El pasado 13 de abril de 2021 Juana Ruiz Sánchez fue detenida en su domicilio en Cisjordania (territorio palestino actualmente ocupado por Israel), lugar en el que vive desde hace 35 años, trabajando en la organización sanitaria Palestina Health Work Committees (HWC). Desde su domicilio Juana fue trasladada a la cárcel de Damon, al norte de Israel.
Durante las primeras semanas en prisión Juana estuvo aislada, sin conocer los cargos de los que se le acusaba, y a la espera de un juicio militar. Tras un mes de encarcelamiento sin acusaciones formales se presentaron los cargos por los que se acusaba a Juana: “pertenencia a una organización ilegal” (la ONG antes mencionada, HWC), “recibir e introducir dinero en los territorios palestinos” y “recibir dinero con falso propósito”, todo ello relacionado directamente con su actividad militante, solidaria, reivindicativa y profesional en los HWC. Y es que Israel se justifica incluyendo a HWC en la lista de organizaciones que, según ellos, desvían dinero público de la cooperación a ayudar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
En un primer momento, el 7 de julio debía celebrarse el juicio de la trabajadora humanitaria, pero éste se aplazó hasta el 24 de julio, y de ahí hasta el 10 de agosto, día en el que se celebró la primera vista del juicio. Finalmente, se volvió a aplazar hasta el 1 de septiembre, fecha fijada para la segunda vista.
Es vergonzoso ver la impunidad con la que el Estado de Israel actúa contra todo lo que cuestiona su régimen sionista y asesino, haciendo y deshaciendo a su antojo e ignorando deliberadamente las recomendaciones internacionales sobre el conflicto. Los bombardeos constantes a Gaza, la represión contra la población palestina, y la persecución de los activistas sociales y políticos son, por desgracia, ejemplos cotidianos de ello.