A finales de diciembre de 2023 se hizo público que el Estado había aprobado la operación de compra de un 10 % de Telefónica para convertirse en su primer accionista. Esta operación relámpago se produce en respuesta a la entrada en el capital de Telefónica de la saudí STC con un 9,9 % en septiembre y está valorada en 2.000 millones de euros. El Gobierno ha justificado la compra por el «interés nacional» y la «estabilidad accionarial», frente al riesgo de que un capital extranjero controle una empresa estratégica.
Desde el Gobierno, la coalición Sumar, así como otros partidos socialdemócratas, han defendido la operación con el criterio de que la participación estatal en la empresa nacional implica mayor progreso. En las siguientes líneas vamos a analizar esta afirmación y las políticas que desarrollan los defensores del intervencionismo estatal, para ver si esta política es realmente tan novedosa y tan progresista como defienden.
Sobre la participación estatal en las empresas en el capitalismo, debemos mencionar primero el descenso de la participación de las rentas del trabajo en las rentas nacionales desde al menos los años 80, que constituye una tendencia global de carácter estructural ampliamente contrastada. Esto significa que en las últimas décadas el salario real medio ha crecido sistemáticamente por debajo de la productividad, en una tendencia sostenida de empobrecimiento de la clase obrera.
Esta tendencia general se da bajo gobiernos de distinto signo a nivel mundial. No es cierto que la gestión influya en esta tendencia, porque los diferentes modelos de gestión capitalista son funcionales a las necesidades de los monopolios; lo que influye son aspectos estructurales del capitalismo, como por ejemplo la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
La historia demuestra que las conquistas de la clase obrera bajo el capitalismo son temporales, dado que lo que se entrega con una mano se quita con la otra. Lo vemos claramente en esta etapa, en la que se observa un reflujo en la capacidad de las luchas de la clase obrera, que desde los años 80 han sufrido un descenso en su organización. Se lucha igual o más, pero no se elevan esas luchas a reivindicaciones comunes sobre el nivel de vida o a reivindicaciones políticas revolucionarias, porque todo a lo que aspira el movimiento obrero es a modificar la gestión capitalista mediante los gobiernos socialdemócratas, que utilizan datos falseados para convencer a la clase obrera de que suavizar esta cuesta abajo es mejorar en algo la vida de los trabajadores.
De hecho, podríamos reducir la política de todos esos gobiernos, sean liberales o socialdemócratas, a la lucha para hacer atractivo un territorio para que las multinacionales inviertan en él. Pero ¿qué es lo que hace atractivo a un territorio a los ojos de las multinacionales? Es notorio que los monopolios buscan políticas fiscales favorables y una clase obrera barata y sumisa, por este motivo nos referimos a los distintos tipos de gestión del estado capitalista como gestión (gobiernos) a favor de los monopolios, aunque luego algunos se dediquen a sacar conejos de la chistera (subidas del salario mínimo y otras muchas) para despistar a los trabajadores, especialmente en esos primeros momentos de las crisis en los que generalmente se aumenta el gasto estatal. E incluso aunque olviden mencionar que esos monopolios que pretenden defender por interés estratégico pueden mudar sus sedes fiscales a otros países donde les resulta más beneficiosa la política fiscal, como en el caso de Ferrovial. Hablando claro: los gobiernos gestionan a favor de los beneficios de esas multinacionales, mientras gestionan la miseria de la clase obrera, aunque te quieran convencer de que subir el salario mínimo por debajo del IPC es progreso. Así se mantiene la tendencia al empobrecimiento de los trabajadores.
Dentro de esa generalidad, que es gestionar a favor de los monopolios, es necesario diferenciar entre los monopolios nacionales y los extranjeros. La defensa de esa fiscalidad pro-multinacionales (monopolios) y los intentos de sumisión de la clase obrera se dan en todas las esferas económicas. Desde el grupo Mondragón, pasando por el Corte Inglés, hasta Iberdrola o Telefónica, la labor de los gobiernos es mantener los beneficios de esas empresas y que sigan en manos de sus dueños, frente a la feroz competencia que se da a nivel nacional e internacional. Aunque luego muden a Holanda su sede fiscal.
También es interesante analizar en nuestro día a día las consecuencias de estas políticas a favor de esos monopolios, que generan esa tendencia al empobrecimiento de la clase obrera. Sin ir más lejos, en estos momentos de inflación galopante y empobrecimiento generalizado, la situación de las empresas es boyante. El ejercicio de 2023 fue muy bueno para la Bolsa española, mejor incluso de lo que apuntaban las previsiones más optimistas. El Ibex-35, el índice de referencia que aglutina a las mayores empresas, se revalorizó un 22,7 %, la mayor subida desde 2009. Las ganancias fueron generalizadas, aunque hubo compañías que se salieron del mapa, como la vasca Tubos Reunidos, que terminó el año en primera posición de todo el mercado continuo español, en el que cotizan casi 130 firmas.
El caso de Tubos Reunidos es especialmente ilustrativo sobre las consecuencias del intervencionismo estatal. El grupo, con grandes apellidos como Ybarra, Delclaux o Beraza y con el BBVA como accionista principal, tuvo que ser rescatado en el verano de 2021 por el Gobierno mediante la inyección de 113 millones de euros, tras haberse beneficiado en el pasado de la compra de empresas como Productos Tubulares, una de las partes en la que se dividió la antigua Babcock & Wilcox, que en 1994 fue vendida por una peseta (menos de 0,01 €) al Grupo Tubos Reunidos tras haber sido pertinentemente saneada con dinero público. De las luchas de los trabajadores en este grupo se podría hacer un artículo aparte, pero ni han sido alentadas ni apoyadas por el estado capitalista, lógicamente. Tampoco se ha garantizado jamás el derecho al trabajo de quienes no han visto un céntimo de euro de los millones inyectados en el grupo.
Por eso hoy es tan evidente que quienes se autodenominan defensores de los trabajadores son en realidad un lobo con piel de cordero. El intervencionismo en Telefónica es, una vez más, la labor del mamporrero de los capitalistas para salvaguardar sus intereses y evitar que tanto la clase obrera como otros capitalistas echen a perder este gran negocio.
Hoy toca garantizar la «estabilidad accionarial» de Telefónica basándose en un supuesto «interés nacional». Un interés que cuando de la clase obrera se trata se transforma rápidamente en una regañina (aunque se usen palabras como responsabilidad) para aceptar los sacrificios que sean necesarios para mantener esa tendencia favorable a los intereses de una minoría de capitalistas. Este es, en definitiva, el objetivo de estas políticas: mantener a la clase obrera sumisa, acusando de insolidario, fascista o cualquier otro adjetivo despectivo a cualquiera que no acepte una subida ridícula del salario mínimo en un momento de empobrecimiento generalizado, para acallar la crítica. Así conseguimos que una empresa que tiene activos varios Expedientes de Regulación de Empleo mientras presenta unos balances con beneficios millonarios sea interpretada como beneficiaria de una política responsable con el país. Que la plantilla esté inflamada por los despidos o que no existan mejoras reales en el poder adquisitivo y en las condiciones laborales de los trabajadores desde hace años es algo que el gobierno «no valora», dado que se circunscribe al ámbito privado, lo cual, claro, no es óbice para que se pueda regalar 2.000 millones a los patrones para garantizar que los beneficios caigan en los bolsillos de los de siempre. En este caso, la labor del gobierno es garantizar la estabilidad dentro de esos bolsillos capitalistas, no el derecho al trabajo y a una vida digna de la clase obrera.
Las declaraciones altisonantes de algunos partidos sacando pecho con esta participación estatal dejan en evidencia cuál es el papel de estas organizaciones para garantizar la paz social mientras se beneficia a los de siempre, en un momento en el que muchas familias obreras están sufriendo verdaderas penalidades.
Por eso afirmamos que nuestro papel y, consecuentemente, el de toda la clase obrera no debe ser legitimar el empobrecimiento popular, sino hacerle frente, principalmente desde los centros de trabajo. También defendemos que es legítimo, oportuno y necesario plantear un modelo de sociedad alternativo. La sociedad debe caminar hacia una estructura social donde la propiedad de esas empresas estratégicas tenga un carácter colectivo, para que una minoría no se beneficie del trabajo de la mayoría. El papel de la clase obrera debe ser, además, fundamental en la organización del trabajo, por lo que la producción deberá someterse al control obrero, dado que, como hemos visto, que el estado capitalista adquiera una empresa no garantiza la justicia social. Porque no nos pueden convencer de que la participación de capital estatal en una empresa logrará eliminar la lógica mercantil capitalista con la plantilla y que su relación con el mercado será diferente a la del resto de las empresas.
El principio de igualdad debe fundamentar la lucha por una nueva sociedad, donde las políticas y los recursos no se destinen, como ahora, a favorecer a una minoría en detrimento de todos, sino a garantizar un progreso real, tangible, que se materialice en todos aquellos campos que ahora están sometidos al libre mercado. Y resulta que, aunque nos repitan mil veces que invertir en Telefónica es el progreso, esta afirmación se derrumba en el terreno de los hechos porque no se puede soportar desde una perspectiva ética ni política. Por eso la clase obrera debe hacer frente a estas políticas, porque lo necesario es empezar a elevar de nuevo las luchas a la categoría y a la organización que realmente necesita el día de hoy, poniendo en el centro las necesidades reales de la clase obrera con nuevos liderazgos y nuevos discursos.