o medio plazo es bastante poco probable que desaparezcan.

Alejandra Gutiérrez. Claro que existen. Una cosa es que formalmente todas podamos acceder a determinadas profesiones conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad y, otra muy distinta, que tus padres puedan pagarte la carrera y mantenerte durante el tiempo que prepares la oposición. Y en la abogacía, tampoco estamos en la misma situación quienes procedemos de la clase obrera a la hora de aguantar los primeros años de profesión, de acceder a determinados despachos o de determinados puestos de trabajo. Las barreras de clase seguirán existiendo y determinando todos los órdenes de la vida mientras siga existiendo una sociedad dividida en clases sociales y basada en la explotación.

Sabemos que la igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida. ¿Percibís esas diferencias en vuestra profesión? ¿Cuáles son los principales problemas de las abogadas?

Estrella Alonso. Creo que la imagen del abogado de éxito y renombre sigue siendo hombre, sin embargo, el año pasado las abogadas éramos más del 54% en la franja de edad de 25 a 54 años. En el turno de oficio noto que somos una mayoría de mujeres, pero, sin embargo, es el trabajo más precarizado: peor valorado y peor pagado. Ese es el principal problema, que sigue habiendo trabajos mal pagados, y que los solemos ocupar las mujeres.
Residualmente, también se notan comentarios machistas tanto de clientes como de jueces o policías, que se mezclan con cierto paternalismo conservador cuando eres mujer y joven en la abogacía.

Esther Comas. Pues, en buena medida, esta pregunta ya ha quedado respondida anteriormente. Como abogadas, nuestros problemas son los mismos que padecen el resto de trabajadoras de este país y que guardan íntima relación con la muy desigual distribución de las responsabilidades domésticas y familiares entre hombres y mujeres. No hace falta extenderse en datos que son sobradamente conocidos para comprobar la existencia de esta desigualdad. Pero a esta problemática general y compartida, nosotras debemos sumar las nulas facilidades para la conciliación que ofrece el funcionamiento de la administración de justicia.

Nuria Fernández. Para mí la credibilidad y el respeto. He advertido en numerosas ocasiones en mi vida que ante dos profesionales de igual valía, se respeta más al hombre, y sus opiniones son más aceptadas, esto tiene relación con la pregunta anterior y las barreras que se nos ponen a las mujeres en los ámbitos de poder. Ahora bien, lo que al hombre se le da por sistema, la mujer se lo está ganando cada día, hay muchas juezas y muchas abogadas de profesionalidad y prestigio, que están poniendo la justicia en femenino.

Silvia Gambarte. Por supuesto que se perciben esas diferencias. Es mucho más difícil para una mujer acceder a un puesto de responsabilidad en un gran despacho que si se tratara de un hombre. Otro de los problemas que tenemos que soportar las mujeres que ejercemos el derecho es el machismo que todavía persiste. A veces, tenemos que soportar un trato paternalista de otros compañeros cuando estamos negociando o defendiendo un asunto. Y obviamente, ni es correcto ni es agradable.

Alejandra Gutiérrez. Las abogadas sufrimos los mismos problemas que el resto de las mujeres trabajadoras, como las desigualdades salariales o los problemas de conciliación. También tenemos unos grandes índices de precariedad en nuestra profesión que, si bien son generalizados, afectan de una manera más marcada a la mujer. Son habituales los fraudes en la contratación de los abogados y abogadas que trabajan como falsos autónomos cuando su relación es puramente laboral, el trabajo gratuito durante la pasantía o las becas de formación.

Aunque a día de hoy muchas mujeres hemos accedido a las distintas profesiones jurídicas, eso no quiere decir que siga existiendo un cierto grado de discriminación. En la abogacía, por ejemplo, esto se percibe en dos momentos: en el acceso a la profesión, donde nos encontramos con situaciones totalmente machistas como las entrevistas o las funciones de asistenta que muchas compañeras tienen que realizar en los despachos; eso sin contar con cierta valoración de la apariencia por encima del currículum. Y, después, a lo largo de tu vida profesional, sigue presente el machismo en forma de minusvaloración de tu trabajo, de tus opiniones profesionales o, incluso, del sector del derecho al que terminas dedicándote, muchas veces porque no queda otro remedio. Tenemos una profesión en la que, cada vez más, quien mandan son las grandes empresas jurídicas, grandes monopolios en los que unos son propietarios y otros trabajadores y trabajadoras asalariados, con condiciones sumamente precarias que afectan especialmente a los compañeros y compañeras más jóvenes y a las mujeres. Vivimos una clara proletarización de la abogacía, en que las mujeres, además, tenemos que enfrentar el machismo.

Hace unas semanas conocimos la puesta en libertad de uno de los asesinos que perpetraron la matanza en el despacho laboralista de Atocha. ¿Qué sensación te produjo la noticia? ¿Es necesaria hoy una abogacía comprometida como la que representaban las abogadas y abogados de Atocha?

Estrella Alonso. Mucha rabia y ganas de luchar por construir un mundo diferente. Es increíble que estemos normalizando un constante trato desigual. Mientras a un asesino lo ponen en libertad, en el turno de penitenciario vemos que cuesta años arrancar un permiso para ver a familiares de personas que han cometido delitos menores, porque muchas veces es la única opción de vida que les ha ofrecido el capitalismo.

Es absolutamente necesaria una abogacía comprometida, que luche por mejorar las condiciones laborales de la profesión, lo que permitiría un mayor acceso de los hijos e hijas de la clase obrera a la abogacía. También es necesario que luchemos por los derechos de los trabajadores, que seamos muchos más los que estemos dispuestos, por ejemplo, a reclamar hasta el último céntimo del incremento salarial anual, que las empresas racanean constantemente a los trabajadores.

Esther Comas. Una sensación de profunda tristeza. El crimen perpetrado en Atocha permanece como una herida mal saturada de una Transición que, pese a sus virtudes, no es el modelo de perfección que se quiere imponer como verdad cuasi incuestionable en la percepción de esa etapa histórica. El franquismo es una sombra profunda que, como sociedad, nos estamos negando el derecho a mirar de frente. El miedo a revisitarlo impide ofrecer justa reparación a la memoria de las personas que padecieron la represión y la violencia de un régimen criminal. Y sin reparación, sin verdad, es imposible restañar esas heridas y enterrar el padecimiento. 

Los abogados y abogadas de Atocha permanecen en nuestra memoria como un amado recordatorio de aquello que nosotros mismos (Colectivo Ronda) queremos seguir siendo como cooperativa: un baluarte en defensa de los derechos de las personas y en pro de la dignidad de la existencia humana. Una abogacía comprometida es y será siempre imprescindible como garante de una sociedad democrática que aspire a ser más justa y equitativa.

Nuria Fernández. Cuando veo las imágenes del entierro de los abogados de Atocha, me toca por dentro, y sigue emocionándome. Creo que la Transición, aún con todos estos desgraciados hechos, hizo sentir a sus protagonistas una emoción y una unión que hoy no tenemos. Hay abogados y abogadas comprometidos, hay muchas causas por las que luchar, pero efectivamente nos falta un hilo que nos una a todos y un motivo por el que hacerlo juntos.

Silvia Gambarte. Me pareció vergonzoso, porque al final se constata que en este país la justicia no es igual para todos, que hay delitos, que pese a su gravedad y a la repercusión que tuvieron como fue el caso de la Matanza de Atocha, siguen gozando de una descarada impunidad. Hoy, no sé si más que nunca pero sí igual que antes, es necesaria una abogacía comprometida con la defensa de los derechos humanos y de principios tan imprescindibles en una democracia como el de igualdad. Es también necesaria una abogacía comprometida en el ámbito del Derecho del Trabajo, especialidad que ejerzo, para la defensa de los derechos de la clase trabajadora; derechos que se conquistaron muchísimo esfuerzo de todas las personas que lucharon antes que nosotros y que nos están siendo arrebatados casi sin oposición por nuestra parte.

Alejandra Gutiérrez. Me produjo enfado, tristeza y repulsa. No podemos olvidar que la administración de justicia y otras parcelas del Estado no fueron depuradas durante la Transición y, de alguna manera, pervivió la herencia del franquismo. Eso se puso especialmente de manifiesto en el juicio contra los asesinos de nuestros compañeros y en el tratamiento posterior a los asesinos. Los compañeros y compañeras de Atocha, y de otros despachos laboralistas durante los duros años de la Transición, siguen siendo una referencia para quienes seguidos empeñados en cambiar las cosas. Pasan los años, pero su ejemplo sigue vivo y no estamos dispuestos a olvidarles.

Hoy es más necesaria una abogacía comprometida como la que representaban los compañeros y compañeras de Atocha, es necesario una sociedad más comprometida en general, que luche por defender sus intereses y por conquistar una vida digna. Nuestro despacho desde su fundación tomó la decisión de secundar todas las huelgas generales, sólo se trabaja para apoyar la acción de los trabajadores y trabajadoras en lucha. Iniciativas como esta entrevista ayudan a tomar conciencia de que hay compañeros y compañeras que, en todo el país, están enfrentado los mismos problemas y luchando por una sociedad diferente, ayudan a fortalecer ese tipo de abogacía comprometida que para mí es más necesaria que nunca.

Muchas gracias a las cinco por haber encontrado un momento para respondernos. Desde Nuevo Rumbo tenemos la seguridad de que vuestras opiniones serán del mayor interés para nuestros lectores.

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