El pasado 24 de octubre, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenificaban un acuerdo de gobierno, “un compromiso de país”, como les gustó decir públicamente. 48 páginas de buenas intenciones que hay que analizar para desgranar si son un cambio real o tan sólo un nuevo brindis al sol.
Las medidas en materia educativa se concentran en 14 puntos que ocupan dos páginas y media. El documento olvida cualquier punto transformador de la realidad y no va más allá de “intentar” mejorar lo que ya hay. Cualquiera sabe que la educación pública en nuestro país no necesita de simples intenciones, sino de un impulso considerable que se concrete en hechos. El primer paso mínimo exigible es el aumento considerable de la inversión y del número de trabajadores (y sus condiciones) para que el servicio sea de calidad. Se habla de alcanzar un 5% de inversión del PIB, ¿cuánto se llevará de eso la concertada? ¿hay plazos o será otra promesa incumplida?
El documento abarca medidas en los diferentes niveles educativos, infantil, primaria, secundaria, Formación Profesional y universidad. Se deja por escrito que se universalizará la educación de 0 a 3 años y que al final de la legislatura será una realidad para las niñas y los niños de 2 años. También se habla de ampliar ayudas en comedores escolares, horarios, etc. Cualquier sabe que todo esto no se consigue sin una inversión económica considerable en infraestructura y personal. No está escrito si esa imprescindible inversión, que no nombra, será para empresas privadas o para la pública, no hay nada concreto.
En el plano de las buenas intenciones también están las medidas para frenar el acoso, la violencia escolar, abordar la salud mental, mejorar la convivencia, etc. Sólo se habla de crear nuevas “medidas”. Si se conoce un poco la escuela pública se sabe que no basta con añadir más protocolos y medidas a los que ya hay, sino que se necesitan recursos integrales, un cambio de paradigma y como siempre, más poder real de decisión y organización para los profesionales del sector, mucha más inversión y voluntad real de cambio.
De igual manera se pueden valorar las afirmaciones sobre “impulsar” y “promover” más libros de texto, material escolar y bajar las ratios de alumnos por aula o mejorar las condiciones de los trabajadores. Mientras no se hable de medidas concretas con presupuestos y fechas, todo seguirá como hasta ahora.
Se refuerza la educación dual en FP. La FP dual fue un gran éxito empresarial de los últimos años ya que se adaptaba la enseñanza al servicio de la empresa garantizando las prácticas sin remunerar.
Es de sobra conocido que hay centros concertados (centros escolares que reciben millones anualmente de dinero público) que segregan por sexo en las clases, cuestión que la propia legislación española impide, y que llevan décadas haciéndolo, también con los gobiernos del PSOE. Ahora parece que quieren hacer cumplir su propia ley y prometen combatir esto.
No se atreven a tocar el gran poder de la Iglesia en la escuela pública, la materia de religión. Renuncian a la laicidad, el texto la cita una vez para simplemente “promoverla”, y sólo aspiran a que la asignatura de religión sea no evaluable para acceder a otros estudios, becas, etc.
En la Universidad pública no aspiran a mucho. “Tenderán” a reducir las tasas universitarias y a revisar la normativa sobre becas. No llegan a plantear que la universidad sea un derecho para todos y todas, es decir, que sea totalmente gratuita y se eliminen las tasas. Tampoco garantizan con determinación las condiciones laborales del profesorado universitario, aquí también hablan de “avanzar”. No hay ni una propuesta concreta de como cambiarán lo que ya hay.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿son las medidas que van a permitir mejorar cuantitativa y cualitativamente la calidad de la educación pública? Evidentemente, no. ¿Cómo sabremos si se cumple o no? Cómo siempre, habrá que ir recordando lo que dejaron por escrito y lo que han hecho. Todo trabajador de la enseñanza, estudiante o madre sabe que los problemas de la educación no mejorarán con estas medidas.
Han renunciado abiertamente a cualquier posibilidad transformadora para aspirar sencillamente a defender lo que ya hay. Apuntaremos tan sólo algunas sencillas medidas: Acabar con la educación concertada y la religión en las aulas, sin medias tintas y de raíz. Todo centro educativo concertado debe estar bajo titularidad pública. Garantizar una atención integral del estudiante reduciendo considerablemente las ratios de alumnado/docente y aumentando plantillas no sólo de docentes, sino de orientadores, trabajadores y educadores sociales, personal de limpieza, mantenimiento, etc. Presupuesto concreto y específico que garantice centro a centro la completa renovación de infraestructuras de estudio, aulas, climatización, etc. Permitir la renovación pedagógica de los docentes reduciendo considerablemente horas lectivas y la carga burocrática. Poder de decisión y organización para los profesionales del sector en sus centros de trabajo. Los claustros deben ser órganos de decisión, debate y organización, no simples trámites donde se informa.
Esta son algunas de las medidas que empezarían a transformar la educación, a ilusionar y hacernos creer en ese “compromiso de país” que dice ser este acuerdo. Mientras esto no se dé y todo sean buenas intenciones, la experiencia nos dice que la gran mayoría de los puntos de este documento pasarán del actual formato digital al papel mojado. Con el PSOE, así ha sido otras veces y así lo seguirá siendo. Es difícil confiar en quien te promete y engaña constantemente.
El PSOE hace ya casi un siglo que dejó de ser un partido que defendiese los intereses de la clase obrera. Si se analizan las medidas de sus legislaturas en democracia, se verá cómo se ha convertido en ese partido que es capaz de garantizar la constante acumulación de riqueza en manos privadas y repartir las suficientes migajas para que nada cambie, el partido del estatus quo. En materia educativa no es una excepción.