Este mes se cumple el tercer año del recrudecimiento del genocidio en Gaza, y la situación parece no mejorar. En los últimos doce meses, cuatro personas palestinas son asesinadas al día; de esas cuatro, una es un niño o niña.
La violencia sionista no sólo consiste en los asesinatos, sino que también va dirigida a boicotear el desarrollo social, económico y humano de la Palestina ocupada. Actualmente, nos encontramos ante aproximadamente un 60 % del territorio ocupado por soldados. Se obstaculizan las tareas de reconstrucción civil en un contexto en el que el 80 % de la infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado, etc.) ha sido destruida. Del mismo modo, se bloquea la ayuda humanitaria e incluso se prohíbe la extracción de cadáveres (según algunas estimaciones, podría haber más de 73.000 cuerpos bajo los escombros). Todo esto provoca que las condiciones de insalubridad e inseguridad alimentaria crezcan, con constantes restricciones en el acceso al agua y la electricidad.
Esta situación, ya de por sí grave, se torna mucho más preocupante si tenemos en cuenta que es llevada a cabo bajo la llamada Operación Muro de Hierro, que fue iniciada en 2025 por parte de Israel, justo 48 horas después de haberse firmado un pacto de alto el fuego. Desde entonces se ha producido un constante desplazamiento de la población de los campamentos de refugiados de Cisjordania. En julio de este año se calculaba que más de 33.000 refugiados seguían desplazados.
La justificación que esgrime el Estado de Israel para perpetrar estos ataques es bastante pobre. Según declaraciones, su intención es eliminar a todos los milicianos implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, resulta difícil creer que un Estado con unos recursos tecnocientíficos en nivel de inteligencia tan elevados como el de Israel no sea capaz de acabar con estos supuestos milicianos con medidas quirúrgicas, sin tener que recurrir a tres años de ataques indiscriminados contra la población palestina.
Desafortunadamente, la situación parece lejos de resolverse. De cara a las elecciones parlamentarias en Israel, el actual ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado que no hay una resolución real para Gaza sin lo que él llama «migración voluntaria»; es decir, básicamente, la expulsión de la población palestina. De hecho, el ministro de Seguridad, Ben-Gvir, ha establecido una hoja de ruta para la «salida voluntaria» de los 1,86 millones de gazatíes en un plazo de siete años. El plan, llamado Desconexión 710, consta de financiación específica, rutas migratorias y proyectos de acuerdo con países receptores, aunque por fortuna todavía ningún país se ha prestado a acogerlo.
Todo esto coincide con las denuncias provenientes de los campamentos de refugiados, donde se dice que las autoridades israelíes afirman que ya no habrá más campamentos, ya que todos se desplazarán a Jordania.
A muchos lectores toda esta información, lamentablemente, no les sorprenderá, ni les parecerá novedosa; por desgracia, el genocidio palestino existe desde hace casi 80 años. Lo que sí resulta relativamente novedoso es el aumento del alcance social y mediático que está suponiendo el agravamiento de la situación en Gaza y Cisjordania.
Cada vez más sectores del conjunto de la clase obrera mundial están tomando consciencia de la situación y se están movilizando por ello. Igualmente, personalidades públicas se están posicionando a favor del pueblo palestino y en contra del sionismo israelí. Las muestras de solidaridad y de denuncia parecen estar aumentando, lo que ha obligado a diversos representantes políticos a realizar declaraciones en contra del genocidio palestino, en lo que podemos calificar como un auténtico ejercicio de cinismo.
La hipocresía ha alcanzado unos niveles tales, que el mismísimo Benjamín Netanyahu ha condenado la violencia de «un puñado de alborotadores» y ha ordenado la evacuación de los asentamientos de Cisjordania que la legislación israelí considera ilegales. Evidentemente, los asentamientos «ilegales» son una minoría y las declaraciones del primer ministro se sitúan en un contexto preelectoral y de gran presión mediática mundial. De ahí que Netanyahu haya criticado algunos de los ataques de los colonos judíos, ya que dejan mal a los judíos que «respetan la legalidad».
La intencionalidad política es evidente: legitimar la situación actual y caracterizar las graves violaciones de los derechos humanos de la población palestina como hechos aislados sin responsabilidad política específica, obviando las causas estructurales del conflicto.
En esta misma línea, el principal aliado del sionismo, Estados Unidos, también se ha sumado a este circo mediático. Mike Huckabee, embajador estadounidense en Israel, ha llamado a «detener los crímenes terroristas de los colonos» y ha informado a la Casa Blanca de que ha advertido al Gobierno de Netanyahu que «tales crímenes terroristas han de tener consecuencias, sean quienes sean quienes los cometan».
En cualquier caso, la estrategia sionista va mas allá de difundir la extraña idea de que las atrocidades que está sufriendo el pueblo palestino se deben a malos comportamientos de personas específicas. Se trata del «octavo frente»; en palabras de Netanyahu, la «batalla por los corazones y las mentes».
El Estado de Israel, consciente de su mala prensa, lleva muchos años tratando de proyectarse como un Estado moderno, amigo de Occidente y defensor de algunas minorías, especialmente del colectivo LGBTIQ+, elemento visible en eventos deportivos, en las series y el cine, en eventos como Eurovisión, etc.
Sin embargo, Israel ha dado ahora un paso más allá. El Quincy Institute for Responsible Statecraft, en un estudio de julio de 2026, calcula que desde aquel 7 de octubre de 2023 se han invertido en diplomacia pública más de mil millones de dólares. El dinero se ha destinado a empresas de comunicación, campañas digitales, periodistas e influencers, e incluso en buscadores y sistemas de inteligencia artificial.
En el momento en el que los hechos ya no se pueden ocultar, la táctica se enfoca en la lucha por el relato, por cómo se interpretan los hechos. Ahí es donde la inversión en diplomacia pública se torna de vital importancia. La relevancia que el Estado de Israel le está dando a la diplomacia pública es tal, que incluso la está difundiendo en lengua árabe. En este sentido, sitúan el asunto de Palestina como un problema de seguridad y a Israel como un Estado moderno y dispuesto a vivir en paz.
No obstante, es importante advertir que no solo es el sionismo quien se beneficia de los esfuerzos en la diplomacia pública israelí. Los Gobiernos con los que mantienen relaciones económicas, militares y políticas, también. Como decíamos antes, la clase obrera de numerosos países repudia las relaciones que mantienen sus Gobiernos con el Estado de Israel. De esta forma, un lavado de cara de su socio comercial y político sirve para paliar estas críticas.
Y aquí llega la cuestión crucial del asunto. Independientemente de las declaraciones públicas que los gobernantes de turno puedan hacer a favor de Palestina, lo realmente incontestable es que mientras existan importantes intereses económicos las relaciones con Israel van a seguir vigentes. No supone un secreto para nadie que la economía, en última instancia, determina la política. Así pues, en tanto que existan fuertes intereses geopolíticos y empresariales, ningún Gobierno burgués podrá llevar a cabo una política consecuentemente internacionalista con el pueblo palestino.
Por poner un ejemplo que nos sea conocido, en nuestro país se está llevando a cabo una investigación hacia Sidenor, por haber vendido 4.587 toneladas de acero a Israel Military Industries, empresa israelí que fabrica armamento utilizado, entre otros lugares, en Gaza. Entre 2023 y 2025, las ventas entre estas dos grandes empresas podrían ascender a casi 6 millones de euros.
Por otro lado, varios monopolios financieros europeos financian empresas que proveen de armas y municiones al Estado de Israel. De los 16 monopolios europeos involucrados, siete son españoles, entre los que se encuentran los bancos Santander, BBVA, Caixabank o Ibercaja. Es pertinente recordar la célebre cita del asesor de Bill Clinton, James Carville, que ya casi se ha convertido en un popular aforismo: «¡Es la economía, estúpido!».
Y así es: la economía es tozuda. Más allá de las declaraciones grandilocuentes de los representantes políticos de la burguesía, los negocios multimillonarios que llevan a cabo las empresas que ellos defienden no permiten llevar a cabo ninguna política más allá de la política de gestos. Luchar por invertir esta situación es una tarea más vigente que nunca.